martes, 11 de octubre de 2011

El Ararteko detecta trece asentamientos gitanos en Gipuzkoa

Diario de noticias de Gipuzkoa, Efe

La mayoría no están inscritos en el padrón y sobreviven de las ayudas y la mendicidad Lamarca recomienda a las instituciones elaborar un protocolo de actuación para intervenir en estos lugares.
El ararteko, Íñigo Lamarca, informó que en Gipuzkoa existen trece asentamientos de gitanos, al tiempo que recomendó a las instituciones vascas que elaboren protocolos de actuación para intervenir en estos lugares.

El Ararteko pidió que el Departamento vasco de Asuntos Sociales coordine la elaboración de un protocolo, en el marco de una mesa interinstitucional, en el que se garantice el acceso a los derechos sociales de los gitanos y a la inviolabilidad del domicilio.
Lamarca recordó que durante los últimos años ha recibido quejas tanto por la situación que viven los gitanos y su falta de acceso a las necesidades básicas, como por parte de vecinos que alegaban inseguridad y deterioro de las condiciones higiénico-sanitarias.

El ararteko informó de que los asentamientos detectados pertenecen a gitanos rumanos, búlgaros o húngaros y se ubican en Astigarraga, Donostia, Hernani, Andoain, Tolosa, Urnieta, Errenteria, Irun, Hondaribia, Azkoitia, Eibar, Azpeitia y Zarautz. En ellos, según Lamarca, los gitanos viven en muchos casos en “edificios abandonados que tuvieron un uso industrial y que no cuentan con agua ni luz eléctrica”.
También precisó que la mayoría de estas personas no están inscritas en el padrón ni reciben protección social a pesar de su situación de necesidad, y que sobreviven por las ayudas de entidades humanitarias y por la práctica de la mendicidad.

El ararteko subrayó que la Unión Europea ha previsto medidas de inclusión social para los gitanos de origen comunitario y ha destinado fondos, a los que pueden recurrir las administraciones vascas para abordar este problema.
Por ello, reclamó que se diseñe un protocolo de intervención, porque “no se trata de un problema de uso de espacio público o de desalojo por la ocupación de un bien inmueble de propiedad privada” que sea competencia únicamente de la Policía, “sino de la vida de personas que son titulares de derechos y obligaciones y se encuentran en situación de vulnerabilidad”.
Advirtió, además, de que “la entrada en un domicilio requiere del consentimiento del titular, aunque sea una infravivienda”, salvo en el caso de que exista flagrante delito”, o bien es preciso una resolución judicial que autorice el desalojo.

Recalcó que la expulsión de la zona que ocupan “no puede ser la única medida” que se aplique por los poderes públicos y defendió el respeto a los derechos humanos y el derecho a tener una vida digna.
Por ello, solicita a las instituciones que cumplan los convenios, tratados y pactos europeos que obligan a proteger los derechos humanos, a actuar con proporcionalidad y a promover políticas de inclusión social.

0 comentarios:

Publicar un comentario