Los grupúsculos de posiciones políticas extremas buscan sus espacios y su protagonismo social ante la polarización
Un análisis sobre los colectivos de ultraizquierda y ultraderecha arroja algunas conclusiones. La polarización de la política les lleva a reivindicar sus espacios y su protagonismo social frente a quienes están dentro del sistema.
Los grupos de extrema izquierda, mucho más numerosos y organizados en la red, vuelven ahora para reivindicar la liberación del rapero Pablo Hasél, encarcelado hace un mes por enaltecimiento del terrorismo en las letras de sus canciones.
La última protesta tuvo lugar el sábado en Madrid, pero con réplicas en otras ciudades. El anunciado despliegue policial (más de mil agentes), rebajó mucho el número de asistentes previsto, y no se registraron altercados ni graves actos vandálicos, como sí había ocurrido en anteriores convocatorias.
Por su parte, en la extrema derecha, las nuevas generaciones relevan a las viejas, según señalan fuentes policiales. La aparición de Vox en las instituciones también ha provocado cambios en el colectivo: a algunos les parece suficiente; otros creen que es lo que llaman un “PP verde” y han creado nuevos colectivos ultras, aunque admiten compartir parte de las ideas del programa del partido de Santiago Abascal.
Jóvenes grupos surgidos en las redes sociales y en plena pandemia como Bastión Frontal, que se definen como “nacionalistas, en el sentido del nacionalismo romántico alemán del siglo XIX”, buscan su propio discurso con chicas como Isabel Medina Peralta, la joven de 19 años que ofreció una suerte de mitin antisemita en el homenaje a la División Azul que tuvo lugar el pasado 13 de febrero en el cementerio de la Almudena de Madrid. Tanto el grupo neofascista como ella misma están siendo ahora investigados por la Fiscalía por presuntos delitos de odio. La pandemia y las restricciones que implica han mermado mucho la capacidad de estos grupos de ocupar y ser protagonistas en el escenario público. Sin embargo, fuentes policiales aseguran que “no desaparecen, se transforman y simplemente siguen latentes, esperando su oportunidad”.
Esteban Ibarra, del Movimiento contra la Intolerancia, vaticina una suerte de efecto rebote tras este letargo pandémico: “Existe la posibilidad de que la euforia del regreso a los estadios, a las calles, a los bares… conlleve una mayor conflictividad de estos grupos”.
La ultraizquierda, un chispazo para intentar sembrar el caos
Decenas de colectivos esperan un hecho que les dé la oportunidad de revolverse contra lo que llaman “Estado opresor”
Una chispa. Un evento. Un hecho puntual. Da igual quién convoque, un grupo o varios. Esto es asambleario. Puede ser por la construcción de un aparcamiento subterráneo en el barrio del Gamonal en Burgos (2014), por la sentencia del procés (2019), por el desahucio de una familia, por la detención del activista Alfon (Alfonso Fernández Ortega) en los tiempos del 15-M (2015), por la condena del rapero Valtònyc (Josep Miquel Arenas) en 2017, o por el encarcelamiento de su amigo Pablo Hasél (Pablo Rivadulla Duro) hace un mes, condenado a nueve meses y un día de prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y las instituciones del Estado.
Alguien prende la mecha y los movimientos de ultraizquierda se activan y se mueven todos a una, como electrificados, propagando acciones de respuesta por las redes y replicándolas en cuantos más puntos de la geografía mejor, con dos fines principales. Uno es su denuncia constante de “la represión del Estado” y del poder en general en cualquiera de sus formas o versiones: la policía, los bancos, la Corona, el Congreso. Y otro es la creación de iconos, referentes, héroes, mártires revolucionarios, símbolos de liberación que den sentido a su lucha. La última cita fue en la tarde del sábado, con una manifestación no autorizada que fue de Atocha a Cibeles: “Por nuestros derechos y libertades ¡Amnistía total! Libertad Pablo Hasél”, rezaba la convocatoria que desde hace semanas corría por múltiples plataformas de mensajería.
