lunes, 30 de septiembre de 2019

España, campeona de Europa de fútbol para ciegos por octava vez

El creador del 'tour de La Manada' por Pamplona se enfrenta a 3 años de cárcel


El hombre ofrecía en su web un paseo por los lugares que recorrieron los cinco violadores con ella la noche de la agresión y "calcomanías con el tatuaje de El Prenda"


La acusación sostiene que "quiso comercializar con la agresión sufrida por la víctima". Él asegura que lo hizo para denunciar el sensacionalismo de los medios

Los cinco miembros de ’la Manada’, condenados a quince años de prisión.
La publicación iba acompañada de la foto de los cinco miembros de 'La Manada' en los Sanfermines del 2016 y prometía un "recorrido por los puntos clave de la famosa noche" en que violaron a la víctima en un portal de Pamplona: "Entre el alcohol y el desenfreno, cinco varones con peinados a la última moda se encuentran a una joven en la céntrica Plaza del Castillo. Veinte minutos después entraban con ella en un portal a 300 metros de distancia y la agredieron sexualmente. ¿Qué pasó en esos 20 minutos? ¿Dónde fueron los agresores después? ¿Cómo los identificó la policía? ¡Descúbrelo todo en este 'tour'!". Ahora el creador de la página web, que está investigado (imputado) por el juzgado número 4 de Pamplona, se enfrenta a tres años, tres meses y un día de prisión por un delito contra la integridad moral de la víctima y otro de odio, según ha sabido EL PERIÓDICO.

La acusación, ejercida por la abogada de la joven, Teresa Hermida, sostiene que el hombre creó la página web el pasado 3 de diciembre "con la única finalidad de justificar y comercializar con la agresión sufrida por la víctima incluso con la venta de merchandising". Además de la supuesta visita guiada, que, según anunciaba, tenía previsto realizar "el último miércoles de cada mes", el acusado ofrecía "calcomanías imitando el tatuaje de José Ángel Prenda", uno de los cinco condenados a 15 años de prisión por la violación.

También informaba de que "tras el recorrido, se podrá adquirir la camiseta que vestían los miembros de' La Manada' en una tienda cercana" e incluía la posibilidad de "consultar la disponibilidad del hotel donde dos miembros de 'La Manada' entraron a preguntar si había habitaciones por horas para follar". El ahora acusado advertía además a los interesados de que las plazas del tour eran limitadas: "Solo tenemos 20 plazas por fecha, que admitimos por riguroso orden de inscripción. Unos días antes de la fecha que ha elegido cerraremos las plazas y te comunicaremos si puedes entrar".

Las camisetas de los violadores

De acuerdo con la acusación, el responsable del 'tour' "atentó gravemente contra la integridad moral de la víctima, con el trato degradante y vejatorio de la publicación, defendiendo la agresión que sufrió y con ello las agresiones sexuales contra las mujeres en general, al animar a las personas que visitaban su página web a comprar las mismas camisetas que llevaban puestas los agresores el día de los abusos".

La página, que estuvo activa y accesible en internet los días 3 y 4 de diciembre de 2018, tuvo una gran repercusión social y mediática. En solo dos días, la web del tour recibió, según los datos de la abogada de la víctima, unas "5.000 visitas". Pero el 5 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirmó la condena de 9 años de prisión para los miembros de La Manada y el acusado decidió entonces modificar el contenido de la página web. En su nueva versión asegura que creó el tour como una "bomba mediática" para comprobar "cómo los medios de comunicación se lanzan como hienas a cualquier cadáver".

En su declaración como investigado ante el juez sostuvo una versión muy similar, asegurando que con su página web "solo trataba de lanzar un mensaje contra el sensacionalismo de los medios". Sus argumentos convencieron al fiscal, que finalmente decidió no acusarlo, pero no al juez, que sí vio indicios de delito. El acusado apeló entonces su imputación ante la Audiencia de Navarra, que acaba de desestimar su recurso y ha ordenado continuar adelante con el procedimiento.

Odio a la víctima

Su explicación tampoco fue suficiente para la abogada de la víctima, que entiende que el acusado "tenía la intencionalidad de querer e intentar herir los sentimientos comunes de la sociedad por el simple hecho de ser mujer y en especial la búsqueda por el acusado, a través de sus publicaciones, de un clima de odio hacia la víctima simplemente por la valentía mostrada por esta en su día a denunciar la agresión sexual que sufrió por cinco hombres sometiéndola (el acusado) a un nuevo juicio social".

Como consecuencia de la publicación del acusado, la víctima "ha visto agravado el trastorno de estrés postraumático que padece como consecuencia de los hechos sufridos durante las fiestas de los sanfermines", señala la abogada de la joven, que también acusa al creador del tour de "quebrar gravemente la integridad personal, el desarrollo vital y las perspectivas de evolución en todos los ámbitos de la vida de la víctima, al suponer un continuo recuerdo de la difícil experiencia vivida esa madrugada".

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viernes, 27 de septiembre de 2019

El 30% de las asesinadas por violencia machista entre 2016 y 2018 había denunciado a su agresor

El número de víctimas mortales en este periodo disminuyó un 11,2% respecto al trienio anterior

Concentración de colectivos feministas el pasado enero en la Puerta del Sol contra Vox. ULY MARTÍN
El último informe estadístico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre víctimas mortales de violencia machista deja algunos datos, pocos, para la esperanza, y muchos que corroboran que queda mucho por hacer. Entre los primeros, que el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas durante los años 2016, 2017 y 2018 fue de 151, un 11,2% menos que en el anterior trienio. Pero de ese total de víctimas mortales, 46 (el 30,5%) habían presentado denuncia previa contra su agresor. Este dato revela dos situaciones que el propio Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial considera “preocupantes”: el porcentaje de mujeres asesinadas que habían denunciado previamente solo aumentó en tres puntos respecto al promedio de los últimos diez años; y el paso de denunciar a su agresor no siempre sirvió a las víctimas para ponerse a salvo.


