Inmersos en una gran e impredecible mutación global y personal que alcanza a todos los seres humanos y su relación entre ellos, así como al Planeta, sus ecosistemas e interacción humana, sin desdeñar lo que nos depara en otros confines del Universo galáctico, los tiempos que transitamos son como una tormenta sin fin en donde quienes nos conducen, poderes financieros insuficientemente visibles, luchan entre sí mientras se confunde al personal con zozobras apocalípticas y confusión instrumental basada en nuevas tecnologías, aparentemente liberadoras, en busca de una individuación sostenida en un nihilismo iliberal que posibilite el retroceso del progreso ético, político y social situándonos en una senda de mayor sometimiento de los miles de millones de seres que pueblan el planeta.
El último Barómetro de la Juventud, impulsado y financiado por el Banco Santander, revela que la juventud española es cada vez más feminista: el porcentaje que se declara como tal ha subido del 35% en 2017 hasta rozar casi el 50% en el presente año
Por sexos, el 62,1% de las mujeres afirman serlo frente al 37,3% de los hombre
Uno de cada dos jóvenes considera que la situación de las mujeres es “peor” o “mucho peor” que la de los hombres cuando se trata de los sueldos.
“Llevo muchos años como ejecutiva. Años en los que he visto suficiente como para saber que, en general, las mujeres no reciben un trato justo”. Esta declaración de Ana Botín, presidenta del Banco Santander, en su perfil personal de Linkedin, resume bien la situación actual del mundo laboral. Para combatir esa situación, el Santander está desarrollando en los últimos años políticas internas para conseguir la igualdad salarial total entre hombres y mujeres en su plantilla, o la paridad entre consejeros y consejeras. Pero, además, ha decidido impulsar y apoyar iniciativas públicas que permitan a la sociedad generar conciencia social en torno a la necesidad de eliminar cualquier tipo de discriminación.
La más significativa de ellas es el llamado Barómetro Juventud y Género, el más amplio y prestigioso de cuantos se hacen en España sobre este tema. Según el último informe, publicado este año, si bien la juventud española es cada vez “más feminista”, aún se siguen percibiendo situaciones de discriminación por razón de género y otras desigualdades, especialmente en materia laboral. Se trata de una percepción más evidente entre las mujeres que en los hombres.
El barómetro está realizado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), a través de su Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, está financiado por el Banco Santander y Telefónica, y apoyado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
De acuerdo con el barómetro 2019 -donde fueron entrevistados 1.224 chicos y chicas entre 15 y 29 años-, cada vez más se evidencia una tendencia feminista entre los españoles más jóvenes de ambos sexos. De hecho, este informe se realiza cada dos años y de 2017 a 2019 ha subido del 35% al 49% los jóvenes de 15 a 29 de edad que se considera feminista. Entre otras varias conclusiones muy llamativas que se desprenden del informe, es significativa la mayor percepción entre las chicas de la existencia desigualdad de género en España: dos de cada tres chicas, el 65,7%, califica las desigualdades de “grandes” o “muy grandes”, muy por encima de lo que opinan los chicos.
Además, según los resultados obtenidos en la investigación, hasta 7 de cada 10 jóvenes se han sentido discriminados por algún motivo en su vida cotidiana. En ese grupo, la mitad de las chicas indicó que ha padecido discriminación por género, frente a menos del 20% de los chicos. En este sentido, las mayores tasas de discriminación las sufren las chicas. La calle es el principal ámbito donde han percibido actitudes discriminatorias (52,4%), seguido del ámbito laboral (43,2%) y los bares, locales de ocio y otros tipos de servicios (33%).
En el caso de los hombres jóvenes, el 29,1% reconoce la calle como el principal ámbito discriminatorio, seguido del trato con la policía (declarado por el 23,9%) y por el acceso a servicios públicos como educación, sanidad o ayudas sociales (en el caso del 23,6% de los jóvenes consultados).
La materia laboral salarial, la más discriminatoria
Uno de cada dos jóvenes considera que la situación de las mujeres es “peor” o “mucho peor” que la de los hombres cuando se trata de los sueldos. Esta percepción es del 62% en las chicas, y de un 41% en los chicos. Además, ellas tienen menos oportunidades para encontrar un empleo o para ganar dinero: así opinan un 48,8% de las chicas y un 31,5% de los chicos. A su vez, la apreciación de una mayor dificultad de acceso a puestos de responsabilidad fue expresada por el 56,2% de las chicas encuestadas, frente al 35,2% de los hombres.
