La coordinadora de colectivos relacionados con la inmigración denuncia en el Parlamento "la vulneración de derechos que se vive en Vitoria" y pide un compromiso para sacar a este tema de la agenda partidista
La Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo Inmigrantes - Harresiak Apurtuz ha pedido a los grupos parlamentarios que lideren la firma de una declaración institucional con la que la Cámara vasca asuma un "compromiso, claro y sostenido en el tiempo, de no utilizar la inmigración con fines electoralista", entendiendo que "no se puede legislar pensando en ciudadanías de primera y segunda categoría". "La cohesión social se fractura con discursos que rechazan a las minorías", ha advertido.
La portavoz de la asociación Rosabel Argote compareció este miércoles, a petición propia, ante la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación ciudadana del Parlamento vasco para denunciar "la situación de vulneración de derechos que se está viviendo actualmente en Vitoria" como consecuencia de "los discursos racistas y xenófobos impulsados por las administraciones local y foral". Sin citar de forma expresa al alcalde de Vitoria, el popular Javier Maroto, las portavoces de la asociación hicieron referencia a la polémica iniciada por las declaraciones del primer edil en las que acusaba al colectivo magrebí de "vivir de las ayudas sociales" y de no tener interés en integrarse socialmente ni en trabajar, declaraciones que consideran que están "generando una crispación entre la ciudadanía que atenta contra la convivencia".
La asociación pidió a los grupos de la Comisión parlamentaria que lideren la firma de una declaración institucional, o en su defecto, una declaración de presidencia donde se contemple el compromiso de todos los partidos políticos por "velar por el respeto de los derechos de todas las personas y la cohesión de la sociedad vasca". Todos los partidos, incluido el PP, recogieron el guante, a pesar de que el portavoz popular, Carmelo Barrio, protestó por la forma en la que la coordinadora de ONG presentó el asunto en la Cámara. Con este matiz, todos los grupos expresaron su disposición a "buscar formulas" para "unificar" los objetivos de la declaración institucional.
La parlamentaria del PNV Amaia Arregi defendió que el sistema de protección social de Euskadi es "bueno" y subrayó la necesidad de "debatir fuera de demagogia y procesos electorales" para "mejorar todo lo que sea mejorable" del actual sistema. "Tenemos que reforzarlo e intentar hacerlo sostenible porque los recursos son limitados". Sin embargo, señaló que "una cosa es mejorar el sistema y otra hablar de fraude vinculándolo a determinados colectivos" y ha apostado por "huir de estigmatizaciones" y responsabilizar a determinados colectivos que "son los más vulnerables y los que peor lo están pasando". "Nadie abandona su país por gusto abandonan a su familia y cultura".
La parlamentaria de EH Bildu Eva Blanco, por su parte, lamentó que los "mensajes alarmistas están siendo interiorizados por la ciudadanía", y cree que con ellos, "se están vulnerando derechos humanos, rompiendo la convivencia y fomentando la xenofobia y ruptura social". "Se está criminalizando a las personas que reciben ayudas", criticó. Asimismo, cree que con objetivos electorales, se están haciendo "manipulaciones y lecturas interesadas de los datos" y pidió que se "ponga fin a las políticas que no ayudan a buscar una sociedad inclusiva".
Desde el PSE Mikel Unzalu reconoció que el actual sistema de prestaciones sociales es mejorable, rechazó que "se culpabilice a unos colectivos determinados con el fraude". "El fraude es personal, no tiene nacionalidad", ha defendido antes de señalar que "intentar mejorar sistema garantía social no puede llevarnos a culpabilizar a ciertos sectores". Ante la propuesta de la asociación, explicó que los puntos que plantean se deben desarrollar para que tengan forma de declaración institucional pero adelantó que su formación comparte "plenamente" estos principios.
El parlamentario del PP Carmelo Barrio, por su parte, inició la comisión protestando por la forma en la que la asociación había sustentado su comparecencia al considerar que "insulta a mucha gente" y pidió que se utilicen formulaciones "educadas". "Se han equivocado a la hora de formular solicitud de esta comparecencia", insistió. Barrio ha recordado que como vitoriano y residente en la capital alavesa, niega que exista una "situación de vulneración de derechos que se está viviendo actualmente en Vitoria como consecuencia de los discursos racistas y xenófobos impulsados por las administraciones local y foral", como argumenta la asociación en su solicitud de comparecencia y cree que esta afirmación es un "insulto".
Tras defender los discursos del alcalde de la ciudad, Javier Maroto, y del diputado general de Alava, Javier de Andrés, insistió en que "hay datos objetivos que demuestran que algo funciona mal" y vio "legítimo" querer trabajar para que las ayudas "lleguen a los que de verdad lo necesitan y no a los defraudadores".
El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, sin citar de forma expresa a Maroto o De Andrés, rechazó los discursos xenófobos y racistas" de determinados responsables institucionales que tienen como consecuencia la "estigmatización de determinados colectivos" y que cree que se hacen con objetivos "electoralistas". "Estos discursos son peligrosos para la sociedad vasca", advirtió antes de considerar que estamos en un "año negro" en la lucha contra la xenofobia y racismo y mostrar su disposición a apoyar la iniciativa propuesta.
http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201412/04/ongs-piden-aparque-inmigracion-20141203192016.html?ns_campaign=WC_MS&ns_source=BT&ns_linkname=Scroll&ns_fee=0&ns_mchannel=FB
Entradas
0 comentarios:
Publicar un comentario