El informe revela una leve bajada de la edad media de las mujeres que habían denunciado a su asesino previamente: 38,3 años, frente a los 41,7 del trienio anterior. Por tramos de edad, la mayor tasa de denuncias (un 47% del total) se dio entre quienes tenían entre 16 y 25 años. Casi la mitad de las que denunciaron (47,8%) vivía con su agresor. En una nota difundida este miércoles para hacer públicos los datos del informe, elaborado por el Observatorio a partir de información contenida en los procedimientos judiciales, este organismo advierte de que el silencio de la víctima es un “factor de riesgo para la vida de las mujeres maltratadas” e incide en la importancia de “concienciarlas a ellas, pero también a toda la sociedad” de la necesidad de denunciar. “Las víctimas de la violencia machista viven atenazadas por el pánico, que les impide denunciar por temor a represalias”, señala este órgano, que recuerda que la denuncia es el paso previo necesario que permite a las distintas Administraciones iniciar los trámites para la concesión de ayudas, adopción de medidas de protección e investigación de los hechos que pueda concluir con la condena al agresor.

En los tres años estudiados se mantuvo constante el número de víctimas mortales de violencia de género: 50 mujeres fueron asesinadas en 2016, 51 en 2017 y 50 en 2018. La cifra total del periodo (151) es un 11,2% más baja que la del trienio anterior, en el que los feminicidios fueron 169. Desde 2003, año en el que el Observatorio empezó a elaborar estadísticas, las asesinadas en el ámbito de la pareja o expareja han sido 978. Los datos provisionales de 2019 no relevan una mejora: en lo que va de año, son ya 44 las víctimas mortales de violencia machista.

La media de edad de las víctimas entre 2016 y 2018 fue de 43,5 años, muy similar al promedio registrado en periodos anteriores. Es decir, cerca de la mitad de las mujeres asesinadas se sitúan en una franja de edad (entre los 26 y los 45 años) que representa solo la tercera parte de la población de mujeres mayores de 15 años.

102 huérfanos

La violencia machista dejó 102 huérfanos entre 2016 y 2018. El 75% de las víctimas eran madres, un dato que, según el Observatorio, indica que la maternidad –junto con la pobreza, la dependencia económica o por discapacidad y el embarazo- es un factor que hace más vulnerables a las mujeres víctimas de la violencia machista y que guarda relación con el elevado porcentaje de casos sin denuncia previa: el miedo atenaza a la víctima, que no denuncia para proteger a sus hijos.

Según los datos analizados, el 64,9% de las víctimas de feminicidio vivía con el agresor en el momento de su muerte y el 45,7% estaba casada con el agresor o lo había estado. En cuanto a la nacionalidad de la víctima, las dos terceras partes (el 64,2%) de las asesinadas en el periodo analizado eran españolas; el otro 35,8% eran extranjeras, un dato que, según el Observatorio, vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad de este colectivo de mujeres. La cifra se ha mantenido prácticamente sin cambios desde 2015.

En cuanto al perfil del agresor, la edad media es de 48,2 años, cinco años más que el promedio de edad de las víctimas. En 2018, la media de edad de los agresores fue de 50,9 años. Entre 2016 y 2018, un 47% de los asesinos machistas fueron detenidos, un 16,6% se entregaron, el 22,5% se suicidaron, el 13,2% se autolesionaron (tentativa de suicidio) y el 0,7% huyeron. La edad media de los suicidas fue de 49,7 años: en el 50% tenían un vínculo matrimonial con la víctima y un 70,6% era de nacionalidad española.

Agresiones en el domicilio

El domicilio fue, en el 81% de las veces, el lugar donde se cometió el feminicidio. Los siguientes lugares más frecuentes, aunque a mucha distancia, fueron la calle y el vehículo, ambos en un 6% de los casos, y el trabajo (2%). El Tribunal Supremo ha afirmado en sentencias dictadas recientemente que la elección del domicilio para cometer el crimen machista reduce la capacidad defensiva de la víctima, por cuanto se trata de un ataque sorpresivo, e implica para el agresor una mayor garantía de que logrará su objetivo.

En cuanto al método empleado, el 46% de las muertes lo fue por arma blanca y el 20% por asfixia o estrangulamiento. Los golpes y golpes con objetos fueron causa de la muerte en el 13% de los casos, el mismo porcentaje en el que aparece el uso de arma de fuego.

En todas las provincias se han producido al menos dos feminicidios en el ámbito de la pareja o expareja. Asimismo, los crímenes han tenido lugar en todo tipo de poblaciones, aunque cerca del 70% han tenido como escenario localidades de menos de 100.000 habitantes. Esto implica, según el Observatorio, que las mujeres están más desprotegidas en el ámbito rural y que, por tanto, sería necesario redoblar los esfuerzos en estas zonas dotándolas de recursos de prevención así como de servicios de asistencia y protección a las víctimas.