Los resultados del barómetro fueron presentados recientemente en la sede de Banco Santander en Madrid. En la presentación, el vicepresidente de Santander España, Juan Manuel Cendoya, aseguró: “La igualdad de género es una demanda social. Se ha avanzado mucho, pero todavía queda mucho por hacer. En todos los ámbitos. En las relaciones sociales, en el ámbito familiar, en el laboral… Los jóvenes son la mejor medida para ver si se está avanzando. Ellos son los adultos del futuro y si ellos no cambian, la sociedad no lo hará".
POR TENER INSTITUIDA UNA 'REPRESIÓN BRUTAL' HACIA LA MUJER, LA EJECUCIÓN DE LOS HOMOSEXUALES Y 'VIOLACIONES' MUY GRAVES DE DERECHOS HUMANOS
Señala que "más allá de la polémica banalizadora en cuanto a lo que supone el reconocimiento a un régimen retrógrado y teocrático, debe adoptar una posición común ante países que violan gravemente libertades y derechos fundamentales.
Movimiento contra la Intolerancia ha pedido al Congreso de los Diputados una condena explícita del régimen iraní, «por tener instituida una represión brutal hacia la mujer, la ejecución de los homosexuales y violaciones muy graves de derechos humanos».
Esta asociación de derechos humanos, que preside Esteban Ibarra, ha hecho este llamamiento en un comunicado, tras la visita a la Cámara Baja ayer de una delegación de Irán que «ha desatado una gran polémica a partir de conocerse el grave planteamiento machista del saludo protocolario a realizar»: la prohibición de que las diputadas saludasen a los hombres de la República Islámica.
El protocolo inicial enviado a los grupos parlamentarios indicaba que las mujeres no podían dar la mano a los representantes masculinos de Irán ni mirarles a los ojos.
El grupo parlamentario de Ciudadanos también rechazó acudir a la cita.
Ayer al mediodía, la embajada de Irán informó al Congreso sobre su protocolo -que impide que los hombres toquen a las mujeres-, y la Cámara lo trasladó, a su vez, a los diputados que habían confirmado su asistencia.
VOX mantuvo el ‘plante’ y desde Ciudadanos anunciaron un boicot parcial. La portavoz de Exteriores del partido, Melisa Rodríguez, no acudió porque no considera aceptables las condiciones establecidas, rechaza las políticas del régimen de Teherán y no ve oportuno mantener reuniones políticas con ese país, pero sí asistió a la misma la vicepresidenta de la comisión, María Luisa Alonso, alegando que acudía en condición de representante institucional de la Cámara.
Movimiento contra la Intolerancia indica que «más allá de la polémica banalizadora en cuanto a lo que supone el reconocimiento a un régimen retrógrado y teocrático, el Congreso de los Diputados debe adoptar una posición común ante países que violan gravemente los Derechos Humanos».
Esteban Ibarra fundó Movimiento contra la Intolerancia en 1992, a raíz de los «crímenes racistas» en aquella época, como el de Lucrecia Pérez.
«Las vejaciones, humillaciones, misoginia y machismo del régimen iraní se torna brutal cuando recientemente una mujer que protestaba contra la obligatoriedad de la ley del ‘hijab‘, que obliga a cubrirse la mayor parte del cuerpo, ha sido condenada a 24 años de cárcel por salir a la calle sin velo, acusándola por ello de prostitución», destaca Esteban Ibarra.
Recuerda que ésta ha sido la condena impuesta hace solo una semana a la activista iraní Saba Kord Afshari por el Tribunal Revolucionario de Teherán.
«Su delito fue protestar contra la obligatoriedad del ‘hijab’», lamenta Movimiento contra la Intolerancia.
Respecto a los «crímenes» que el régimen comete contra los homosexuales, la asociación alude a unas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Yavad Zarif, el pasado junio en Alemania a un medio de comunicación: “Nuestra sociedad tiene principios morales y vivimos de acuerdo con estos principios”.
Movimiento contra la Intolerancia señala que de esta forma el ministro pretendía «justificar» las ejecuciones de homosexuales.
«Es decir, el régimen iraní, de acuerdo con su ley, comete crímenes de odio homofóbicos, en un contexto de represión general de los LGTB del país», denuncia esta asociación.
