La presentación parlamentaria por
el Grupo Socialista para su toma en consideración, de una Proposición de Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación,
producto de una larga trayectoria de reivindicación social y amplia elaboración
colaborativa desde la independencia de pensamientos diversos , es una nueva
oportunidad para avanzar en la protección universal de la libertad e igual
dignidad y derechos de las personas, mediante una ley cuyos trabajos comenzaron
hacia el 2008 y en 2011 quedó en puertas
de concretarse; una ley que, tanto ayer como hoy, responde a una amplia demanda
social y a un marco general antidiscriminatorio compatible con legislaciones
que atiendan a problemáticas específicas.
Esta
iniciativa, cuya toma en consideración
deberían apoyar todos los Grupos Parlamentarios, no solo es necesaria en cuanto
respuesta a un proceso de reivindicación sostenido por colectivos sociales desde múltiples
perspectivas de la diversidad de la condición humana, sino que resulta oportuna
para completar los avances de nuestro país en materia de protección de
libertades y derechos, tanto en el ámbito penal con la sanción de los delitos
de odio, como con las directivas europeas antidiscriminatorias que se han ido
trasponiendo a nuestra legislación.
Sin embargo, la proposición de ley ha de ser sustancialmente mejorada en el proceso
de tramitación parlamentaria
dado que su matriz, realizada en la anterior década, ha de contemplar cambios
sociales y nuevos retos aparecidos en estos últimos años que hay que enfrentar.
Las desigualdades de trato y las conductas discriminatorias, no son compatibles
con los art. 10 y 14 de la Constitución
Española, tampoco con la Carta Universal de los Derechos Humanos, y esta
ley tiene su raíz, precisamente, en la protección de los fundamentos de nuestra
convivencia democrática que descansan en concebir que todas las personas son
libres e iguales en dignidad y derechos y en el compromiso constitucional de
remover obstáculos para hacerlo efectivo, como
afirma su art.9.2
La proposición de Ley tiene como
virtud su voluntad de acometer cualquier
discriminación para todas las personas, como se aprecia al plantear un “numerus apertus” a toda forma de
intolerancia discriminatoria que se proyecte hacia una persona, respondiendo en
términos de reproche sancionador, como la sociedad así demanda. No obstante la
proposición de ley tiene déficits en ámbitos que se han de incorporar como el de
las redes sociales, las actividades tradicionales impropias democráticamente y
otras que se debieran recoger con una perspectiva social amplia.
La
protección universal de la víctima de la discriminación en la Ley deberá completar lo realizado normativamente en el Estatuto de
la Víctima del delito, ahora a nivel civil y administrativo, protegiéndola
eficazmente de represalias por denuncias realizadas y como no, registrando
hechos que faciliten políticas
preventivas frente a conductas y expresiones racistas y xenófobas,
segregacionistas e identitarias, misógenas y sexistas, homófobas y transfóbicas,
antisemitas e islamófobas, antigitanas y aporófobas o desde otra intolerancia
como la que sufren las personas en razón de su discapacidad, origen étnico,
convicciones, ideología o creencias religiosas,
aspecto físico, edad, situación socioeconómica, profesión, lengua,
cultura o por cualquier manifestación de
la condición humana.
Esta protección deberá ir
acompañada de una Educación Inclusiva y
para la Tolerancia, como insiste la UNESCO, que contribuya a la
construcción de una ciudadanía libre, igualitaria, respetuosa, fraterna y
solidaria. Y para ello, además de una Autoridad instituida que acometa tamaña
tarea, incluida la preceptiva sanción cuya recaudación debería asignarse a la
lucha contra la discriminación y a la defensa de la víctima, tendrá que contar
con las entidades sociales con acreditado objetivo interés al respecto, concretando su participación
mediante un Consejo General para la
Igualdad de Trato y No Discriminación.
Bienvenida sea la iniciativa del
Grupo Socialista y esperemos buena acogida por todos los Grupos Parlamentarios,
a quienes pedimos que lo aborden como
asunto de Estado al servicio del interés general de la sociedad y de la
convivencia democrática, de la protección de los derechos fundamentales de
las personas y de la aplicación de los valores humanos universales, para
iniciar la andadura de una importante ley para nuestro país.
Esteba Ibarra
Presidente de Movimiento contra
la Intolerancia y
Secretario General del Consejo de
Víctimas de Discriminación y Delitos de Odio
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