martes, 12 de julio de 2011

El 61,40% de los vascos cree que la seguridad se ve afectada por la llegada de inmigrantes

La percepción del inmigrante es "en clave utilitaria", relacionada con el empleo. El informe de SOS Racismo señala que el 31% de la población del Estado expulsaría a los extranjeros con mucho tiempo en paro
iraitz astarloa/efe - Donostia.

La crisis económica ha repercutido negativamente en la actitud de los vascos con respecto a la inmigración, al igual que ocurre en el resto del Estado. Esta es la principal conclusión que se extrae del informe anual que SOS Racismo hizo público ayer en Bilbao. Según este informe, el 61,4% de los vascos estima que la llegada de inmigrantes afecta negativamente a la seguridad ciudadana, lo que supone diez puntos más que en 2009, según datos de Ikuspegi, el Observatorio Vasco de la Inmigración.

El informe de SOS Racismo también destaca que el 51,13% de las personas de origen extracomunitario tiene un permiso de residencia permanente, lo que refleja que la población inmigrante es "una población de relativa estabilidad", explicó el coordinador del informe, Mikel Mazkiaran, que destaca la cada vez mayor implicación de los cuerpos policiales en el apartado sancionador. Sobre todo, se hace referencia a la colaboración de la Guardia Municipal tanto en Donostia como en Bilbao.

En lo que a la conflictividad se refiere, se mantiene la "baja intensidad" de años anteriores. En ámbitos como el barrio "estallan de vez en cuando y exteriorizan el rechazo", expuso Mazkiaran. No obstante, el informe también recoge el caso de La Arboleda en Trapagarán (Bizkaia), un conflicto que trascendió el ámbito del barrio y se trasladó a todo un municipio.
Sobre las agresiones racistas, el documento destaca la gravedad de las acciones por encima de la cantidad de las mismas.

En el ámbito de los menores extranjeros no acompañados, se subraya las iniciativas legislativas tomadas en el Parlamento vasco en abril del pasado año para que los territorios redistribuyeras a los menores en base a unos cupos. De esta forma, el informe critica que se tratara a los menores como "residuos tóxicos".
Finalmente, en lo que al ámbito de la extranjería respecta, el informe define 2010 como el año "de la reordenación" de la prestación de los servicios sociales. Según Mazkiaran, "es pronto para saber cómo afectará a la población inmigrante esta nueva ordenación de recursos". "Lo que sí podemos decir es que este nuevo enfoque parece pivotar de manera casi exclusiva en la empleabilidad, dejando de lado aspectos igual de importantes". Mazkiaran hacía referencia así a la supresión de Heldu y la reordenación de los servicios sociales y de empleo que lleva a cabo Lanbide.

El comportamiento recogido en Euskadi se repite también en el resto del Estado, y es que, según recoge el informe, el 31% de la población expulsaría a las personas extranjeras que llevan mucho tiempo en paro.
Según Mazkiaran, "2010 ha estado marcado por el aumento del racismo y la xenofobia en el Estado español". Además, SOS Racismo estima que "este discurso ha sido avivado e incentivado desde las fuerzas políticas y partidos tradicionales que han asumido postulados hasta ahora recogidos por la extrema derecha".

Esta situación, incrementada por el endurecimiento de la crisis económica, "se ha traducido en un aumento de las actitudes y opiniones xenófobas entre la opinión pública".
En palabras de Mazkiaran, "cada vez es mayor y más aceptada la mentalidad de que, si no hay para todos, primero los de aquí", se constata un "claro recorte" de los derechos sociales para las personas inmigrantes, lo que "aumenta la vulnerabilidad del colectivo".

Los datos de la población inmigrante en el estado son similares a los de Euskadi, reflejando una "población estable". 2010 cerró con 4.926.608 residentes extranjeros (el 48,75% comunitarios).
Además, la llegada de personas en situación irregular descendió en 2010, debido principalmente a la crisis económica y al cambio de ruta de los flujos migratorios, si bien se contabilizó el fallecimiento de 131 personas.
Asimismo, también se ha reducido el procedimiento de asilo en el Estado. Durante 2010, un total de 2.738 personas accedieron al procedimiento de asilo, lo que supone un 6% menos que en 2009 y la cifra más baja desde 1989.

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