También denuncia que el régimen iraní «viola las libertades civiles y políticas encarcelando a defensores de derechos humanos, sindicalistas y políticos», como advierten sistemáticamente numerosas ONG.
Indica que éstas también denuncian «vulneración del derecho a un juicio justo y maltrato de prisioneros, así como vulneración de la libertad de expresión, asociación y manifestación, y maltrato hacia minorías, migrantes y personas con discapacidad».
Esta asociación de derechos humanos manifiesta que «la intolerancia religiosa se torna penal con los Baha’is, a los que el gobierno iraní niega libertad de religión y discrimina, como a otras minorías religiosas, incluidos los musulmanes sunitas».
También denuncia que «restringe las actividades culturales y políticas» entre las minorías étnicas azeríes, kurdas, árabes y baluchis del país.
‘DISCRIMINACIÓN’ DEL RÉGIMEN A LAS MUJERES IRANÍES
Movimiento contra la Intolerancia subraya que «las mujeres iraníes son discriminadas en cuestiones de estatus personal relacionadas con el matrimonio, el divorcio, la herencia y la custodia de los hijos».
Relata que «una mujer virgen necesita la aprobación de su tutor masculino para contraer matrimonio, independientemente de su edad», y que «no puede transmitir su
nacionalidad iraní a un cónyuge extranjero ni a sus hijos».
Añade que «las mujeres casadas no pueden obtener un pasaporte o viajar fuera del país sin el consentimiento escrito de sus esposos».
Asimismo, hace hincapié en que según el Código Civil iraní, el marido tiene el derecho de elegir el lugar de residencia y puede evitar que su mujer tenga ciertas ocupaciones si las considera contrarias a los “valores familiares”.
Movimiento contra la Intolerancia reclama al Congreso de los Diputados una condena explícita ante «la violación grave y sistemática de derechos humanos por el régimen de Irán», y pide la libertad de todos los detenidos por la represión de esta «dictadura teocrática».
Al hilo de la polémica prohibición protocalaria de que las diputadas saludasen a los hombres de la República Islámica, Ciudadanos también registró ayer tarde una iniciativa parlamentaria pidiendo al Ejecutivo que condene la presión sobre las mujeres en Irán «por algo tan sencillo como es que no tengan libertad para quitarse el velo».
«Creemos que es indispensable que España se posicione por los derechos humanos en todo el mundo», ha subrayado la portavoz de Exteriores del partido.
La Policía Local detuvo este miércoles a un hombre de 25 años acusado de agredir, insultar y arrebatar el móvil a su novia, de 18 años. Dos testigos llamaron a la central para informar del suceso, que tuvo lugar en una lonja juvenil del polígono industrial de Ali-Gobeo.
Ali-Gobeo
Los agentes localizaron a la pareja en un bar de Salburua y se entrevistaron con el supuesto agresor, que tenía en su poder el móvil de la joven. Este negó haber agredido a su novia y argumentó que tenía el móvil porque ella le había pedido que se lo guardara.
La joven tenía un fuerte hinchazón en la cara y les informó de que tenía miedo de su pareja por su agresividad y continuos insultos. También reconoció que en la lonja le había pegado un puñetazo en la cara y otro en el costado cuando ella se negó a darle el móvil. Al negarse, su pareja se lo arrebató tras la agresión.
En vista de estas informaciones, los policías detuvieron al joven, que pasará a disposición judicial acusado de un delito de violencia de género.
Muchos de los delitos de odio que se cometen quedan fuera de las estadísticas oficiales porque no se denuncian o no se registran de forma correcta.
Una mujer embarazada paseaba junto a su marido por Barcelona cuando dos hombres decidieron increparle y agredirle. ¿El motivo? La mujer vestía un niqab, velo que usan algunas mujeres musulmanas y que solo deja ver los ojos. Ambos agresores fueron sentenciados a un año de cárcel cada uno por un delito de “discriminación por origen nacional y religioso” en 2017. Aunque pueda parecer un hecho aislado, 3 de cada 10 de mujeres de origen magrebí que visten niqab o velo y que residen en España reconocieron sentirse acosadas durante el mismo año que ocurrieron estos hechos en Barcelona. Muchas situaciones de acoso son delito, pero, ¿se denuncian siempre?
