Movimiento contra la Intolerancia pide que intervengan las Fiscalías de Delitos de Odio ante las agresiones que se produzcan por las controversias sobre los “lazos amarillos” u otros símbolos.
La reciente agresión que ha sufrido, con rotura del tabique nasal, una mujer que con sus hijos y marido transitaba en la Avenida Lluis Companys de Barcelona tras una controversia sobre los “lazos amarillos” debe de ser el punto final de la escalada de violencia y agresiones, de cualquier signo y orientación, que se está produciendo con motivo de la crisis catalana.
Si bien es clara la afirmación de la Fiscal General del Estado de que “poner o quitar lazos amarillos no es un delito”, obviando otro tipo de ilícitos normativos como la ocupación de espacios públicos, se evidencia que no se está evitando una escalada en la agresividad y hechos violentos al respecto, alimentados desde mensajes emitidos en redes sociales, medios e incluso portavoces políticos.
La agresión sufrida por Lidia, delante de su familia, en una controversia por los citados “lazos amarillos” no es simplemente un “delito común”. La carga simbólica de la discusión previa a la agresión denota que estamos ante un delito de lesiones cometido por “razón ideológica”, lo que estaría agravado como delito de odio, o cuando menos un daño a la dignidad, 510 del C. Penal, con frases emitidas de naturaleza xenófoba, por el agresor de Lidia, la mujer a quien insulta y lesiona gravemente.
Las informaciones que disponemos es que se han cometido agresiones, en diferentes sentidos, durante los últimos meses, por lo que todas ellas deberían de ser sancionadas. Por ello animamos a quienes las sufran, pese a las dificultades que se observan, a ponerlo en conocimiento de las distintas Fiscalías de Delitos de Odio existentes en Cataluña porque es así como han de abordarse, con el debido agravante que lleva implícito este tipo de delitos.
Sancionar con más dureza cualquier tipo de violencia generado por el “odio basado en la intolerancia” no resuelve el problema de fondo pero avisa de que la impunidad no es posible. La impunidad es el principal aliado de la violencia y aviva su extensión por lo que pedimos a toda víctima que no dude lo más mínimo de proceder a la denuncia por cualquiera de los delitos de odio que están recogidos en el Código Penal y de esta manera conseguir dos objetivos, hacer justicia ante estos ilícitos y frenar la expansión de odio por cualquier motivo de intolerancia que se produzca.
A la Fiscalía General y a los Fiscales de Delitos de Odio les solicitamos que intervengan de oficio ante los hechos que lleguen a su conocimiento, dado que muchas víctimas por temor a represalias pueden no denunciar los mismos, aún siendo perjudicados. Y a todos los medios de comunicación, partidos políticos y sociedad civil, les pedimos la condena ética y cívica, sin ninguna razón que tienda a justificar, la condena más absoluta de la violencia y de los delitos de odio, independientemente de quien los realice y donde se produzcan. La convivencia democrática depende de la no abdicación del Estado de Derecho y de la no indiferencia del conjunto de la sociedad. Como así nos ha enseñado la historia.
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