lunes, 20 de febrero de 2012

Movimiento contra la Intolerancia valora positivamente la sentencia del Supremo que ratifica la condena contra Hammerskin

La ONG Movimiento contra la Intolerancia, personada como acusación popular en el procedimiento seguido contra los integrantes de la sección española de la organización neonazi internacional Hammerskin España, ante la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que desestima los recursos de casación interpuestos por los acusados quiere manifestar:

1.- Valora positivamente la confirmación de la sentencia de la Audiencia Provincial que consideró asociación ilícita una entidad de carácter neonazi que gozaba de impunidad de acción en su actividad de promoción del odio, el racismo, la xenofobia y el nazismo.

2.- Acoge con esperanza el mensaje del Tribunal Supremo que en esencia ratifica la imposibilidad de existencia de este tipo de asociaciones neonazis, racistas, xenófobas y antisemitas, extraordinariamente peligrosas dado su alcance internacional.

3.- Interpreta esta sentencia como un paso más en el avance democrático en la acción jurídica contra el racismo, la xenofobia y el neonazismo a nivel internacional, como revela el propio alcance orgánico de la organización ilegal, aún visible en INTERNET.

4.- Significa el alcance internacional de esta sentencia dado que diferentes instancias europeas están alarmadas y preocupadas por el crecimiento del neonazismo en diferentes países, siguiéndose con especial atención los veredictos judiciales al respecto.

5.- Señala que la sentencia ofrece el dato que pone punto final al discurso absurdo sobre los grupos neonazis que minimiza su existencia con la falsa denominación de "Tribus Urbanas". Estamos ante organizaciones ilícitas y delictivas y la participación de jóvenes en estas estructuras debe de con llevar actuaciones preventivas de los poderes públicos para que sus conciertos de música racista clandestinos, su captación en las gradas ultras del futbol y su eclosión creciente en webs, blogs y redes sociales en Internet no supongan una alteración creciente de convivencia y un problema para los colectivos más vulnerables como los inmigrantes, homosexuales, sin techo, jóvenes progresistas y otros que son víctimas del odio neonazi.

miércoles, 15 de febrero de 2012

El 80% de los ingresos que logran los inmigrantes proviene de su trabajo

Más de la mitad ya tenía un empleo cuando llegó a euskadi y lo dejó por uno peor.
Un informe del Gobierno Vasco insiste en desvincular la inmigración con el fraude en las ayudas sociales. Mucho se ha hablado del fraude en las ayudas sociales, un fenómeno que quizá con demasiada frecuencia e injustamente tiende a vincularse con la inmigración. Si bien en proporción es este colectivo el mayor perceptor de la Renta de Garantía de Ingresos, la mayoría vive de su trabajo. En concreto, el 80% de los ingresos de los extranjeros residentes en Euskadi los obtienen de sus obligaciones laborales.
Así lo ha puesto de manifiesto el Gobierno Vasco en el III Plan Vasco de Inmigración, que analiza al detalle las características y comportamiento de un colectivo que representa ya el 6,6% de la población vasca. Aunque en los últimos años su llegada ha sufrido una desaceleración debido a la crisis económica, la gestión de la diversidad sigue siendo una de las asignaturas pendientes que las instituciones tratan de abordar con ciertas dificultades. El citado plan busca ser un instrumento que coordine la intervención pública en materia de inmigración de cara a lograr su integración definitiva.


El informe pone de relieve la importancia que tiene “captar” mano de obra inmigrante “cualificada” para seguir manteniendo la economía vasca y las prestaciones sociales. En este sentido, el envejecimiento de la población pondrá en jaque la sostenibilidad del sistema ya que en los próximos 20 años el número de personas de más de 65 años aumentará en torno a un 40%, mientras que la población laboral disminuirá un 10%. Así las cosas el Gobierno Vasco cree que la inmigración será la clave para invertir la pirámide demográfica.
En la actualidad, tres de cada diez beneficiarios de la RGI son extranjeros, una proporción bastante alta si se compara con su peso demográfico. Sin embargo, la gran mayoría ha ido incorporándose paulatinamente al mercado laboral. El informe destaca que de los 1.240 millones de euros anuales netos de los que dispone este colectivo, cerca del 80%, es decir, 975 millones de euros, proceden de ingresos propios relacionados con el trabajo. El sueldo medio de un ciudadano de origen extranjero en Euskadi es de 863,40 euros y en general su satisfacción es alta.