La publicación del informe del Ministerio de Interior sobre los delitos motivados por odio cometidos durante 2017 hizo saltar las alarmas. De un año para otro, las denuncias por este tipo de delito pasaban de 1.272 a 1.419. Y, aunque es cierto que existe un aumento de casos registrados, la realidad es mucho más compleja. No podemos saber si este aumento se debe a que se cometen más delitos o hay más concienciación y, por tanto, denuncia. De hecho, el inspector Carlos Morán, de la Oficina de Delitos de Odio del Ministerio de Interior, opina que desde el ministerio están “sacando a la luz muchos delitos que quizás antes no se denunciaban”.
Desde el 2013, el primer año que se publicaron estas estadísticas, los números han ido variando. “En los últimos cinco años hemos pasado de tener unos datos que a lo mejor no eran del todo completos, a unos datos que ahora se entienden muy completos”, cuenta el inspector. En este proceso, ha habido un cambio de metodología importante en relación a la recogida de denuncias de delitos de odio por diversidad funcional y se ha ofrecido información más detallada de dónde se cometieron los hechos en los últimos años, por ejemplo. La comparación o análisis de la evolución de estos delitos en varios años se vuelve difícil con estos cambios de metodología en las estadísticas.
De hecho, en el último informe de la Comisión Europea contra el Racismo y la Xenofobia (ECRI) sobre España se hacía alusión a los datos oficiales de forma crítica: “Las estadísticas de la policía sobre los delitos motivados por el odio se caracterizan por la notificación insuficiente y por las incoherencias con las estadísticas judiciales. Así pues, no proporcionan una visión realista del alcance de este tipo de delitos y no pueden utilizarse totalmente para mejorar su investigación”.
En Inglaterra y Gales, en 2017 y 2018, se registraron más de 71.000 delitos de odio solo por racismo. “Tener muchos delitos de odio recogidos es un indicador de que por lo que sea se está haciendo algo y el sistema los está detectando. Cuando un sistema te da muy pocos, algo falla”, explica Pablo López, de la Agencia de la Unión Europea de los derechos fundamentales (FRA). El inspector Morán reconoce que Reino Unido es el ejemplo a seguir y explica la importancia de tener un buen sistema de recogida: “Cuantos más datos tengamos sobre los hechos, más fácil será su prevención y también la reacción a los mismos”.
Lo que no recogen las estadísticas
Los expertos consultados aseguran que el número de casos es mucho mayor al que conocemos. “Ahora van apareciendo más delitos de odio, pero los datos aún siguen siendo bajos por la infradenuncia que existe sobre todo en los colectivos más vulnerables”, cuenta Gonzalo Santos, responsable del área de Gestión de la Diversidad y Empresa de la ONG Red Acoge. No podemos conocer la cifra de delitos de odio que se cometen y no se denuncian, pero podemos hacernos una idea a través de las encuestas realizadas directamente a esos colectivos. Por ejemplo, de los ciudadanos de origen magrebí que viven en España y que habían sufrido algún tipo de acoso por racismo entre 2011 y 2016, un 98% no denunció el último incidente ante la polícia o alguna organización. Los que sí lo hicieron entrarían dentro del número de denuncias de delitos de odio por motivación racista o xenófoba que publica el ministerio, y que registró 524 casos en 2017. La gran mayoría de incidentes, que no se denunciaron, según la encuesta, no están reflejados en esa cifra.
Y aunque cada persona tiene unas circustancias y no podemos saber porqué no dan el paso a denunciar, conocemos los motivos que más se repiten. Según la FRA, las víctimas sienten miedo o vergüenza, no conocen sus derechos, creen que el proceso judicial es costoso y largo, y desconfían de la policía. Santos señala dos más: muchas de las víctimas tienen una situación irregular en el país y denunciando se arriesgan a ser deportadas; otras no son conscientes de que están siendo discriminadas, y si son conscientes piensan que es “el precio a pagar por estar en un país distinto al de origen”.
Tanto la policía como las organizaciones que trabajan directamente con estos colectivos son clave para terminar con esta infradenuncia y formar a las víctimas en sus derechos. “Eso es lo que estamos trabajando, estar cerca de las víctimas, tener más relación con las organizaciones civiles, ofrecer mayor confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad para que vengan a denunciar y sacar a la luz todos esos delitos”, afirma el inspector Morán. Hay policías locales, sin embargo, que van un paso más allá en este esfuerzo. Es el caso de la Unidad de Gestión de la Diversidad de la ciudad de Madrid, formada por 30 agentes y dedicada exclusivamente a tratar con este tipo de delitos.