Los convocantes eran de nuevo la plataforma digital del Movimiento Antirrepresivo de Madrid (MAR), que aglutina a “una decena de grupos” –según sus precursores– y que nació hace menos de tres años en Twitter, donde con 11.300 seguidores. “Surgimos a raíz del caso Valtònyc, cuando varios colectivos nos unimos para solidarizarnos con él en Madrid, y salir a la calle a protestar contra su condena [a tres años y medio por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona en las letras de sus canciones]”, cuenta Marco Fernández (29 años), uno de los fundadores del colectivo. “Nos dimos cuenta de que era necesario crear un movimiento genérico antirrepresivo para denunciar la falta de derechos y libertades que hay en este país, en lugar de una plataforma de apoyo a cada caso, de esa manera estaríamos siempre preparados”, señala. “Fue en La Ingobernable [centro social ocupado desalojado en 2019], allí se echó a andar”, recuerda tras salir de su trabajo como mozo de almacén.
En esta ocasión, la protesta tendría a la capital como epicentro, aunque fueron otros muchos los grupos que anunciaron que se sumarían con convocatorias simultáneas en Barcelona y las otras tres provincias catalanas, Gijón, Málaga, Alicante, o Zaragoza. “Su objetivo es propagarse al máximo, dar la sensación de mucha movilización, visibilizarse cuanto más mejor”, aseguran agentes de seguridad que llevan años siguiendo, analizando y estudiando a estos grupos y a sus miembros. “Saben que para sembrar el caos en un país lo que hace falta es que las protestas se produzcan en varias zonas a la vez”, señalan las mismas fuentes. “Las revoluciones no se preparan, surgen: la primavera árabe empezó porque a un vendedor ambulante tunecino [Mohamed Bouaziz] le confiscaron su puesto unos municipales”, recuerda. “Eso sí, hay que estar preparado para reaccionar”, añade.
Amplio dispositivo
Policía y Delegación de Gobierno de Madrid esperaban una importante concurrencia, pese a que ni tan siquiera habían pedido autorización para la manifestación. “Ahora lo evitan, no hay solicitud de permiso para que no haya quienes puedan sufrir las consecuencias de potenciales incumplimientos”, señalan fuentes de la delegación de Gobierno de Madrid. El dispositivo de seguridad previsto era de mil agentes y se anunciaba “intransigente”: “No vamos a permitir actos de vandalismo de ninguna clase”, advertían fuentes policiales, en alusión a las actuaciones de algunos alborotadores en las recientes concentraciones (tampoco autorizadas) en la Puerta del Sol y alrededores. La marcha transcurrió sin incidentes.
San Blas Canillejas en lucha, Juventud antifascista de Hortaleza, Distrito 14 Moratalaz, D-104 Aluche, Alkorkón Combativo, Yesca Vallecas… Son decenas solo en Madrid, muchos de ellos surgidos de o como asociaciones de barrio o de vecindario. Quienes conocen bien el funcionamiento de estos colectivos por dentro aseguran que “la violencia que usan en determinados momentos es solo una estrategia de lucha; y la calle, una herramienta”. Es su manera de lograr un mayor impacto, una mayor visibilidad.
“¿Controlar la violencia?, que le pregunten a Marlaska [ministro del Interior] o a Franco [Delegado del Gobierno], es la policía quien provoca los disturbios, que nos dejen manifestarnos en paz y nada ocurrirá”, se defendía Fernández, que aseguraba que se estaba “criminalizando la protesta de antemano” y a que “se llamaría a cumplir con todas las normas de seguridad” impuestas por la pandemia.
La capacidad movilizadora de los grupos antifascistas y de ultraizquierda radica en el carácter genérico de sus reivindicaciones y lemas, al igual que en el dominio que tienen de las redes sociales y de los medios y canales de información. “Son mucho más agiles que la ultraderecha: donde unos movilizan 200, otros atraen a 2.000 personas, diez veces más, porque el espectro que abarcan es muy amplio”, apuntan los investigadores.