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Graban y difunden la agresión a una niña de 14 años en un instituto de San Blas

La menor fue agredida por varias estudiantes a la salida del centro y acabó con varias contusiones y con la nariz rota

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Graban y difunden la agresión a una niña de 14 años en un instituto de San Blas EL MUNDO
Una estudiante de 14 años fue agredida el pasado lunes al mediodía por varias estudiantes a las puertas del instituto Francisco de Quevedo, situado en el distrito de San Blas. La menor acabó con varias contusiones y con la nariz rota. El ataque fue grabado por varios alumnos que hicieron un círculo en torno a la víctima para impedir que nadie pudiese entrar a protegerla y evitar que alguien saliera en su defensa.
Las imágenes fueron difundidas en una red social a las que tuvieron acceso numerosos estudiantes. Dos semanas antes otro grupo de 15 personas ya intentó atacar a la chica, pero no lo pudieron lograr al salir los padres de la menor en su defensa.
Los agentes investigan la agresión como un caso de bullying al haberse producido en las puertas del centro. Las implicadas están identificadas aunque ayer aún no se habían producido detenciones. Los padres de la menor denunciaron los hechos en la comisaría de San Blas después de que la menor recibiera el alta médica en el Hospital Ramón y Cajal. Este jueves la adolescente está siendo intervenida de la nariz en un hospital madrileño.

Entrada del instituto Francisco de Quevedo, este miércoles.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado a primera hora de este jueves que la Consejería de Educación había abierto un expediente para investigar lo sucedido. Y poco después, fuentes de Educación han precisado a este diario que las agresoras estudian en otro instituto de San Blas diferente al de la agresión y a donde la víctima fue el curso pasado.
La menor de 14 años fue a salir el pasado lunes del instituto por la puerta principal. En ese momento, una amiga de dirigió a ella advirtiéndole que dos estudiantes la iban a pegar. Para evitar problemas salió por otro acceso posterior. Dos chicas la siguieron y la cerraron el paso tras abandonar el recinto escolar. De inmediato, acudieron varios alumnos a ese enclave en actitud amenazante. Un grupo de unos 15 menores hizo un círculo alrededor de la chica impidiendo que ella pudiera escapar.
A continuación, dos chicas traspasaron el cordón de los alumnos y se dirigieron hacia la víctima insultándole. Una de ellas la agarró del cuello y la tiró al suelo. Aprovechando que estaba tirada en la acera la agresora se puso encima y le dio varias bofetadas agarrándole del cabello. Luego le propinó golpes en la cara y la nariz. También le cogió la cabeza y la proyectó contra el suelo. A partir de ese instante la joven no recordó nada más.
Tras la salvaje agresión los presentes y las atacantes huyeron. Con todo, varios chicos la auxiliaron. Medio mareada y aturdida la sentaron y avisaron a los responsables del centro, que a su vez avisaron a sus padres.
La chica fue trasladada a un centro de salud y posteriormente era evacuada al Hospital Ramón y Cajal, donde se le atendió de la fractura de la nariz y de varias contusiones.
La menor atacada ha presentado ante la Policía el vídeo de la agresión y varios mensajes donde se demuestra que las estudiantes habían planeado el ataque. También relató que el pasado 9 de septiembre otras 15 personas la intentaron pegar. No llegó a denunciar estos hechos al ser salvada por sus padres.
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jueves, 26 de septiembre de 2019

Una niña tiene que cambiar de centro tras denunciar acoso escolar continuado


La pequeña, de 11 años, empieza mañana en otro colegio tras no acudir a clase esta semana


Este viernes, una pequeña leonesa iniciará su curso escolar, después de que, tras denunciar durante el curso pasado que sufría acoso escolar en el colegio San Claudio, su familia decidiera hacer todos los trámites para cambiarla de centro. La pequeña ha soportado durante los dos últimos cursos una fuerte patada, que cinco niñas se subieran sobre ella —lo que le provocó daños en la espalda—, insultos y golpes, además de una publicación en una red social de un vídeo en el que se mofan de ella llamándola «vistima» y que fue comentado por gran parte de sus compañeros de clase, además del aislamiento constante a la que la someten sus compañeros. «El año pasado tenía un amigo, pero este año también dejó de hablarme», apunta esta pequeña de 11 años que sufre «constantes ataques de ansiedad y ha bajado su rendimiento escolar», como explica su madre, para añadir que los problemas comenzaron ya en cuarto curso.

El San Claudio activó el protocolo de acoso a finales del curso pasado, cuando comenzó a circular el vídeo en las redes sociales, aunque desde la familia concretan que sólo se activó relacionado con ese caso de ciberacoso, pero no por el hostigamiento recibido por la niña previamente. La madre y su pareja iniciaron su periplo de quejas y escritos en el propio centro y tras conocer los pasos a seguir, comenzaron sus visitas a la Dirección Provincial de Educación, al centro, tanto con sus profesores como con la dirección, y a la policía, después de acudir al Hospital por la patada recibida y tuvieran que poner la denuncia pertinente, al tratarse de una agresión. «Nunca hemos obtenido una respuesta, por eso hemos insistido en el cambio de colegio», asegura la madre, aunque la autorización para el cambio llegó ayer mismo —aunque ya fue solicitado en junio—, en la segunda semana del curso escolar, y no en el centro que la familia y la niña querían.

Ha sido la pediatra de la pequeña la que ha recomendado a la alumna que no acuda al colegio hasta que se produzca el cambio de centro y en el informe de la psicóloga a la que acude, como consecuencia de los intensos ataques de ansiedad que sufre, se indica que la pequeña tiene «labilidad emocional, nerviosismo, depresión y, últimamente, pensamientos de no querer vivir», además de sentirse «vulnerable, desprotegida y sin recursos de defensa».

Por otra lado, la Asociación Leonesa de Protección y Derechos de Víctimas Menores de Edad, Prodevi, realizó el curso pasado talleres en tres centros educativos leoneses a los que asistieron 420 alumnos para impartir los talleres Valores y habilidades sociales para la inclusión y convivencia escolar, con los que buscan, precisamente, combatir el acoso escolar.

