La promoción de los derechos humanos debe formar parte de los intereses defendidos por las administraciones públicas vascas en el exterior. El Ararteko, en su condición de alto comisionado del Parlamento Vasco para los derechos humanos, desea sumarse con humildad a las campañas promovidas por organizaciones sociales de todo el mundo para demandar de los poderes públicos una política exterior coherente con los principios y estándares internacionales de derechos humanos. En el tiempo que se tarda en leer este breve texto, no más de un minuto, muere una persona en algún lugar del mundo como consecuencia de la violencia armada, y miles de personas más sufren heridas y abusos cada día. Cientos de miles de seres humanos son desplazados, heridos, lisiados o pierden sus medios de vida. El mercado armamentístico mueve 640 millones de armas y 12.000 millones de balas en todo el mundo, las suficientes para matar a todos los habitantes del planeta dos veces. En más del 60% de las violaciones de derechos humanos documentadas por Amnistía Internacional se utilizan armas pequeñas y ligeras.
El pasado mes de febrero el Parlamento Vasco y las Juntas Generales de Gipuzkoa adoptaban sendas Declaraciones Institucionales instando al Gobierno de España a que se asegure que el futuro tratado internacional sobre comercio de armas (que se discutirá en una conferencia internacional en el mes de julio) "prohíba que se autorice una transferencia de armas cuando exista un riesgo sustancial de que las armas objeto de la transferencia vayan a usarse para cometer, o facilitar que se cometan, violaciones graves del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario", incluyendo para lograrlo "controles de todas las armas, municiones, armamento y materiales conexos y sobre todas las transferencias (y) regulaciones sólidas en los sistemas de concesión de licencias, transparencia y presentación de informes". El Ararteko se suma a estas dos instituciones y pide al Gobierno español que apueste decididamente por un tratado internacional sobre comercio de armas que sea eficaz y ayude a evitar vulneraciones de los derechos humanos.
La función pública debe velar, en el ámbito de nuestras respectivas competencias, por que las inversiones en el exterior no sean nunca utilizadas para vulnerar los mismos derechos que son de obligado cumplimiento en la Comunidad Autónoma Vasca al formar parte del corpus jurídico y del consenso social que cohesionan a la sociedad vasca.
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