Inmaculada Arnáez es una abogada especializada en Derechos Humanos que se encarga de vigilar su cumplimiento en las operaciones de Frontex
La Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión, conocida como Frontex, comenzó a operar en 2005 y seis años más tarde una modificación de su reglamento introdujo la vigilancia del respeto a los Derechos Humanos en sus actividades. Así nació el cargo de Oficial de Derechos Fundamentales que desde entonces desempeña Inmaculada Arnáez. Esta abogada vasca, que define sus tareas como "una mezcla perfecta de Derecho Internacional, Derecho Europeo y Derechos Humanos", recuerda que Europa tiene 12.500 kilómetros de fronteras terrestres, casi 70.000 kilómetros de fronteras marítimas -incluidas 3.000 islas- y casi 600 aeropuertos que sirven de frontera de entrada. Destaca que cada año pasan por esas fronteras 675 millones de pasajeros, de los que 230 millones entran por tierra, 81 por mar y 364 por aire; que el año pasado en Italia se registraron 46.000 entradas irregulares frente a las costas de Libia y Túnez y que en lo que va de 2014, se han contabilizado ya otras 50.000 llegadas.
¿Está preparada la Unión Europea para gestionar la llegada de miles de personas a sus costas?
-La llegada masiva de inmigrantes a lugares como Lampedusa o las costas sicilianas, con una media de 4.000 personas semanalmente únicamente por mar, plantea muchos retos operativos. Son los países miembros los que establecen sus propias condiciones de recepción en base a unos mínimos que establece la legislación comunitaria, y la UE apoya estas iniciativas con fondos específicos en la mayoría de los casos. También lo ha hecho recientemente en Ceuta y Melilla, donde no hay operación de Frontex.
¿Echa de menos más colaboración para tratar a los inmigrantes?
-La colaboración que se da, por ejemplo, entre las autoridades italianas y las organizaciones no gubernamentales sobre el terreno es un ejemplo claro de que la coordinación entre todos los actores involucrados en la recepción puede mejorar sus condiciones (salud, acceso a protección, identificación de posibles casos de trata de personas, etc.). La transferencia de los recién llegados a las islas hacia otros centros en Italia de manera rápida ayuda sin duda a aliviar el hacinamiento que pudiera producirse en esta región. Pero no podemos olvidar que son situaciones extremas, masivas, y que requieren, por lo tanto, de la colaboración de todos.
Parece que no es suficiente.
-Creo que además se requiere una colaboración de forma coordinada con las autoridades de los países vecinos en las fronteras exteriores de la UE y que se trabajen las causas de la migración. Para Frontex es obligatorio que esta cooperación cumpla los mismos estándares de derechos fundamentales que las actividades dentro de la UE y así lo establece su reglamento. Las últimas decisiones del Consejo de Europa y las recomendaciones de la Comisión llaman a los estados miembros a fortalecer esta cooperación con países fuera de la Unión Europea. Se trata sin duda de un campo que se desarrollará a medio plazo.
¿Cree que las noticias sobre llegadas masivas fomentan el rechazo hacia el fenómeno de la inmigración?
-Creo que la migración es un fenómeno tan antiguo como la humanidad, no es una situación nueva pero sí que es muy cambiante. Hay una tendencia, errónea en mi opinión, que equipara todo el fenómeno migratorio a la situación actual alrededor de la inmigración irregular. Desde todos los sectores públicos, nacionales y europeos, se trabaja para contrarrestarlo, pero se deberían fortalecer aún más los programas para explicar y comprender la inmigración en clave de inclusión y generación de riqueza también para el país receptor y para no verla simplemente como una amenaza.
Recientemente diversas asociaciones han acusado a Frontex de violar derechos fundamentales de los inmigrantes en el curso de algunas de sus operaciones de control de fronteras. ¿Tienen fundamento estas denuncias?