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martes, 24 de septiembre de 2019

Más de 2.000 mujeres se prostituyen en Euskadi y el 10% son víctimas de trata



Se calcula que en Euskadi entre 1.968 y 2.292 mujeres ejercen la prostitución en Euskadi y aunque es difícil determinar cuántas de ellas son víctimas de trata con fines de explotación sexual, se estima que suponen del 10 al 15 % de ellas, entre 200 y 300.

Imagen de archivo de una mujer ejerciendo la prostitución en la calle (DEIA)

Así lo revela un estudio elaborado por la socióloga Carmen Meneses por encargo de la Mesa contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual, que coordina el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde).

En este órgano interinstitucional, que encargó el informe la Trata de Mujeres y Niñas en Euskadi, están representados los departamentos vascos de Políticas Sociales y Seguridad, la Ertzaintza, las diputaciones forales, la Fiscalía, la Delegación del Gobierno, y organizaciones como Cáritas, CEAR Euskadi, Médicos del Mundo, Comisión Anti-Sida, Cruz Roja, Gizarterako, Askabide, Oblatas y Accem.

El estudio reconoce la dificultad de dar cifras sobre la explotación sexual en Euskadi pero concluye que "no es una situación mayoritaria" entre las personas que ejercen la prostitución. 

En 2018 estarían ejerciendo la prostitución entre 1.968 y 2.292 mujeres en Euskadi. De ellas, según las fuentes consultadas y las ONG que trabajan en este ámbito, el número de víctimas de trata con fines de explotación sexual se situaría entre el 10 % y el 15 %.

Por otro lado, fruto del trabajo policial, durante 2018 se detectó a 92 mujeres como posibles víctimas de trata, de las que finalmente 17 fueron identificadas como tales. 

Según el informe, todas las víctimas de explotación sexual detectadas durante los últimos años en Euskadi eran extranjeras, al igual que ocurre en el resto de España.

Procedían de países de América Latina, Asia, África y Europa del Este y eran jóvenes de 18 a 35 años. Los países de origen de estas víctimas son cambiantes y varían según los flujos migratorios más prevalentes en cada momento. 

Con motivo de la conmemoración este lunes en todo el mundo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, Emakunde ha querido presentar estos resultados del informe, que se darán a conocer con más detalle próximamente. 

Entre las propuestas con las que trabaja la Mesa interinstitucional figura la de generar un código de identificación común para poder cuantificar con más exactitud el número de mujeres que puedan estar siendo víctimas de trata y conocer su realidad con más profundidad. 

Este órgano ha llevado a cabo también diferentes actuaciones de coordinación, sensibilización y formativas. Entre estas últimas en 2018 se ha formado 233 profesionales de distintos ámbitos.

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jueves, 19 de septiembre de 2019

Un total de 25 delitos de odio por razón de discapacidad registrados oficialmente en 2018

Un total de 25 delitos de odio por razón o causa de discapacidad fueron denunciados en España en el año 2018, 2 más que el año anterior, según se desprende del ‘Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España’ dado a conocer por el Ministerio del Interior y comunicado al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) por este departamento.


La discapacidad es el sexto factor de los que determinan la perpetración de delitos de odio, de los denunciados ese año, tras la ideología (599), racismo/xenofobia (531), orientación sexual/identidad de género (259), sexo/género (71) y creencias/prácticas religiosas (69). En total, el registro oficial policial sumó 1.598 delitos de odio en 2018.

El Cermi considera positiva la existencia de esta estadística policial y la atención y visibilidad que se otorga a la discapacidad en el seguimiento en España de los delitos de odio, para lo cual la plataforma global de la discapacidad viene colaborando con la Oficina Nacional de lucha contra los Delitos de Odio.

No obstante, entiende que las conductas criminales por motivos asociados a discapacidad son superiores, pero no afloran debidamente por el fenómeno de la infradenuncia, “resultado de las severas barreras y dificultades que los mecanismos legales, judiciales y policiales siguen presentando a las personas con discapacidad”.



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Las cifras de la violencia machista se disparan en otra semana negra: ya van 42 mujeres asesinadas en 2019 y 32 huérfanos

Con apenas 40 horas de diferencia, los crímenes de Pontevedra y Madrid han dejado cuatro mujeres asesinadas más –aunque dos de ellas no computen como víctimas de violencia de género– y otros cuatro menores huérfanos.

Concentración en protesta contra el triple crimen de Valga (Pontevedra). (EFE)
Concentración en protesta contra el triple crimen de Valga (Pontevedra). (EFE)

Esta tercera semana de septiembre ha arrancado de la peor forma posible: con dos crímenes machistas que han dejado cuatro mujeres asesinadas y cuatro menores huérfanos en apenas 40 horas. A primera hora de la mañana del lunes, José Luis Abet utilizó un revólver del calibre 32 para el que carecía de licencia para asesinar a su exmujer delante de sus dos hijos de 4 y 7 años a la puerta de su casa de Valga (Pontevedra) y luego disparar a su excuñada y a su exsuegra, que también murieron. El martes por la noche, otro hombre de 42 años sobre el que pesaba una orden de alejamiento de su expareja decidió ignorar dicha prohibición y acuchilló a su víctima en Madrid en presencia de sus hijas, de 8 y 10 años. 

Dos crímenes machistas que engrosan una pavorosa estadística, que  lamentablemente no deja de crecer: en lo que va año 42 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas —1.017 si nos remontamos a 2003— y 32 niños han perdido a su madre. Además, tres menores de edad han sido asesinados en 2019, víctimas de la violencia de género ejercida contra sus madres.