Más de la mitad de los inmigrantes ya tenía trabajo en su país de origen, por lo que llegaron a Euskadi en busca de mejores condiciones. La mayor parte de ellos están empleados en el sector servicios y en la construcción, y solo un 6,9% ocupa puestos directivos, técnicos o de mando intermedio. Cabe destacar que una cuarta parte de la población inmigrante asalariada asegura que el puesto ocupado tiende a situarse por debajo de su nivel formativo. Este hecho coincide con que cada vez sean más los extranjeros con estudios superiores – un 23%, frente al 15% de 2007 – .

El Gobierno vasco prepara un protocolo para ayudar a las víctimas de actos racistas

Más de uno de cada cuatro inmigrantes que viven en la comunidad autónoma ha sufrido situaciones xenófobas

Aunque una amplia mayoría de inmigrantes se sienten integrados en Euskadi, el 28,6% ha vivido situaciones racistas o xenófobas y el 10% de los ciudadanos autóctonos los consideran un problema. Los datos preocupan al Ejecutivo vasco, tal y como señaló ayer en el Parlamento autónomo el director de Inmigración, Miguel González. Tanto que los responsables del Gobierno trabajan conjuntamente con las asociaciones que actúan en este área para elaborar un protocolo que permita mejorar el acompañamiento a las personas que hayan sido víctimas de agresiones racistas y de discriminación por esta misma razón.
Esta es una de las medidas que se enmarcan en el plan vasco de inmigración, ciudadanía y convivencia intercultural aprobado por el Gobierno en noviembre y debatido en la comisión parlamentaria de Políticas Sociales. La consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, señaló que “este plan debe estar vigilante con el racismo”.

En total, durante la jornada se aprobaron 92 enmiendas al plan, entre ellas una que recoge la creación de un plan específico para los reclusos inmigrantes en las cárceles vascas.
Los responsables del documento reseñaron que tiene un enfoque distinto al de los planes anteriores, ya que pone el foco en la integración de los extranjeros más que en la acogida. Todo ello motivado por un descenso de las entradas en Euskadi de personas inmigrantes como consecuencia de la crisis.
Los inmigrantes suponen el 6,6% de la población vasca —es la cuarta comunidad con menos porcentaje de extranjeros—. El 42% son de origen latinoamericano y el 66% llegan directamente desde su país de origen sin pasar por otras comunidades. El 60% reconoce tener dificultades económicas y el 27% tienen niveles de formación superiores a los que requiere su trabajo en Euskadi.

Asociaciones musulmanas piden un local para un centro cultural islámico en Donostia

San Sebastián es la única capital del Estado que no dispone de un espacio de este tipo. El Consejo Islámico Vasco quiere poner en valor un espacio en desuso, crear una zona de culto y, sobre todo, un ámbito de intercambio cultural.

El Consejo Islámico Vasco está moviendo ficha en el Ayuntamiento para que San Sebastián deje de ser la única capital de España que no dispone de un espacio musulmán de reunión e intercambio cultural.

