El defensor del pueblo de Navarra afirma que se tolera excluir a inmigrantes en centros concertados

La crisis agrava el racismo en educación o en la obtención de papeles. Se tolera, según el defensor del pueblo, excluir a inmigrantes en centros concertados
Entidades sociales denuncian en las jornadas de Gaztelan que la falta de contratación impide legalizar a inmigrantes Diario de Noticias,
En Navarra existe un racismo social e institucional. Así lo constató el representante de la Defensoría del Pueblo de Navarra Juan Luis Beltrán en las jornadas organizadas por la Fundación Gaztelan bajo el título Igualdad en la inclusión social con personas de diferente nacionalidad, en la que participaron un centenar de profesionales.

El asesor de la oficina ciudadana destacó que la Administración foral practica un racismo “implícito, disimulado”, que “preocupa” a esta institución en sus diez años de funcionamiento y que ha sido objeto de diferentes quejas. En el ámbito escolar, el departamento de Educación permite, indicó, la aplicación de criterios discrecionales y complementarios a la baremación oficial por parte de los propios centros que provoca situaciones de “discriminación y segregación racial”. Así, los centros concertados utilizan el requisito de preferencia de antiguos alumnos para la entrada de nuevos lo que “favorece a los de aquí y deja fuera a escolares inmigrantes y gitanos”, situación que ha provocado, señaló, las quejas de los padres de alumnos no admitidos y que los inmigrantes se concentren en determinadas escuelas públicas.

Destacó a su vez que el nuevo Plan Integral de Atención a la Población 2011 – 2014, aprobado por Asuntos Sociales del Gobierno foral, plantea que en Navarra no existe segregación del alumnado gitano. “Sin embargo, se señala una tendencia a la concentración en algunos centros de titularidad pública que se produce especialmente en el sur y en la Comarca de Pamplona, con los riesgos que ello implica de formación de guetos…”, abunda el propio plan. Beltrán también destacó que en vivienda los criterios de adjudicación de vivienda protegida también generan guetos. Por su parte, Amaia Campión, de la Fundación Gaztelán, destacó que en situación de crisis “corremos un riesgo bastante claro de que se acentúe el racismo y la xenofobia”. La discriminación es múltiple, indicó, y en el ámbito laboral “el primer requisito que se exige a una persona inmigrante es que tenga un contrato de un año para obtener un permiso de residencia, mientras que otras personas pueden acogerse a un contrato de un mes para integrarse laboralmente”.

Para Mª José Aguilar Idáñez, directora de GIEMIC (Grupo Interdisciplinar de Estudios sobre Migraciones, Interculturalidad y Ciudadanía, de la Universidad de Castilla – La Mancha), existen diferentes dimensiones del racismo institucional, y la más amplia es la regulación legislativa que, matizó, va recortando derechos a través de leyes y reglamentos – como ha ocurrido con los dos últimos de Extranjería – , y a través de los funcionarios de extranjería, policías, etcétera. Resaltó además que el discurso público nunca ha sido abiertamente antiracista, pero ahora aprovechando la crisis ese racismo se democratiza bajo el principio de “la preferencia nacional”. “De alguna manera hay un consenso social, institucional y político más allá de ideologías que lo sustenta”, apostilló. Ese racismo termina justificando recortes en derechos que terminan siendo, dijo, recortes “para todos” y “medidas antidemocráticas (se ve a nivel europeo)”.
“Estamos viviendo un repunte de la discriminación en España y en Europa”, abundó Sara Jiménez, responsable del área de Igualdad de Secretariado Gitano, una de las entidades que integra la red Antenas de asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico. La minoría gitana de países del Este ha sufrido mayores rebrotes de discriminación. “Se ha visto en Francia, Italia, Hungría y en España, con dificultades para acceder a algo tan básico como es la sanidad”, afirmó.