Esta unidad, emplazada en el centro de la ciudad, tiene una sala de espera con un sofá y decenas de carteles a favor de la diversidad colocados en las paredes o sobre la mesa. La sala principal no se parece en nada a las comisarías normales: es espaciosa, tranquila y trabajan policías no uniformados. “Ver a un policía con el uniforme puede ser otra barrera, explica la agente Carolina. Además, afirma que esto puede ocurrir porque en muchos países de origen y en determinadas situaciones, históricamente la policía ha sido parte responsable de la vulneración de derechos. Allí asesoran y acompañan a cualquier persona que pueda haber sufrido un delito de odio y le dan la opción de denunciar, o no hacerlo. En cualquiera caso, la unidad lleva, junto con las oenegés, un registro de hechos motivados por el odio recogidos a través de las redes sociales, de la prensa o de personas que no dan el paso a la denuncia. El objetivo último es tener información para conseguir prevenir los delitos de odio.
La Fundación Secretariado Gitano, por ejemplo, tiene 30 técnicas en diferentes ciudades dedicadas a atender y asesorar víctimas de discriminación y delitos de odio. “Tenemos un protocolo común donde hay posiblemediación, conciliación, denuncia e incluso se puede llegar a litigio en casos graves”, explica Javier Sáez, del departamento de igualdad y lucha contra la discriminación de la fundación. Con todas las víctimas que llegan a ellos, estas organizaciones crean sus propias estadísticas. Solo en la fundación, en los tres años que llevan recogiendo estos datos, han pasado de 150 incidentes por discriminación por ser gitano a casi trescientos. “No es un muestreo estadístico ni es una encuesta de verdad. Es simplemente lo que nos llega.No creo que haya aumentado porque haya más actos o incidentes, sino porque ha habido mucha más red de recogida de datos”, explica Sáez.Sin embargo, ellos mismos reconocen sus limitaciones. Una de las principales es la infradenuncia de personas en situación administrativa irregular. “Venga documentado o indocumentado le vamos a recoger la denuncia. Pero no podemos asegurar que en todo el proceso alguien no abra algún procedimiento por la situación administrativa de la persona”, explica Víctor, agente en la unidad. Asegura, además, que esta preocupación se la trasladan también desde las organizaciones. “Con la experiencia que has tenido previa con la policía, no piensas que sea precisamente la que te va a ayudar o a la que ir a denunciar. Te acercas más bien a una organización. Estas organizaciones te van a dar una realidad que para ti como policía, como institución pública, puede estar oculta”, explica López, de la FRA.
De hecho, acercase a estas organizaciones es una de las promesas del nuevo Plan de Acción en la lucha contra los Delitos de Odio puesto en marcha este año por el Ministro Marlaska, que ya las ha incluido en la elaboración del mismo.
Los obstáculos del sistema
Las dificultades para identificar, registrar y perseguir los delitos de odio no vienen solo por la infradenuncia, aunque este sea el mayor de los problemas. Incluso cuando se da el paso a la denuncia, no siempre estos incidentes racistas, antisemitas o contra el colectivo LGTBI son procesados como delitos de odio. Los cuerpos de seguridad son el primer filtro para esta clasificación correcta. “Tú puedes simplemente investigar el delito de odio como un homicidio normal, incluso penarlo como un homicidio normal, pero eso no basta porque entonces pasa desapercibido todo ese componente de mensaje que tiene un delito de odio”, explica López.
Pero, ¿cómo distingen los cuerpos de seguridad entre un delito con componente de odio y cualquier otro tipo de delito? Para hacer esta identificación de forma correcta los cuerpos de seguridad se basan en una serie de factores, conocidos como índices de polarización. Tienen que tener en cuenta, entre muchos otros, dónde se cometió el delito (cerca de un lugar de culto, por ejemplo), si el agresor o agresora pertenece a un grupo extremista, o si la fecha en la que se comete es especial para la víctima o el agresor (20 de abril, fecha de nacimiento de Hitler; o el Ramadán). Otro de los principales indicadores es la gratuicidad de la agresión, “o sea, que no haya habido una problemática anterior entre la víctima y el agresor”, explica el agente Víctor.
La última memoria publicada por la Fiscalía General del Estado reconoce la mejora en la identificación de estos delitos, pero también asegura que todavía se tramitan como delitos leves, cuando deberían incluirse en un rango superior por tener un agravante de motivación por odio: “La creación de los llamados delitos de odio con la finalidad de tutelar los derechos fundamentales de los colectivos que sufren algún tipo de discriminación social exige investigar con rigor los indicadores de odio y adecuar el reproche penal a los mismos”, explica el documento.
