La investigación abierta por el titular del juzgado de Instrucción número 15 de València que ha acabado con la imputación de 13 miembros de la extrema derecha por las agresiones políticas del pasado 9 d'Octubre pueden
suponer un antes y un después en la percepción social de estos
movimientos filofascistas en la Comunitat Valenciana y España.
De hecho, es la primera vez que la justicia valenciana abre una causa
de tal magnitud contra un grupo organizado de personas por
delitos contra los derechos fundamentales (delito de odio) con
motivación discriminatoria por razones ideológicas. Es decir, por formar
parte de una manifestación progresista y que, entre otros lemas,
reivindicaba el valenciano.
Es también la primera vez que un juzgado investigará a miembros de Ultras Yomus, los aficionados radicales del València CF, vinculados a movimientos filofascistas y por delitos de odio.
Se trata sin duda de un momento muy importante puesto que la justicia
pasa de tratar sus actuaciones como delitos comunes -faltas o desórdenes
públicos- a investigar su vinculación con la extrema derecha y sus
motivaciones ideológicas y organizadas para perseguir a ciudadanos que
piensan de una manera diferente.
El propio atestado de la policía nacional ya fija que la motivación de
los ultras del València CF fue política, lo que agravaría las
responsabilidades penales a las que se enfrentan. Nueve de las personas
detenidas están, según la policía, “relacionadas con el entorno activo
de ideologías próximas a la derecha más radical de esta Comunidad y
provincia, particularmente como integrantes o simpatizantes del Grupo
Yomus”. Pese a las constantes denuncias y condenas por agresiones de
estos individuos — algunos de ellos con hasta penas de cárcel — nunca se habían visto implicados por delitos de odio o ideológicos.
De esa opinión es Anna López, experta en movimientos de extrema derecha y autora de la tesis doctoral España 2000, la evolución de la derecha radical valenciana (2003-2015).
Para esta periodista y doctora en Ciencias Políticas, el caso de las
detenciones de los miembros de los Ultras Yomus "podría calificarse de
histórica, sobre todo, porque la asociación de la violencia de extrema
derecha con el fútbol valenciano, donde se han recluido desde los años
90". "Nunca antes se habían producido detenciones por un delito tan
específico, que manifiesta, esperemos, el principio del fin de su
violencia. Un pequeño paso más que necesario", asegura.
De hecho, esa vinculación política es la que siempre han querido evitar
estos ultras. En el asesinato del joven antifascista Guillem Agulló en
1993 a manos de radicales de la extrema derecha valenciana, sus verdugos
siempre intentaron desvincularse de estos movimientos radicales para
que la condena fuera menor. Una finalidad que consiguieron, puesto que llevaron la agresión al terreno de una pelea entre jóvenes.
El tiempo y los hechos confirmaron que el tribunal se equivocó puesto
que el asesino condenado de Agulló, Pedro Cuevas, acabó formando parte
de las listas del partido de extrema derecha Alianza Nacional y ha
estado vinculado a los Ultras Yomus.
La
experta Anna López también considera la decisión judicial de abrir una
macroinvestigación por delitos de odio contra estas trece personas
porque "supone un paso muy importante para visibilizar el problema que
tiene España con la impunidad y permisividad política, social y judicial
con la violencia y la ideología de la extrema derecha".
En el caso valenciano, apunta la periodista y doctora en Ciencias
Políticas, "el trabajo que deben realizar desde las autoridades
judiciales es todavía mayor respecto a otras autonomías, y así lo
demuestran, por ejemplo, las estadísticas de los delitos de odio o los
recientes acontecimientos del pasado mes de octubre". "Mientras que en
el resto de Europa los delitos de odio se registran, contabilizan y se
castigan en el ámbito penal, aquí tenemos que celebrar (por ser una
excepción) este tipo de detenciones", apunta.
Por otra parte, señala, en este proceso ha sido muy importante la
actuación —más o menos rápida— de la Fiscalía, así como los atestados y
denuncias y la modificación del discurso institucional de algunos
partidos de la Comunitat Valenciana. "Algunas fuerzas políticas han dejado de banalizar el problema con la extrema derecha
(tanto política como la violenta), pues hasta el momento lo habían
reducido a una cuestión de tribus urbanas y marginalidad, sin reconocer
el delito de odio y la violencia neonazi", añade.
De momento, actuarán como acusaciones en este proceso, las víctimas que denunciaron -una decena-,
la Red Española de Inmigración, Movimiento contra la Intolerancia y la
propia Fiscalía de Delitos de Odio. El juez también ha abierto la
puerta a que se presente el Ayuntamiento de València para reclamar los
daños por el mobiliario urbano, invitación que previsiblemente aceptará.
Y es que para la apertura de la investigación judicial de las
agresiones de la extrema derecha del pasado 9 d'Octubre han sido
fundamentales las denuncias de organizaciones y víctimas y de la
aportación de documentación de los medios de comunicación o la Unió de
Periodistes Valencians, que entregó abundante información gráfica a la
policía, que también ha actuado con mucha rapidez. La unanimidad en las
fuerzas políticas y la Delegación del Gobierno también ha permitido que
los hechos del Día de la Comunitat Valenciana estén ahora
judicializados.
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