Presentación del Consejo Islámico del País Vasco

La casa de cultura Portalea, acogió el acto de presentación del Consejo Islámico del País Vasco, un órgano que pretende aunar a las asociaciones musulmanas y servir de intermediario ante las instituciones. Más de medio centenar de personas acudieron a la cita en la que se explicaron las motivaciones y los objetivos de la asociación. Responsables de la directiva como Ismael Samadi, Yusuf Oroza o Hajar Samadi presentaron las demandas que plantea esta asociación.

Entre ellas se encuentra la impartición de la religión islámica dentro de la enseñanza, la posibilidad de disponer de comida permitida en el Islam en los comedores escolares o la normalización en la puesta en marcha de mezquitas. Apuntaron la concertación de una cita con el alcalde de San Sebastián, señalando la capital guipuzcoana como una excepción, al carecer de un centro de culto musulmán siendo capital de provincia. El Consejo Islámico del País Vasco pretende abrir puertas y mostrar su religión como algo abierto.

Las vascas deben trabajar 102 días más para cobrar lo mismo que sus compañeros

Un año más, el Día Internacional de la Mujer, estará marcado por la crisis, las reivindicaciones de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y por las protestas ante un desempleo creciente, que se ceba especialmente con ellas. Son exigencias ya tradicionales que este año se ven azuzadas por la recientemente aprobada reforma laboral que ya está teniendo su reflejo en las empresas vascas y que castiga con especial dureza, según denuncian instituciones, asociaciones y sindicatos, a las mujeres.

Las protestas contra la reforma laboral se sumarán a otra modificación legal aún bañada de incertidumbre, la de la ley del aborto, que reaviva las protestas ante la posibilidad de que retroceda a la legalidad vigente en 1985.
El plano laboral de las mujeres, al que apuntan todas las miradas, fue esbozado un estudio presentado ayer por CC OO de Euskadi: en 2011 solo un 45,6% de las mujeres trabajaban, cerca de doce puntos menos que los hombres. La tasa de paro en mujeres es superior al 13%, dos puntos mayor a la de sus compañeros.

Una de cada cuatro mujeres con trabajo tiene un contrato temporal, y siete de cada diez contratos a tiempo parcial son de mujeres. Ayer se confirmaba, además, que las cuantías de las ayudas a la conciliación familiar y laboral del Gobierno vasco se reducirán en un 7%.
Álava centrará su homenaje en las ciudadanas del ámbito rural
El resultado es que la brecha salarial al cabo del año es de 6.400 euros según CC OO, con un salario un 28,4% inferior al de los hombres. Esto supondría por término medio, según señaló el sindicato, que las mujeres deben trabajar 102 días más para cobrar lo mismo que reciben sus compañeros varones.

Y el futuro no resultaba más esperanzador. La directora de Emakunde, María Silvestre, alertaba de los preocupantes efectos de la reforma laboral en las mujeres y ayer fue el turno de Unai Sordo, secretario general de CC OO en Euskadi, quien aseguró que los colectivos en peor situación en el mercado de trabajo, entre ellos las mujeres, son los más afectados por las reformas. Un ejemplo: el contrato indefinido creado para la pequeña y mediana empresa —predominante en Euskadi y en la que “mayoritariamente” se encuentran empleadas las mujeres—, permite un “despido libre y gratuito” a lo largo del primer año de contrato. La reforma, además, va a “dificultar poder conciliar su vida laboral con su vida personal y familiar”, apuntó Sordo.

Todas las formaciones señalaron que las mujeres viven en una situación de crisis “permanente y estructural” y señalaron que la crisis económica se debe abordar “desde una perspectiva feminista”. La representante de Aralar, Ainhoa Beola, señaló que “las brutales medidas de ajuste están obligando a las mujeres a pagar el precio más alto de una crisis que no han provocado”. Estas formaciones realizaron un llamamiento a las movilizaciones por “una Euskal Herria donde la igualdad de oportunidades y derechos sea una realidad”.
Por su parte, la Diputación de Álava, se centró por medio de una declaración institucional del 8 de marzo en las mujeres del sector agrícola, con el lema Igualdad desde las raíces, una campaña que culminará con una recepción de la Diputación el sábado.
El diputado general, Javier de Andrés, ensalzó los efectos de la ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, una norma aprobada a finales del año pasado y que reconoce jurídicamente su participación en esta actividad económica.

La homosexualidad sigue provocando situaciones de acoso escolar

Según los datos que maneja la socióloga Inmaculada Mujika, directora de Aldarte, "cada vez son más" los adolescentes que declaran abiertamente su homosexualidad y sufren 'bullying' por ello.