-Las operaciones de Frontex tienen la misión de apoyar los esfuerzos nacionales en el control de las fronteras exteriores. Estas denuncias que menciona fueron precisamente las que provocaron el establecimiento de medidas de control internas para que Frontex garantizase la protección de los derechos fundamentales de los migrantes durante sus actividades. Para evitar cualquier práctica irregular se está trabajando proporcionando formación en la materia a los policías de los países miembros y dando instrucciones e información más clara sobre identificación y derivación de aquellos casos que merecen especial atención a las autoridades competentes: protección internacional, menores, mujeres embarazadas, trata de personas para explotación sexual, tortura, etc.
¿Qué se hace para evitar las prácticas denunciadas?
-Frontex ha establecido un sistema de información y seguimiento interno para resolver estas acusaciones junto con el país miembro donde se realiza la operación. Hay una diferencia sustancial y es que si la acusación es contra un policía de otro país miembro, Frontex tiene un control mayor de la gestión del caso. Si la acusación es contra un policía del país donde se realice la operación, son las autoridades de ese país y sus mecanismos de protección de derechos fundamentales los que deben resolver. En cualquier caso, mi función es hacer un seguimiento de esos casos y elaborar un informe de análisis sobre los mismos para que Frontex pueda tomar una decisión basada en información contrastada.
¿Son suficientes las medidas y controles articulados por la Comisión Europea y Frontex para garantizar la protección de los derechos humanos de los inmigrantes?
-El control de Frontex está basado en la obligación explícita para todos los participantes en las operaciones conjuntas de informar a la mayor brevedad sobre situaciones que hayan visto directamente o que les hayan contado que puedan constituir violaciones de derechos fundamentales. El mecanismo de control está en período de consolidación y pretende asegurar que la información sobre los casos se consiga puntualmente y se puedan aclarar hechos y responsabilidades internamente. A futuro, el sistema debería desarrollar una forma de procesar más eficientemente la información de fuentes ajenas a Frontex. Este punto está ahora en período de discusión.
Usted es la primera persona que ocupa el cargo de Oficial de Derechos Fundamentales en Frontex. ¿Era necesario crear esta figura?
-La creación del cargo se produjo a través de una modificación legislativa del reglamento de Frontex en 2011, junto con otras medidas que pretendían asegurar que la Agencia realizaba todas sus actividades, y principalmente la coordinación de las operaciones conjuntas, con el máximo respeto a los derechos humanos. Además de mi cargo, el reglamento introdujo el establecimiento de un sistema interno de control de derechos fundamentales en la Agencia y la creación de un foro consultivo de organismos internacionales y ONG que apoya la aplicación de una estrategia interna de derechos fundamentales. Fueron todos producto de acuerdos entre el Consejo Europeo y el Parlamento que resultan muy útiles para apoyar mecanismos de garantía de derechos en el día a día de las operaciones conjuntas de control de las fronteras de los países miembros de la Unión Europea.
¿La supresión de las fronteras interiores de la UE ha sido acertada o está dificultando el control de las fronteras exteriores?
-La abolición de las fronteras interiores es uno de los grandes hitos de la Unión y es, sin duda, positivo para la ciudadanía. Pero Frontex se creó precisamente como un mecanismo de solidaridad para apoyar que aquellos estados miembros con mayor presión migratoria en sus fronteras exteriores recibieran apoyo técnico y humano de los demás países miembros. Esto se realiza a través del análisis de riesgos basado en información facilitada por los países miembros, las propias operaciones coordinadas por Frontex y varios países fuera de la Unión.
Aunque mucha gente cree que Frontex opera en todas las fronteras, solo lo hace en puntos y momentos concretos.
-Sí y las operaciones conjuntas que realiza consisten en la coordinación del envío de equipamiento de vigilancia adicional, así como de policías de otros países miembros de la UE. También se está desarrollando mucho material educativo especializado en derechos fundamentales aplicado a las diferentes actividades del control de fronteras, incluyendo el acceso a procedimientos de protección internacional.
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