En ese registro oficial y frío no entran la hermana y la madre de la exmujer del asesino de Valga porque la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género la define como aquella que sufren las mujeres por parte "de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia". En 2013, los hijos e hijas también fueron reconocidos como víctimas directas de violencia de género y comenzaron a contabilizarse, pero no otras víctimas colaterales.

La última víctima, una mujer paraguaya de 31 años asesinada en el portal de su casa de Madrid delante de sus dos hijas, sí había denunciado previamente a su expareja. El asesino tenía una orden de alejamiento en vigor de la víctima por denuncias de maltrato dictada por un juzgado de la localidad madrileña de Navalcarnero. No lo había hecho la mujer asesinada en Pontevedra, que estaba en trámites de separación de su asesino, que ya se encuentra en prisión. Sus víctimas serán enterradas este miércoles.

Dos tercios de las mujeres asesinadas eran españolas y en casi siete de cada diez casos convivían con su presunto agresor

En ese sentido, de las 42 mujeres asesinadas, solamente nueve habían denunciado su situación de maltrato aunque dos de ellas no continuaron con el proceso. En cuatro de los casos en los que sí existía denuncia, se adoptaron medidas de protección, y en otros cuatro, estas medidas estaban vigentes en el momento del crimen.

La mayoría de las víctimas mortales (el 41%) tenía entre 41 y 50 años, franja de edad que también predomina entre los agresores (46,3%). Dos tercios de las mujeres asesinadas eran españolas y en casi siete de cada diez casos convivían con su presunto agresor.

Respecto a los 42 agresores, el 62% son españoles. Tras cometer el crimen, 12 se suicidaron y tres lo intentaron sin éxito.

Por comunidades autónomas, cinco concentran la mayoría de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas que se han cometido en lo que va de 2019. En concreto, se trata de: Andalucía (9 casos), Canarias (6), Comunidad Valenciana (6), Catalunya (5) y Comunidad de Madrid (6). Los restantes se produjeron en Castilla y León (3), Cantabria (2), Galicia (3), Aragón (1) y la Región de Murcia (1).

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Cárcel para tres hombres que tildaron de “golfas y guarras” a las manifestantes del 8-M

Un juzgado de Sevilla condena a seis meses de prisión a tres personas que grabaron un vídeo viral
El Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla ha condenado a seis meses de cárcel y una multa de 1.080 euros a tres hombres que tildaron de “golfas y guarras que no trabajan” a las mujeres que se manifestaron el 8 de marzo de 2018 en la marcha feminista de la capital andaluza. Los tres acusados, condenados por un delito de odio han mostrado su conformidad con la tesis de la Fiscalía de Sevilla y aceptaron rebajar la petición inicial de condena del ministerio público, de 10 meses de cárcel y 3.000 euros.

El juez ha dictado sentencia in voce y ha acordado la suspensión de la pena durante dos años, tiempo en el que no podrán volver a delinquir, según ha avanzado Diario de Sevilla. Los tres hombres simulan ser presentadores de televisión: “Aquí, desde la televisión pirindola, pasando una jartá de frío en la Plaza Nueva con todas estas guarras que no trabajan. Véanlas, todas”, decía uno de los hombres al final de la manifestación. “Lo que hay que hacer es fregar más. Son unas golfas”, añadía su compañero. “Hay que fregar un poquito más”, apostillaba el primero.

En un principio el vídeo fue compartido en un grupo privado de WhatsApp con 18 participantes, pero finalmente un usuario lo subió a Twitter y allí la grabación se hizo viral hasta superar las 228.000 visualizaciones.

La Fiscalía aplicó a los tres acusados, de iniciales B. L. G., A. V. R. e I. J. V. O. el atenuante de confesión en una investigación de la titular del Juzgado de Instrucción 11 de Sevilla, que acordó abrir juicio oral contra los dos protagonistas del vídeo y el amigo que los grabó, que no aparece en las imágenes difundidas en las redes sociales.

El artículo 510 del Código Penal especifica que “serán castigados con la pena de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses para quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito por motivos referentes entre otros, a su ideología, su sexo o razones de género”, motivo este último que ha fundamentado la Fiscalía en este caso de Sevilla. Y la misma pena establece el Código Penal para los que "difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes”, que afecta al tercer hombre condenado por grabar el vídeo.
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martes, 17 de septiembre de 2019




Las mujeres que denuncian violencia de género en el juzgado de Sabadell tienen menos posibilidades de obtener una orden de protección que las que lo hacen en el de Badajoz. Aunque gestionan un volumen similar de casos, la tasa de denegación de este tipo de medidas difiere considerablemente entre uno y otro juzgado: el primero rechaza el 65% de las solicitadas y el segundo no llega al 10%. Lo mismo ocurre con Oviedo y Torrevieja o Almería y Girona. También entre comunidades autónomas: Madrid deniega casi el 50% de las órdenes, mientras el porcentaje en el caso de Andalucía se reduce al 30%, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (2010-2018) analizados por eldiario.es.
A todos los niveles –juzgados, provincias y autonomías–, las cifras dibujan un mapa desigual a la hora de conceder este tipo de medidas del que esta misma semana ha alertado la Fiscalía General del Estado. Así lo hace en la Memoria correspondiente a 2018 publicada el pasado lunes, en la que aprovecha el apartado dedicado a la violencia machista para calificar las diferencias de "significativas". El Ministerio Público va más allá y alude a que esta disparidad de criterios "genera una cierta inseguridad jurídica" en las víctimas que es "difícilmente compatible con las campañas de incentivación de la denuncia" promovidas por todos los agentes sociales y las instituciones.