Atomización y militancia
La atomización de la extrema izquierda en múltiples grupos genera una voluminosa militancia expandida como en sucesivos círculos concéntricos que se solapan entre sí formando un vasto conglomerado. “El núcleo duro pueden ser dos o tres personas, a veces amigos del barrio que se han hecho con un espacio/sede, a veces personas de la misma familia, o del mismo equipo de fútbol”, señalan los agentes; y el resto es gente “que acude a las convocatorias o a las asambleas porque puede simpatizar con un aspecto ideológico, con una motivación que consideran justa o injusta”, describen.
Por regla general –aunque son colectivos bastante efímeros y cambiantes–, detrás de esa ensalada de siglas y zonas geográficas (grandes y pequeñas) de todo el territorio nacional, suelen estar siempre los mismos protagonistas. Por ejemplo, Alejandra Matamoros, la abogada de Pablo Hasél, “proviene de [Moratalaz] Distrito-14 “, señalan los investigadores, uno de los colectivos más combativos y radicales de Madrid, clientes habituales de la Brigada Provincial de Información de la Policía, ubicada en ese barrio. Otro ejemplo: uno de los detenidos por la agresión a un taxista durante una cacerolada el pasado mes de mayo en las inmediaciones de ese complejo policial es Karim Benamar, el abogado habitual de D-14, que casualmente es defendido por Erlantz Ibarrondo, también abogado de Alfon o de la familia de Jimmy, el hincha de Riazor Blues (de extrema izquierda del Deportivo de la Coruña) al que mataron a palos en una pelea en el Manzanares con ultras del Frente Atlético (extrema derecha).
Son múltiples los vínculos de los ultras, de uno y otro extremo, con los clubes de fútbol. Entre los más radicales de izquierda en Madrid, destacan los Bukaneros, del Rayo Vallecano, cuya sede ha sido registrada en múltiples ocasiones por la policía. “Los llamados centros sociales de los grupos de ultraizquierda son muchas veces puntos de encuentro para organizar conciertos o veladas de boxeo, donde hacen colectas para sus cajas de resistencia”, señalan fuentes policiales.
Vínculos con el independentismo
Del mismo modo, se perciben claros vínculos entre estos grupos y los movimientos independentistas catalanes en los muchos mensajes cruzados que se dedican en las redes. Así, por ejemplo, los investigadores recuerdan que uno de los colegios en los que se votó durante el referéndum ilegal del 1-O en Cataluña fue custodiado precisamente por miembros de D-14. “El independentismo y la ultraizquierda tienen un enemigo común: el estado represor”, analiza un agente.
El principal temor de la policía de cara a la convocatorias de los colectivos de ultraizquierda es la aparición de grupos de anarquistas. “Son los más violentos, son oportunistas, están entrenados en la provocación de la revuelta, y son indetectables, nadie sabe nunca si van a aparecer o no y de dónde pueden venir”, señala otro agente, que recuerda que los ocho detenidos por incendiar la furgoneta de los Mossos d’Esquadra en Barcelona eran anarquistas italianos.
“La rebelión de los movimientos de ultraizquierda es necesaria porque existe la represión, del mismo modo que existen movimientos antidesahucios porque hay desahucios”, sentencia Marco Fernández. “Y es necesario apoyar a los catalanes porque tenemos intereses convergentes, por solidaridad, porque cuando intentan ejercer su derecho les inflan a palos”, asegura, en referencia a los incidentes del referéndum de autodeterminación ilegal del 1-O de 2017.
Este sábado, asume Fernández, “el detonante fue Pablo Hasél. Pero salimos por todos nuestros derechos y libertades: porque estamos hartos de que las cárceles estén llenas de presos políticos, salimos contra los desahucios y los despidos, contra un 40% de paro juvenil, contra los recortes en Sanidad y Educación, por los cuatro millones de parados, porque las infantas se van a ver al fugado de su padre y de paso se vacunan, por la falta de libertad de expresión, contra la violencia policial, por las agresiones de la policía en Linares y por las que le han sacado el ojo a una manifestante en Lleida, contra las torturas...”.