Los seres humanos empiezan a percibir su sexualidad y a definir sus inclinaciones sexuales de forma natural "entre los 12 y los 16 años", pero en el caso de los niños y niñas homosexuales, este proceso "suele darse en la clandestinidad y, salvo excepciones, suele ser problemático" e incluye fases de depresión, sentimiento de culpa y soledad. Es la conclusión de Inmaculada Mujika, directora de Aldarte, el Centro de Atención a Gays, Lesbianas y Transexuales de Euskadi. Como cofundadora de Aldarte en 1994, ha conocido de cerca multitud de casos de chicos y chicas que han sufrido 'bullying' en clase por el mero hecho de ser homosexuales, "maltratos que generalmente son de tipo verbal o psicológico, y raramente se traducen en palizas o agresiones físicas". Algunos expertos afirman que "el cinco por ciento de los adolescentes se siente homosexual", aunque Mujika considera que ese porcentaje es "demasiado elevado" y afirma que "no existen estudios fiables al respecto". Según ella, "todavía son pocos los adolescentes que se atreven a dar el paso" y entre estos "el número de chicos es mayor que el de chicas". Basándose en su propia experiencia, estima que la edad media en la que un joven manifiesta su homosexualidad en público "se sitúa en torno a los 18 años".
Los que lo hacen antes, en la escuela o el instituto, suelen contárselo primero a sus amigos más íntimos, quienes, "por lo general, reaccionan bien y les ofrecen su apoyo". El acoso suele venir de la mano de algún compañero -"el típico 'matón' de la clase"-, y las chicas suelen sufrirlo "en menor medida que los chicos". En estos casos, los profesores y pedagogos desempeñan un papel fundamental para orientar a los adolescentes y ayudarles a superar sus miedos."

El Departamento de Educación dispone de un protocolo oficial para los casos de acoso escolar y normalmente son los educadores los que nos llaman a nosotros para informarnos y ponernos en contacto con el alumno o la alumna que ha padecido 'bullying' por ser homosexual".

Ya en Aldarte, los adolescentes reciben información y ayuda psicológica especializada, y se integran en grupos de apoyo "donde comparten sus experiencias con otras personas que han pasado por lo mismo". De este modo, comprenden que "no están solos". Inicialmente, la reacción familiar es de sorpresa: "Existe un primer 'shock', pero tras un proceso de adaptación acaban aceptándolo y apoyando al adolescente". En Aldarte también hay un grupo de apoyo para familiares donde "ponemos en contacto a los padres" u otros parientes, por lo que "muchos menores suelen acudir acompañados", algo que "les viene muy bien a todos".Integración efectiva en las aulasEn cuanto a las posibles soluciones para este problema, Mujika considera que lo primordial ha de ser "la prevención" desde las edades más tempranas. La integración efectiva en las aulas de los chicos y chicas homosexuales debe basarse en "la concienciación, el respeto y la tolerancia" con todas las formas de sexualidad. Asimismo, los programas educativos deben invitar a la reflexión como la mejor manera "de abordar la diversidad". En este sentido, el currículum educativo incluye programas sobre educación y orientación sexual, pero estos son optativos, de modo que cada centro decide cuáles son los contenidos que imparte. No obstante, la directora de Aldarte ha constatado que "la inmensa mayoría de centros muestra la firme voluntad" de educar a sus estudiantes contra la intolerancia y de fomentar la igualdad entre todas las opciones sexuales.

Según Mujika, en los últimos 30 años "se ha avanzado mucho" en los derechos y reivindicaciones de gays, lesbianas y transexuales. "Euskadi -afirma- está a la vanguardia". Después de tanto tiempo y esfuerzo, a ella le "gusta ser optimista", aunque es consciente de que "queda mucho camino por recorrer" y todavía ve "muy lejana" la igualdad plena. Hasta entonces, "habrá que seguir luchando".

Los promotores de la mezquita de Basurto desisten de ir a los tribunales

La polémica suscitada en torno a la mezquita de Pablo Alzola se quedará a las puertas de los tribunales. Los promotores del proyecto han desistido de iniciar acciones judiciales «por razones económicas», según informa el presidente de la asociación Onda Euskadi, Abderrahim Mousaif.

Tras consultar el caso con un abogado, no se ven con recursos para embarcarse en un litigio contra el Ayuntamiento de Bilbao, que les otorgó licencia de actividad pero en la práctica impedirá que el templo abra sus puertas en esta calle de Basurto.

El área de Urbanismo suspendió la concesión de licencias para centros de culto el pasado mes de noviembre, y durante un año, con el fin de elaborar una ordenanza que regule su actividad. El parón no ha afectado a la mezquita de la calle Concepción, que solicitó el permiso de obras al mismo tiempo que el de actividad, pero ha alcanzado de lleno a la de Pablo Alzola, que carecía de la autorización necesaria para iniciar los trabajos. De esta forma, la licencia de actividad se convierte en papel mojado, ya que con la ordenanza en vigor es muy improbable que el templo tenga cabida en la lonja elegida. Una ubicación que el Ayuntamiento siempre consideró «inadecuada» y que generó una fuerte contestación vecinal.

El colectivo también solicitó el amparo del Ararteko, que tras contrastar la información ha elaborado un informe de conclusiones. Se trata de un escrito similar a las resoluciones, aunque con un rango inferior.
En el texto, Iñigo Lamarca evita juzgar la actuación del Ayuntamiento en este caso y aporta recomendaciones para gestionar «la diversidad religiosa». Cree que las instituciones deben «utilizar los instrumentos de participación ciudadana para propiciar la búsqueda de soluciones» cuando exista un conflicto vecinal. Al Ayuntamiento le corresponde la labor de «intermediación» para garantizar «el legítimo desarrollo de la actividad sin afectar o molestar a terceras personas», siguiendo un procedimiento reglado y sin olvidar los principios de la Ley de Libertad Religiosa.
Mucho más tajante se mostró el Ararteko el pasado mes de octubre en su resolución sobre la mezquita vitoriana de Zaramaga, un proyecto que ya contaba con licencia de obras. También allí hubo una fuerte oposición vecinal e incluso la lonja fue atacada con sangre y carne de cerdo para convertirla en ‘impura’. Lamarca dejó claro que la ley «ampara plenamente» a la comunidad musulmana y limitó el papel del Ayuntamiento al «control previo previsto en la legislación urbanística y medioambiental».

Pese a todo, el proyecto está paralizado hasta el próximo mes de junio y se busca una nueva ubicación. La diferencia sustancial con Pablo Alzola es que en Zaramaga los ataques fueron posteriores a la concesión de la licencia de obras, que el oratorio de Basurto no ha llegado a conseguir. La intervención del Ararteko queda por tanto en una recomendación para la ordenanza de centros de culto, que deberá presentarse antes de final de año. Entonces volverá a abrirse la puerta a la apertura de nuevos templos.

Movimiento contra la Intolerancia valora positivamente la sentencia del Supremo que ratifica la condena contra Hammerskin

La ONG Movimiento contra la Intolerancia, personada como acusación popular en el procedimiento seguido contra los integrantes de la sección española de la organización neonazi internacional Hammerskin España, ante la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que desestima los recursos de casación interpuestos por los acusados quiere manifestar:

1.- Valora positivamente la confirmación de la sentencia de la Audiencia Provincial que consideró asociación ilícita una entidad de carácter neonazi que gozaba de impunidad de acción en su actividad de promoción del odio, el racismo, la xenofobia y el nazismo.

2.- Acoge con esperanza el mensaje del Tribunal Supremo que en esencia ratifica la imposibilidad de existencia de este tipo de asociaciones neonazis, racistas, xenófobas y antisemitas, extraordinariamente peligrosas dado su alcance internacional.

3.- Interpreta esta sentencia como un paso más en el avance democrático en la acción jurídica contra el racismo, la xenofobia y el neonazismo a nivel internacional, como revela el propio alcance orgánico de la organización ilegal, aún visible en INTERNET.

4.- Significa el alcance internacional de esta sentencia dado que diferentes instancias europeas están alarmadas y preocupadas por el crecimiento del neonazismo en diferentes países, siguiéndose con especial atención los veredictos judiciales al respecto.

5.- Señala que la sentencia ofrece el dato que pone punto final al discurso absurdo sobre los grupos neonazis que minimiza su existencia con la falsa denominación de "Tribus Urbanas". Estamos ante organizaciones ilícitas y delictivas y la participación de jóvenes en estas estructuras debe de con llevar actuaciones preventivas de los poderes públicos para que sus conciertos de música racista clandestinos, su captación en las gradas ultras del futbol y su eclosión creciente en webs, blogs y redes sociales en Internet no supongan una alteración creciente de convivencia y un problema para los colectivos más vulnerables como los inmigrantes, homosexuales, sin techo, jóvenes progresistas y otros que son víctimas del odio neonazi.

El 80% de los ingresos que logran los inmigrantes proviene de su trabajo

Más de la mitad ya tenía un empleo cuando llegó a euskadi y lo dejó por uno peor.
Un informe del Gobierno Vasco insiste en desvincular la inmigración con el fraude en las ayudas sociales. Mucho se ha hablado del fraude en las ayudas sociales, un fenómeno que quizá con demasiada frecuencia e injustamente tiende a vincularse con la inmigración. Si bien en proporción es este colectivo el mayor perceptor de la Renta de Garantía de Ingresos, la mayoría vive de su trabajo. En concreto, el 80% de los ingresos de los extranjeros residentes en Euskadi los obtienen de sus obligaciones laborales.
Así lo ha puesto de manifiesto el Gobierno Vasco en el III Plan Vasco de Inmigración, que analiza al detalle las características y comportamiento de un colectivo que representa ya el 6,6% de la población vasca. Aunque en los últimos años su llegada ha sufrido una desaceleración debido a la crisis económica, la gestión de la diversidad sigue siendo una de las asignaturas pendientes que las instituciones tratan de abordar con ciertas dificultades. El citado plan busca ser un instrumento que coordine la intervención pública en materia de inmigración de cara a lograr su integración definitiva.

El informe pone de relieve la importancia que tiene “captar” mano de obra inmigrante “cualificada” para seguir manteniendo la economía vasca y las prestaciones sociales. En este sentido, el envejecimiento de la población pondrá en jaque la sostenibilidad del sistema ya que en los próximos 20 años el número de personas de más de 65 años aumentará en torno a un 40%, mientras que la población laboral disminuirá un 10%. Así las cosas el Gobierno Vasco cree que la inmigración será la clave para invertir la pirámide demográfica.
En la actualidad, tres de cada diez beneficiarios de la RGI son extranjeros, una proporción bastante alta si se compara con su peso demográfico. Sin embargo, la gran mayoría ha ido incorporándose paulatinamente al mercado laboral. El informe destaca que de los 1.240 millones de euros anuales netos de los que dispone este colectivo, cerca del 80%, es decir, 975 millones de euros, proceden de ingresos propios relacionados con el trabajo. El sueldo medio de un ciudadano de origen extranjero en Euskadi es de 863,40 euros y en general su satisfacción es alta.

Más de la mitad de los inmigrantes ya tenía trabajo en su país de origen, por lo que llegaron a Euskadi en busca de mejores condiciones. La mayor parte de ellos están empleados en el sector servicios y en la construcción, y solo un 6,9% ocupa puestos directivos, técnicos o de mando intermedio. Cabe destacar que una cuarta parte de la población inmigrante asalariada asegura que el puesto ocupado tiende a situarse por debajo de su nivel formativo. Este hecho coincide con que cada vez sean más los extranjeros con estudios superiores – un 23%, frente al 15% de 2007 – .

El Gobierno vasco prepara un protocolo para ayudar a las víctimas de actos racistas

Más de uno de cada cuatro inmigrantes que viven en la comunidad autónoma ha sufrido situaciones xenófobas

Aunque una amplia mayoría de inmigrantes se sienten integrados en Euskadi, el 28,6% ha vivido situaciones racistas o xenófobas y el 10% de los ciudadanos autóctonos los consideran un problema. Los datos preocupan al Ejecutivo vasco, tal y como señaló ayer en el Parlamento autónomo el director de Inmigración, Miguel González. Tanto que los responsables del Gobierno trabajan conjuntamente con las asociaciones que actúan en este área para elaborar un protocolo que permita mejorar el acompañamiento a las personas que hayan sido víctimas de agresiones racistas y de discriminación por esta misma razón.
Esta es una de las medidas que se enmarcan en el plan vasco de inmigración, ciudadanía y convivencia intercultural aprobado por el Gobierno en noviembre y debatido en la comisión parlamentaria de Políticas Sociales. La consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, señaló que “este plan debe estar vigilante con el racismo”.

En total, durante la jornada se aprobaron 92 enmiendas al plan, entre ellas una que recoge la creación de un plan específico para los reclusos inmigrantes en las cárceles vascas.
Los responsables del documento reseñaron que tiene un enfoque distinto al de los planes anteriores, ya que pone el foco en la integración de los extranjeros más que en la acogida. Todo ello motivado por un descenso de las entradas en Euskadi de personas inmigrantes como consecuencia de la crisis.
Los inmigrantes suponen el 6,6% de la población vasca —es la cuarta comunidad con menos porcentaje de extranjeros—. El 42% son de origen latinoamericano y el 66% llegan directamente desde su país de origen sin pasar por otras comunidades. El 60% reconoce tener dificultades económicas y el 27% tienen niveles de formación superiores a los que requiere su trabajo en Euskadi.