Y aunque el objetivo en la lucha contra los delitos de odio parece estar claro, la interpretación judicial de los mismos no lo está. El pasado mes de mayo, la propia Fiscalía General del Estado intentaba arrojar luz sobre los límites y la aplicación de este tipo de delito a nivel jurídico a través de una circular. La sorpresa llegó con la afirmación de que la incitación al odio contra el colectivo de ideología nazi también era constitutivo de delito de odio bajo el artículo 510 del Código Penal. Sobre esto, Enara Garro, profesora de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco y coautora del libro Delitos de odio: derecho comparado y regulación española, opina lo siguiente: “Si se extiende la protección reforzada de los delitos de odio a colectivos no vulnerables o desfavorecidos, indirectamente se estará trivializando la auténtica criminalidad de odio, poniéndola al mismo nivel de otras realidades menos trascendentes”.
El artículo 510 recoge los delitos que fomenten, promuevan o inciten de forma directa o indirecta al odio contra un grupo o una persona por motivos racistas, antisemitas, de identidad sexual o de discapacidad, entre otros. “La delimitación legal de grupos protegidos suele ser explicable conforme a una lógica histórica y sociológica, es decir, suele tratarse de grupos que han sufrido tradicionalmente la discriminación, la hostilidad y en el peor de los casos, la persecución y la violencia. Este es un aspecto crucial para diferenciar los ‘auténticos’ delitos de odio de otras realidades”, explica Garro. Junto con el 510, el artículo 22.4 del Código Penal también aplica como circustancia agravante cuando un delito tiene un componente de odio contra estos grupos. Sin embargo, este agravante se ha aplicado, por ejemplo, en sentencias como la de Alsasua, por tener un componente de odio hacia la Guardia Civil, pese a no ser un colectivo incluido como aquellos que necesitan especial protección.
El discurso de odio y la desinformación
El pasado mes de abril, el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmersmans, afirmaba que el antigitanismo está creciendo: “Estamos siendo testigos de discursos extremistas, incluidos los de algunos políticos, y la proliferación del discurso de odio y de las fake news. Las palabras llevan al odio, y el odio lleva a la violencia”. El delito de odio contra estos colectivos tiene muchas veces forma de discurso, ya sea verbal -un discurso político- o escrito -comentarios en redes sociales. El último informe anual de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) hacía hincapié sobre esto: “la situación del discurso de odio online se ha increcentado con la viralización de las llamadasfake news, que en la mayoría de los casos están diseñadas para crear una imagen distorsionada de grupos minoritarios vulnerables”.
Miembros del Gobierno Vasco reunidos con la secretaria de Estado para las Migraciones. /
GV
El objetivo es propiciar un «marco estable de trabajo» para «mejorar los procesos de acogida e intregración en materia migratoria y de asilo»
La situación fronteriza de Euskadi y la cobertura que ofrecen las instituciones vascas a la población migrante le convierten en un territorio con importantes flujos de extranjeros cada año. El Gobierno Vasco ha demandado en más de una ocasión una mayor coordinación con el Ejecutivo central en esta materia para una gestión más efectiva y equitativa respecto al resto de comunidades autónomas. Ayer la consejera de Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, se reunió en Madrid con la secretaria de Estado para las Migraciones, Consuelo Rubí, con la que acordó la creación de una mesa de trabajo en la que ambos gobiernos tratarán cuestiones relacionadas con la materia.
El objetivo de esta será «mejorar los procesos de acogida e integración en materia migratoria y de asilo» entre ambos Ejecutivos, explica el Gobierno Vasco en un comunicado. Artolazabal aseguró ayer que su departamento y la secretaria para las Migraciones han acordado la creación de «un marco estable de interlocución para compartir el análisis y la información sobre necesidades, recursos y dispositivos desde una perspectiva de globalidad».
El pasado 17 de julio el Ejecutivo vasco entregó al cental su 'Propuesta para compartir una agenda de trabajo que configure una respuesta integral y europea ante el reto migratorio', que recababa 22 propuestas concretas en ámbitos como la inmigración no regularizada o la gestión de los 'menas' y los 'jenas'. De esa propuesta y de la estrategia vasca 'Share' que el lehendakari Urkullu presentó la semana pasada en el Vaticano se trató ayer en la reunión. Artolazabal recordó que 'Share' persigue «la distribución de las personas solicitantes de asilo y de 'menas' entre las comunidades», así como «un acuerdo de corresponsabilidad para la respuesta a los retos migratorios» dentro de la UE.