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Vox descompone a la extrema derecha
La irrupción del partido en las instituciones motiva cambios en las acciones de estos colectivos
A Isabel Medina Peralta no la conocía nadie, aparte de su familia y sus amigos, hasta que hace algo más de una semana, el sábado 13 de febrero, convirtió el anual homenaje a la División Azul de los colectivos de ultraderecha en un acto antisemita. Una joven que roza la mayoría de edad (19 años), melena castaña, labios rojos y camisa azul, vocifera micrófono en mano en el madrileño cementerio de la Almudena: “El judío es el culpable. El enemigo siempre es el mismo”. El video se hizo viral y la denuncia por la infamia, colectiva. Peralta pasó de tener 2.000 a 10.000 seguidores en su inflamada cuenta de Twitter: “Lo sigo diciendo y lo volvería a decir mil veces más”, escribía tras la ola de críticas.
La Fiscalía abrió una investigación por un presunto delito de odio. Y lo mismo hizo la Delegación del Gobierno de Madrid, que había autorizado la marcha: “Se trata de un acto que hacen cada año desde el 2007 y no se habían registrado incidentes. No se prohibió porque reunía todos los requisitos sanitarios (separación, mascarillas, menos de 500 asistentes). Y no hubo ningún problema a lo largo del recorrido vigilado por la policía, fue ya en el cementerio donde se lanzaron esos mensajes y consignas completamente inaceptables. En cuanto tuvimos noticia encargamos una investigación y pusimos el informe de la Policía a disposición de la Fiscalía”, explica el delegado, José Manuel Franco. “Podéis denunciarme, encarcelarme, o incluso matarme, pero jamás, jamás capitularé”, continuó en tono heroico Peralta en su Twitter, hasta que esta empresa cerró su cuenta.
Se hizo una cuenta nueva, en la que aparecía vestida de cuero negro delante de un mural del colectivo neofascista Bastión Frontal, a quien tampoco casi nadie conocía, y contra quien la Fiscalía abrió recientemente otra investigación por otro presunto delito de odio debido a presuntos ataques contra menores extranjeros no acompañados. La investigación nació de un atestado de la Policía Local de Madrid, fechado el 9 de julio de 2020, donde el coordinador de la Casa de Acogida de Menores de la Casa de Campo narraba cómo un grupo de “neonazis” plantó junto a la instalación una pancarta con el lema Recuperemos nuestros barrios, deportación.
A eso le siguieron concentraciones frente a pisos y centros de acogida: “San Blas será la tumba de los menas”, “fuera menas de nuestros barrios” o “en San Blas, ni un puto mena”. Su portavoz, Rodrigo (19 años), asegura que son “una organización juvenil de 60 chavales” nacida en el “barrio obrero” de San Blas durante la pandemia, como consecuencia de la desestructuración del colectivo (y después partido político de extrema derecha) Hogar Social y el auge de Vox. Su cuenta permanece activa con cerca de 4.500 seguidores y recauda fondos “para ayudar a Peralta”.
La Policía hace una distinción importante “entre extrema derecha, en referencia a grupos, colectivos y organizaciones que asumen el sistema democrático; y ultraderecha, los que están fuera del sistema, es la diferencia entre quienes tienen adversarios y los que solo tienen enemigos”, y describen entre estos últimos una horquilla de individuos “monitorizados” más o menos constante a lo largo de los últimos cinco años de “entre 2.000 y 3.000” personas.
Ahora se acerca más a 2.000: “Unos 2.200”, estiman. Se trata de un descenso considerable, dentro de una serie de colectivos, que incluyen a los grupos de neonazis y fascistas ligados a los clubes de fútbol (Ultras Sur, Frente Atlético/Out Low, Boixos Nois, Ultra Boys en Gijón, Los Supporters Gol Sur del Betis…) y también a los meramente ideológicos más y menos activos (Hogar Social, España 2000 –en Valencia y en Alcalá de Henares–, Falange, Bastión Frontal, Juventudes Canillejas, Hacer Nación, ADÑ…).
El crecimiento de Vox, sobre todo desde las elecciones andaluzas (en clave catalana) de 2018, ha descapitalizado a esos grupos fascistas: “Por ejemplo, Falange está prácticamente muerto, inactivo”, señalan fuentes policiales. Pero también la pandemia, el cierre de los estadios, de los bares que utilizan como sede estos colectivos y la suspensión de los conciertos a los que suelen acudir ha mermado su capacidad de reclutamiento. Sin embargo, fuentes policiales señalan que actos como los del cementerio de la Almudena o los ataques a inmigrantes en Hortaleza y San Blas revelan que, siendo menos numerosos que los grupos de ultraizquierda, siguen latentes y que “los cachorros están tomando el relevo”.