Analizando los juzgados que han tramitado más de 100 órdenes de protección durante estos años (185 de 536), algunos alcanzan porcentajes muy elevados de rechazo y otros muy bajos: el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Barcelona, por ejemplo, deniega el 87%, el nº 1 de Sevilla el 74% y el 1 de Valladolid, seis de cada diez. Al otro lado de la tabla, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Alicante ha desestimado el 10% y el 14% el nº 2 de Murcia. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Roquetas de Mar, solo el 9%. Los primeros rechazan una tasa muy por encima de la media, que se sitúa en el 35%.



Para el médico forense y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, el meollo del asunto está directamente relacionado con la percepción del riesgo. "En la valoración de los hechos siempre hay un componente subjetivo y en este caso, está muy condicionada por la concepción social de la violencia de género, que siempre tiende a ser minusvalorada", señala. Una concepción que, para el experto, está "cargada de estereotipos y mitos" que pueden reproducirse en toda la cadena de protección hasta llegar a la magistratura. 
Los jueces son los que determinan en cada caso si es necesaria una orden de protección  –que puede incluir medidas civiles, como la suspensión del régimen de visitas y medidas penales, como la prohibición de acercamiento–, pero fundamentan su valoración también en otro tipo de elementos. Entre ellos, atestados policiales, partes de lesiones e informes médicos o forenses. Los dos requisitos que establece la ley para la concesión de esta medida de protección son la existencia de  indicios fundados de delito y de una situación objetiva de riesgo.

Catalunya, a la cabeza 

Más allá de la situación concreta de cada juzgado, los datos del Consejo General del Poder Judicial también permiten analizar qué ocurre por comunidades autónomas. Catalunya concentra la mayor tasa de denegación, con un 55%.  Le siguen Madrid (48%), Asturias (42%), País Vasco y Cantabria (39%). En la parte más baja de la tabla se encuentran La Rioja, que solo deniega el 14%, Murcia (16%), Melilla (15%) y Extremadura, Valencia y Aragón, que desestiman el 19% de las solicitadas. En una situación intermedia, con porcentajes que superan ligeramente el 30%, están Castilla y León y Andalucía.



Por provincias, destaca el caso de Almería, Granada, Soria y Burgos, que superan el 90% de órdenes de protección aceptadas. Sin embargo, otras tantas se encuentran en la situación contraria: Barcelona rechaza el 62%, y en Valladolid, Girona y Sevilla casi seis de cada diez mujeres que acuden a sus juzgados a denunciar violencia de género se encuentran con que no obtienen una orden de protección.
Aunque en la primera y en la segunda solo tramita violencia de género un juzgado, en la ciudad andaluza los casos se reparten entre cuatro en los que la tasa de rechazo se sitúa entre el 58% y el 74%. Una circunstancia que, para Lorente, puede tener que ver con que en un mismo partido judicial o entre jueces de la zona se comparten o establecen una serie de criterios comunes.



Ajustar la valoración del riesgo

La Asociación de Mujeres Juristas Themis lleva años llamando la atención sobre esta realidad. "Son datos muy llamativos porque es algo sistemático", comienza explicando su presidenta, María Ángeles Jaime de Pablo. "Es algo que requiere una explicación porque evidentemente no hay unos sitios en los que hay violencia más grave que otros", aunque puede ocurrir que aquellos lugares que ven más casos de violencia de género acaben minimizando el riesgo, coinciden las expertas. No obstante, todas lamentan que aún no se haya hecho un estudio sobre una problemática que puede responder a diferentes factores.
"Más allá de estereotipos que pueden restar credibilidad a las víctimas, también puede tener que ver con la coordinación que el juzgado tiene con otros agentes implicados, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y con qué tipo de información cuenta para tomar la decisión", prosigue Jaime de Pablo. Este mismo año el Ministerio del Interior puso en marcha un nuevo protocolo policial del riesgo que introduce más elementos para valorar el peligro de asesinato e incluye la obligación de destacar aquellos casos en los que haya menores sobre los que haya una situación amenazante.
Además del atestado policial, Lara Esteve, magistrada en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Carlet (Valencia), apunta a la necesidad de que los jueces comiencen a usar de forma más generalizada los instrumentos disponibles para valorar el riesgo de la víctima. "Hay que partir de que el juez va a resolver en función de las pruebas que tenga y tiene independencia judicial para ello, pero hay una serie de herramientas que nos ayudan a tomar decisiones más ajustadas", explica. Se trata del Protocolo Médico-Forense de Valoración Urgente del Riesgo y de las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), sobre las que la Fiscalía avisa de su infrautilización.
El primero, un protocolo puesto en marcha en 2011, se trata de un informe que elaboran los médicos forenses adscritos a los juzgados, pero apenas se utiliza: según datos del propio Ministerio Público, en 2017 solo se utilizó en un 2% de las ocasiones en las cinco comunidades autónomas que dependen del Ministerio de Justicia. Por su parte, las UVFI, formadas por un equipo multidisciplinar y concebidas para hacer valoraciones integrales, apenas están implantadas en España y, en muchos casos, tampoco se recurre a ellas. Una situación que Miguel Lorente achaca a una cierta "pasividad profesional".



Falta de medios

Esteve también hace referencia a que su uso puede estar condicionado por la falta de medios y de sobrecarga existente en muchos juzgados, sobre todo aquellos que compatibilizan casos de violencia de género con otro tipo de asuntos. Estos juzgados, que no son exclusivos, cuentan además con una menor formación puesto que para ellos no es obligatorio el curso que sí lo es para los que se encargan solo de la violencia machista en el seno de la pareja o expareja. Esta es, de hecho, otra de las claves sobre las que llaman la atención las expertas: la necesidad de una formación integral y obligatoria para combatir los estereotipos machistas.
En este sentido, Jaime de Pablo celebra el sistema que el Consejo General del Poder Judicial va a poner en marcha previsiblemente en 2020 y que convierte la violencia de género en una especialidad jurídica. La presidenta de Themis recuerda también que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género incluye como medida la necesidad de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para introducir un listado "de criterios de referencia" de la situación de riesgo. El objetivo, entre otras cosas, es que en función del territorio o juzgado en el que se denuncie, no haya "un porcentaje alto de mujeres con la expectativa de que se les va a denegar la orden", señala la experta.