El secretario del Consejo Islámico Vasco, Jabier Salaberria, se ha reunido en los últimos días con el alcalde y con los grupos municipales PNV, PSE y PP. Estos contactos pretenden dar a conocer el proyecto y explicar que las asociaciones musulmanas no quieren hacer nada que suponga un enfrentamiento social. «Buscamos un espacio para crear un centro cultural islámico en San Sebastián», única capital del Estado que carece de un espacio de estas características. No se trataría de erigir una mezquita, sino de disponer de un local que debería tener al menos 200 m2 para poder rezar, pero sobre todo para desarrollar diferentes actividades y que «estaría abierto a todos los donostiarras». «Los musulmanes no suelen reunirse en las mezquitas a rezar diariamente, lo hacen los viernes durante dos horas, pero el resto del tiempo se trata de organizar clases de idiomas para los musulmanes o para quienes no lo sean», talleres, cursos, y toda una variedad de propuestas que servirían para «acercar a los musulmanes a la cultura vasca y a quienes quieran a la cultura islámica». Ante la carestía de los inmuebles en la ciudad y la crisis económica están solicitando en los contactos mantenidos en el Ayuntamiento «un local en desuso, infrautilizado, que nadie quiera» para «ponerlo en valor».

Según los datos que manejan, hay unos 1.300 musulmanes empadronados en San Sebastián (no es un dato exacto, sino que se deduce de los países de origen de los empadronados), pero si se tienen en cuenta los que viven en la comarca (Pasaia, Hernani, Lasarte) se podría hablar de «unos 3.000 musulmanes». En Gipuzkoa existen 12 centros de este tipo ya funcionando en Azkoitia, Eibar (2), Elgoibar, Errenteria, Irun, Beasain (2), Orio, Zumárraga, Tolosa y Bergara. Los más cercanos a San Sebastián, el de Orio y el de Errenteria, «que está abarrotado», «quedan muy a desmano».

Proyecto futuro El Consejo Islámico Vasco explica que este centro «sería totalmente abierto a todos los ciudadanos» y, si prosperara, podría ser el germen de un proyecto futuro de mayor envergadura (‘Nuretxea Intercultural Center Donostia’) gestionado por una fundación, en la que se invitaría a participar al Ayuntamiento. Esta idea futura «no es solo una necesidad estratégica para forjar la convivencia entre diferentes en Euskadi, sino una clara vocación de un colectivo heterogéneo por excelencia que necesita, más que ningún otro, mejorar su encaje en el conjunto de la sociedad vasca y europea».

Javier Salaberria cree que la ciudad debe ver tanto este proyecto como la posible apertura de un pequeño local islámico en San Sebastián «no como un problema sino como una oportunidad». «La diversidad es algo positivo, que aporta, que enriquece a una comunidad y a sus ciudadanos». Para quienes aún mantienen un rechazo instintivo hacia los musulmanes o hacia el Islam, Salaberria recomienda «que cambien el chip. La ciudadanía es diversa, no es totalmente católica, ni atea, ni agnóstica, ni judía… las sociedades son plurales. Nosotros proponemos un centro intercultural abierto a todos». «No buscamos el conflicto sino la integración. Contar con un centro islámico en Donostia será una oportunidad además para dar a conocer esta ciudad turística al mundo musulmán», apunta. El gobierno municipal estudia la iniciativa.

Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en Colombia

El ararteko, el alto comisionado del Parlamento Vasco para la defensa de los derechos de las personas, Iñigo Lamarca ha mantenido una reunión con Adolfo Conejo, Eduardo Castro y Antonio Guachetá, los tres defensores acogidos al programa de protección temporal de defensores y defensoras de derechos humanos impulsado por la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco junto con Kolektiba Colombia.


En el marco de este programa de protección temporal, los tres defensores han permanecido en el País Vasco durante seis meses, tiempo en el que han dado a conocer a las autoridades y a la sociedad civil la grave situación de derechos humanos que se vive en Colombia en el contexto de un cruento conflicto armado que dura ya cerca de medio siglo.


El ararteko ha tenido la oportunidad de conocer, de primera mano, las opiniones y experiencias de los tres defensores de derechos humanos, a quienes ha trasladado su solidaridad y compromiso personal con la defensa y promoción de los derechos humanos en todo el mundo. Adolfo Conejo, Eduardo Castro y Antonio Guachetá, junto con las representantes de Kolektiba Colombia, han transmitido al ararteko la necesidad de realizar un seguimiento y evaluación de la realidad de los derechos humanos en el país, en particular en relación con las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes