El Fiscal del Tribunal Superior del País Vasco propone crear un Fiscal Especial para delitos de xenofobia

El fiscal jefe del Tribunal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, es partidario de designar en la comunidad autónoma a un representante del Ministerio Público para que ejerza las funciones de «coordinador» en los delitos de discriminación racista, sexista o por religión. Ese fiscal especializado mantendría, además, un estrecho contacto «con las instituciones, grupos de mujeres y ONG que trabajan en Extranjería y con colectivos vulnerables», declaró Calparsoro.

El Fiscal Jefe del Tribunal Superior del País Vasco elevó ya sus sugerencias el pasado 16 de diciembre a Antolín Herrero, fiscal de Sala del Supremo para la tutela de la igualdad de trato y la no discriminación. No obstante, no recibirá posiblemente una respuesta hasta el nombramiento del Fiscal General del Estado que reemplazará a Cándido Conde – Pumpido. A pesar de ello, recordó que, entre las competencias de su cargo, figura la de designar un fiscal especializado en Euskadi.
Ese fiscal debería actuar como el habilitado en Cataluña contra los delitos «de discriminación y odio», normalmente las víctimas extranjeras que sufren humillaciones «suelen sentirse muchas veces poco atendidas o tratadas con sospecha» por los agentes de la autoridad.

Juan Calparsoro explicó que una de las funciones del fiscal especializado sería, precisamente, concienciar a sus compañeros para que dediquen más atención a esos casos.

Fiscalía especializada en delitos de discriminación y odio

SOS Racismo reclamó ayer que se habilite en el País Vasco «un fiscal especializado en delitos de discriminación y odio, como ocurre en Cataluña». La propuesta fue realizada a raíz de la agresión sufrida el pasado 25 de diciembre en un bar de Bilbao por dos marroquíes, uno de los cuales, Abdellah El Mekaoui, había sido homenajeado en noviembre por haber devuelto 400 décimos de lotería extraviados.

Los dos inmigrantes fueron vetados en el establecimiento «por su aspecto» y recibieron golpes y puñetazos cuando pidieron el libro de reclamaciones. La Ertzaintza y las Policías locales deberían tener protocolos para actuar ante los casos de xenofobia y discriminación, que son «bastante habituales».
Las víctimas extranjeras que se ven envueltas en ese tipo de situaciones «suelen sentirse muchas veces poco atendidas o tratadas con sospecha» por los agentes de la autoridad.

La agresión sufrida por los marroquíes movilizó al Gobierno vasco, que se interesó por su situación. Lo hizo a través de Biltzen, cuyos responsables ofrecieron a los inmigrantes «todo el apoyo y asesoramiento que necesiten», según explicó el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales.

El portavoz del PSE-EE en el Ayuntamiento de Bilbao, Alfonso Gil, calificó de «terrible» lo ocurrido en el bar de la capital vizcaína, y alertó a los partidos contra «ciertos discursos que ensalzan ese tipo de comportamientos». Gil lamentó que «algunos enarbolen ciertas banderas» y les reclamó «prudencia». A su modo de ver, los dirigentes políticos «tenemos que ser responsables con lo que decimos y, a veces con lo que hacemos».

Un Tercio de los Vascos rechaza que se abran mezquitas

Un tercio de la población vasca (36%) se opone a que se abran mezquitas en lonjas y otros locales para que los musulmanes puedan celebrar normalmente sus cultos. Así se desprende del último Sociómetro del Gobierno vasco, una encuesta realizada periódicamente para conocer el punto de vista de los ciudadanos sobre cuestiones de actualidad. El estudio, dirigido por el sociólogo Víctor Urrutia, ha confirmado las reticencias con que un sector de la sociedad observa a la comunidad islámica, actitud que en los últimos tiempos se ha traducido en movilizaciones y protestas contra sus solicitudes para crear centros de culto en el barrio bilbaíno de Basurto y en el vitoriano de Zaramaga.

Pero más allá de la polémica sobre las mezquitas, el Sociómetro pone de manifiesto que, a medida que el futuro se vuelve más incierto, los inmigrantes son peor vistos por la población autóctona, una reacción que no es exclusiva ni de la sociedad vasca ni tampoco de la presente crisis. Un ejemplo de lo que está ocurriendo es que seis de cada diez encuestados creen que los trabajadores extranjeros acceden a las ayudas sociales con más facilidad. La tercera parte asegura que un inmigrante tiene más ventajas para obtener un piso protegido y el 18% opina que ocurre lo mismo en la Sanidad pública.

Los años sesenta
Esa impresión de que los recién llegados acaparan los servicios sociales – siempre son los primeros golpeados por el paro – recuerda las tensiones de la España de los años sesenta, cuando los habitantes de las capitales culpaban a los emigrantes del campo de saturar los dispensarios médicos. Se trata de una percepción que medio siglo después no ha cambiado en Euskadi, a pesar de que el 80% de los beneficiarios de la renta de garantía de ingresos son ciudadanos autóctonos, igual que el 80% de las personas que reciben un alquiler público y el 97% de las que consiguen una vivienda protegida en propiedad. (Los inmigrantes, incluidos los nacionalizados, suman hoy el 8% del padrón).

Según el Sociómetro, la mitad de los vascos negaría a los musulmanes el derecho a abrir una mezquita; y uno de cada cinco impediría a los inmigrantes traer a su familia, votar, cobrar el paro y nacionalizarse – entre 2003 y 2009 lo hicieron más de 11.000 extranjeros en Euskadi – . No es casualidad que tales actitudes surjan cuando aumenta la preocupación de los vascos por la pérdida de estatus y poder adquisitivo (55% de los encuestados). O cuando se acentúa la percepción de las diferencias de clase: el 70% de los ciudadanos piensa que las mayores desigualdades se aprecian entre la clase alta y la clase media, aunque también, obviamente, entre los vascos y los extranjeros.

La encuesta del Gobierno vasco constata que la sociedad vasca ha interiorizado la profundidad de la crisis: ocho de cada diez personas opina que uno de los grandes problemas del País Vasco es la brecha que se ha abierto entre los salarios más altos y los más bajos. Y la misma proporción entiende que es necesario acortar esa distancia para mantener la cohesión social.