Nota metodológica

Para esta información se utilizaron los datos sobre órdenes de protección y medidas en los juzgados de violencia sobre la mujer, publicados en la base de datos estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se usaron los datos de las órdenes de protección incoadas, adoptadas, denegadas e inadmitidas desde 2010 hasta 2018. A partir de 2015, la estadística oficial incluye las órdenes de protección inadmitidas (por defectos formales) entre todas las incoadas del año. La estadística no incluye las órdenes tramitadas anualmente en los juzgados de guardia. 
Para realizar los cálculos de los porcentajes no se tuvieron en cuenta siete juzgados que en la base de datos original presentaban un desfase superior al 1% entre el número total de incoadas y el resultado de la suma de adoptadas, denegadas e inadmitidas. Sí se tuvieron en cuenta seis juzgados en los que este desfase era inferior al 1%.
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lunes, 16 de septiembre de 2019

Aparecen pintadas amenazantes contra el PNV en el puerto de Bermeo


El Bizkai Buru Batzar denuncia que estas conductas “minan el camino hacia la paz y la convivencia

Las esculturas atacadas.


El Bizkai Buru Batzar del PNV denunció ayer una pintada realizada contra la formación jeltzale en Bermeo, donde desconocidos dibujaron una diana rodeando las siglas de la formación en una de las esculturas ubicadas en el puerto de la localidad. La formación nacionalista señaló que estos ataques son “inaceptables” y que estas conductas “no hacen más que minar el camino hacia la consecución definitiva de la paz y la convivencia”.

En un comunicado, el BBB condenó, de manera rotunda, este “nuevo ataque” contra el PNV, aunque en esta ocasión, según precisaba, no ha sido en contra de una de sus sedes.

El partido indicó que desconocidos dibujaron en la noche del miércoles al jueves una diana rodeando las siglas de la formación sobre la escultura Azken olatua azken arnasa situada en el puerto Bermeo. La ejecutiva territorial calificó de “extremadamente grave” esta pintada y afirmó que “una amenaza de este tipo es siempre inaceptable, más aún en un momento en el que la sociedad vasca ha dejado atrás, hace años ya, esta clase de manifestaciones violentas”.

 “Este tipo de conductas están fuera de tiempo, lugar y entendimiento, y no ayudan en el camino de la convivencia y el respeto al diferente. Estos actos evidencian que hay quienes quieren seguir utilizando estas vías estériles y vacías para su supuesto beneficio, pero no se han dado cuenta de que la ciudadanía demanda construir en vez de destruir, dialogar en vez de insultar, y respetar en vez de despreciar”, añadió el BBB. - E.P.

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Alumnas que identifican la LGTBIfobia en clase y se organizan para combatirla


En su instituto no se produjo ningún caso de violencia directa ni de bullying LGTBIfóbico de los que llaman la atención. No había agresiones y los alumnos no se cebaban con algún compañero por su orientación sexual. Aun así, Carla, Adelina, Alejandra y Nagore identificaron una homofobia mucho más normalizada, pero que cala entre los jóvenes y se convierte en un escollo más a la hora de salir del armario o hacerse visible. La violencia indirecta y estructural que supone el 'maricón' en tono jocoso o cuando algún chaval falla un gol en la pista de fútbol en el recreo.
"La gente dice que se lo dice a su amigo y que a él no le afecta, pero si lo dices por la calle y hay una persona del colectivo que lo escucha, puede que sí le afecte. Son cosas de las que no se dan cuenta", razonan estas chicas, que este año cumplen o han cumplido 15 años.

No se quedaron en eso. Se pusieron manos a la obra y durante seis meses se reunían cada dos semanas en su tiempo libre en LaCasa+Grande, un espacio polivalente del municipio, para preparar las charlas que darían a los alumnos de 1º de la ESO junto a "Paula y Alberto, dos personas del ayuntamiento que nos han ayudado muchísimo", indica Alejandra. "Nosotras les decíamos las ideas que teníamos y ellos las pulían", añade Carla. El próximo curso, volverán a dar este tipo de formaciones.