“Los numerosos casos de corrupción, la desafección creciente con los partidos tradicionales y la configuración en el imaginario popular de una élite política depredadora y extractiva, son factores clave para entender el auge de los partidos populistas de derecha radical.”, escriben Víctor Climent Sanjuan y Mirian Montaner Goetzenberge en su estudio Los partidos populistas de extrema derecha en España: Un análisis sociológico comparado, de junio de 2020.
Salto generacional
“Se está produciendo un salto generacional, los viejos referentes han crecido, son padres y madres de familia, que ya no están tan dispuestos a ir a pegarse a las calles. El perfil pasa de algunos recalcitrantes muy veteranos para quienes el grupo es su modo de vida, y un pequeño ejército de chavales, entre los que hay incluso menores de edad”, señalan fuentes policiales.
Lo explica Rodrigo, el portavoz de Bastión Frontal: “Tras el fatídico final que tuvo Hogar Social Madrid (HSM) cuando Vox (el PP verde) se llevó todo ese tejido social nacionalista (en el sentido “del nacionalismo romántico alemán del siglo XIX”, previo al nazismo), nos quedamos en Madrid sin ningún movimiento de vanguardia y, ya con el coronavirus y el confinamiento, a un grupo de camaradas nos dio por pensar: podíamos montárnoslo por nuestra cuenta y aprovechar el malestar social que hay para crear una alternativa al constitucionalismo, que no es más que una “partidocracia” que no representa los intereses del pueblo, sino de los partidos y de las oligarquías financieras. A nosotros Vox no nos representa, aunque podamos compartir algunos de los puntos de su programa”.
Por su parte, Melisa Domínguez, la líder de Hogar Social Madrid, ya con 31 años y un hijo de ocho, asegura que se constituyeron como partido político “por mera seguridad jurídica”, y reconoce que se han centrado en el ámbito social: “Antidesahucios y reparto de alimentos todos los domingos a unas 400 familias españolas, además de que mantenemos okupado un inmueble en Julián Romea 16”, señala. Sin embargo, tanto la policía como sus anteriores seguidores aseguran que están casi extinguidos y ponen como prueba la última convocatoria de protesta frente al Palacio de la Moncloa: “Eran cuatro y entre ellos algunos indigentes de los que viven okupados”, recuerdan.
Mutación
Según Esteban Ibarra, del Movimiento contra la Intolerancia y miembro del Observatorio contra la violencia en el Deporte, “existe una posibilidad de que la euforia del regreso a los estadios, a las calles, a los bares, a los conciertos… conlleve una mayor visibilización y conflictividad de estos grupos ultras”.
Según Ibarra, que sigue de cerca la evolución de estos grupos violentos y que reconoce que la mayor parte de las denuncias que reciben provienen de presuntos delitos de odios en las redes sociales, “adonde se han trasladado para sus campañas y para sus reclutamientos, señala”.
El último Estudio de Delitos de Odio presentado por el Ministerio del Interior en 2019 ponía de relieve que el número mayor de incidentes, un 34.9% del total, eran de carácter ideológico, seguidos de los xenófobos o racistas (30,2%) y los referidos a la orientación sexual (16,3%).
“En este momento todos los grupos ultras están sufriendo una mutación”, advierte Ibarra. “Los que aceptan el sistema se han ido con Vox, y los que están en un proceso de reafirmación necesitan rejuvenecerse (nuevas generaciones), tienen que descubrir elementos rentables para su agitación y propaganda (van a hacer una acción directa dura y callejera) y van a tratar de resaltar todas las contradicciones del sistema, ya sea usando la pandemia (negacionistas), la corrupción política o la inmigración, polarizando y radicalizando desde las redes sociales”, sostiene. “Vox les ha debilitado, les ha descapitalizado, les ha quitado capital social y les ha tapado también mediáticamente”, concluye.
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