El Gobierno Vasco presentó ayer la propuesta 'Share' a la secretaria de Estado para las Migraciones
El Estado ha denegado la petición de asilo a algunos de los migrantes que saltaron la valla de Ceuta
En la reunión también participaron la viceconsejera de Políticas Sociales, Lide Amilibia; el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación Jonan Fernández; y la directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Mónica Hernando.
Salto a la valla
Si bien la entrada de migrantes a la península se ha reducido considerablemente en lo que va de año, todavía siguen entrando personas, especialmente por tierra. Uno de los últimos casos ha sido el del salto a la valla de Ceuta por parte de 155 migrantes. Ayer se pudo saber que el Ministerio del Interior ha resuelto con su inadmisión a trámite las primeras solicitudes de asilo presentadas por algunos de esos migrantes. Los abogados de oficio que asisten a los peticionarios de protección internacional y Acnur han recurrido solicitando otro examen de los expedientes y, en su caso, una ampliación de la declaración efectuada por los subsaharianos, la mayoría procedentes de Guinea Conakry.
NOTA DE PRENSA. 04/09/2019 La visita al Congreso de una delegación de Iran, ha desatado una gran polémica a partir de conocerse el grave planteamiento machista del saludo protocolario a realizar. Más allá de la polémica banalizadora en cuanto a lo que supone el reconocimiento a un régimen retrógrado y teocrático, el Congreso de los Diputados debe adoptar una posición común ante países que violan gravemente de los Derechos Humanos. Las vejaciones, humillaciones, misoginia y machismo del régimen se torna brutal cuando a una mujer que protestaba contra la obligatoriedad de la ley del ‘hijab’, que obliga a cubrirse la mayor parte del cuerpo, se le condenó a 24 años por salir a la calle sin velo y acusó de prostitución. Este fue el caso hace solo una semana de la activista iraní Saba Kord Afshari ha sido condenada por el Tribunal Revolucionario de Teherán. Su delito fue protestar contra la obligatoriedad del ‘hijab’ y no admitir en confesión sus supuestos delitos. Respecto a los homosexuales la respuesta en una rueda de prensa del pasado mes de junio en Alemania, a preguntas del Bild-Zeitung, Mohammad Yavad Zarif, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, fue contundente:“Nuestra sociedad tiene principios morales y vivimos de acuerdo con estos principios.” Es decir el Régimen Iraní, de acuerdo con su ley, comete Crímenes de Odio homofóbicos, en un contexto de represión general de los LGTB del país. Respecto a las libertades civiles y políticas, numerosas ONG han denunciado la vulneración del derecho a un juicio justo y el trato de prisioneros, así como de la libertad de expresión, asociación y manifestación, el encarcelamiento de personas defensoras de los derechos humanos, sindicalistas y prisioneros políticos que son represaliadas y por el trato hacia minorías, los migrantes y los derechos de personas con discapacidad. La Intolerancia religiosa se torna penal con los Baha’is a los que el gobierno niega libertad de religión y discrimina, como a otras minorías religiosas, incluidos los musulmanes sunitas, y restringe las actividades culturales y políticas entre las minorías étnicas azeríes, kurdas, árabes y baluchis del país. Las mujeres iraníes son discriminadas en cuestiones de estatus personal relacionadas con el matrimonio, el divorcio, la herencia y la custodia de los hijos. Una mujer virgen necesita la aprobación de su tutor masculino para contraer matrimonio, independientemente de su edad, y no puede transmitir su nacionalidad iraní a un cónyuge extranjero ni a sus hijos. Las mujeres casadas no pueden obtener un pasaporte o viajar fuera del país sin el consentimiento escrito de sus esposos. Según el código civil, el marido tiene el derecho de elegir el lugar de residencia y puede evitar que su esposa tenga ciertas ocupaciones si las considera contrarias a los “valores familiares”.
En consecuencia, Movimiento contra la Intolerancia reclama una condena explícita por el Congreso de los Diputados de la violación grave y sistemática de derechos humanos por el régimen de Irán, y pide la libertad de todos los detenidos por la represión de esta dictadura teocrática. Fuente y más información aquí
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