Un e-mail anónimo

En el IES Sapere Aude, en Villanueva del Pardillo (Madrid), hace cuatro cursos aparecieron en las paredes carteles de un grupo anónimo, 'Sin Miedo LGTBI', que animaba a los alumnos que tuvieran dudas o quisieran información sobre el colectivo a escribir a un correo electrónico o a unas redes sociales. Durante aquel curso nadie supo quién estaba detrás de esas cuentas, que sí comenzaron a recibir mensajes de chicos y chicas que no tenían clara su sexualidad, que la tenían pero no sabían cómo decirlo en casa, que se sentían atraídos por su mejor amiga o personas heterosexuales cuestionando "por qué hay un Orgullo Gay".
"Estábamos hartas de que estuvieran insultándonos", explica Aj D'Andrea, "así que un día, como forma de rebeldía, dijimos que teníamos que ir al servicio para que los profes nos dejaran salir y colgamos los carteles sin que nadie nos viera". Aj (así la llaman sus compañeros y amigos) y su amiga Kamy tenían 14 años y ya habían sufrido vejaciones en el instituto, directa o indirectamente. "Oías que usaban el 'maricón' como insulto y ya te tocaba la moral", coincide.
Poco después, al grupo se unió su amigo Eric Schmitt, que sufrió agresiones físicas LGTBIfóbicas desde 1º de la ESO. "Todos habíamos tenido dificultades al hacernos visibles", lamenta. Según el informe 'LGTB-fobia en las aulas' elaborado por COGAM en 2015, el 11% del alumnado no se siente heterosexual y, de ellos, un 80% lo oculta por la falta de seguridad y respeto a la diversidad sexual. Este mismo estudio arrojaba otro dato: el 60% del los encuestados reconocía haber presenciado insultos homófobos en el entorno escolar y el 7%, agresiones físicas.
"Nosotros tardamos tres años en conseguir lo que queríamos conseguir", indica Eric. El primer año fue el e-mail anónimo. El segundo le dijeron a la orientadora del centro que ellos estaban detrás de 'Sin Miedo'. "Nos dijo que íbamos a hacerlo a lo grande y empezamos a preparar un día especial en el instituto, que acabó siendo la semana sin miedo, con charlas, mensajes por megafonía y carteles por todos lados", indica Aj.
El tercer año pidieron asesoramiento a COGAM, cuyos voluntarios dieron charlas por primera vez en el centro. "Fue el año grande, los tres con las banderas", presume Aj. Las charlas fueron las primera sobre el colectivo LGTBI para estos chicos, que en 2018 recibieron uno de los Premios Triángulo que concede cada año la entidad.
"En nuestro pueblo nunca he visto nada referente al colectivo. Cuando ganó Ciudadanos colgaron la bandera, pero la colgaron mal. Aquí nunca se había hecho nada", indica Eric. En Villanueva del Pardillo siempre ha gobernado la derecha y en las últimas elecciones, tanto municipales como generales, Vox ha sido segunda fuerza. Tras los últimos comicios, el partido de extrema derecha ha entrado en el gobierno local, gracias a su apoyo al Partido Local que ostenta la alcaldía. Precisamente, la presidenta de Vox en la Comunidad, Rocío Monasterio, ha solicitado conocer los nombres y apellidos de los voluntarios de las ONGs que imparten talleres LGTBI en colegios e institutos

Un aula segura y más de 80 alumnos

Cuando Bel Lago llegó al IES Politécnico de Vigo con 16 años (ahora tiene 18) para estudiar bachillerato, los alumnos del grupo 'Apóiate' dieron una charla en su clase explicando qué hacían y presentándose. "Todo había empezado un par de años antes, cuando varias alumnas le dijeron a la tutora que querían crear un grupo para ayudar a personas LGTBI. La gente se empezó a unir y teníamos un aula segura para hacer reuniones", explica.
En el grupo de Whatsapp que crearon entonces hay ya cerca de 80 personas, entre exalumnos y otros que, como Bel, se han ido incorporando. Ahora trabajan de forma activa en el grupo alrededor de una treintena de personas, que no solo dan apoyo y formación a sus compañeros, sino que realizan charlas en otros institutos cuando se detectan casos de LGTBIfobia o solicitan información e, incluso, al profesorado y a madres y padres.
"En las charlas (a alumnos de la ESO, Bachillerato y FP), básicamente, nos presentamos, decimos cómo nos identificamos y, si queremos, contamos una parte de nuestra historia, explicamos tabús... Pero, sobre todo, los testimonios son lo que más toca a la gente", explica Bel. Las formaciones que organizaron Carla, Adelina, Alejandra y Nagore para sus compañeros más pequeños eran algo diferentes: "Primero poníamos un PowerPoint con el que explicábamos las siglas y las diferencias entre identidad sexual, orientación y género; después hicimos un vídeo sobre violencia homófoba; y al final teníamos un barómetro, donde decíamos afirmaciones o frases y ellos tenían que decir si las habían escuchado o dicho alguna vez o no", cuentan.
"Yo pensaba que iban a pasar de nosotras, pero estaban muy atentos y haciéndonos preguntas", cuenta Carla sobre la reacción de sus compañeros. "Había de todo, tienen 12 años y algunos sabían sobre el tema, mientras otros solo diferencian entre gays y lesbianas", añade Alejandra, para quien la experiencia "ha sido positiva, porque la mayoría nos decía que lo necesitaba". Ellas también aprendieron preparando las charlas. "Con el concepto queer casi nos explota la cabeza", reconocen.
La labor de estas chicas tiene un efecto rebote. En el Profesor Julio Pérez ellas mismas seguirán dando las charlas el curso que viene a más compañeros. En el Sapere Aure ya tienen relevo. "Aquellos compañeros a los que nosotros ayudamos ahora han cogido el testigo y ayudan y asesoran a los más pequeños", explica Eric. En el Politécnico de Vigo han traspasado incluso los muros del centro. "Cuando empezamos eramos el primer instituto de Galicia que teníamos este grupo de apoyo, pero a partir de que fuéramos a otros, se crearon grupos parecidos y ahora hay bastantes", indica Bel.
Aunque las muestras de LGTBIfobia no han desaparecido del todo -"llegamos a recibir un correo de un compañero diciendo que eramos una panda de maricones y que le parecía súper mal que en el siglo XXI siguiera existiendo esta enfermedad", lamenta Aj-, las cosas han "mejorado mucho". "Ves al típico compañero que antes usaba el 'maricón de mierda' y ahora si ve a alguien hacerlo le llama la atención. Insultar con eso ya está muy mal visto en el instituto", indica. "Mucha gente no siente la homofobia, pero se calla ante ella. Lo que había que hacer era animar a esa gente a que lo dijera", añade Eric. Nagore lo tiene claro: "La base de los problemas es la desinformación y, con la información que les damos, eso desaparece".
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