La Fiscalía pide 12 años de cárcel para Pedro Valera, dueño de la
Librería Europa, por inducción al odio, negación del Holocausto y asociación
ilícita
«Queremos que el juicio acabe con
un mensaje: 'No tenéis nada que hacer en España'», apunta a ABC Esteban Ibarra,
fundador y presidente de Movimiento contra la Intolerancia; asociación que
formalizó la querella contra Pedro Varela y la Librería Europa, «centro
neurálgico del nazismo», no sólo en nuestro país, sino también en
Latinoamérica, con la producción, elaboración y difusión de materiales
antisemitas y de negación del Holocausto que, desde Barcelona, distribuía la
Asociación Cultural Editorial Ojeda
Tras la asociación está Varela,
sobre el que pesan tres condenas firmes. Dos de ellas por justificar el
genocidio y, una tercera, por un delito contra la propiedad intelectual, por
vender 'Mi lucha', de Adolf Hitler. El próximo 14 de mayo se sentará en el
banquillo de la Audiencia de Barcelona, junto a otros cinco acusados, por
asociación ilícita y delitos continuados contra las libertades y los derechos
fundamentales. La Fiscalía, al igual que la acusación popular, solicita para él
doce años de cárcel, aunque en caso de ser finalmente condenado, podría
beneficiarse de la atenuante de dilaciones indebidas, dada la demora en la
celebración de la vista.
Fue en 1996 , un lustro después de su apertura, cuando el
Fiscal Superior de Cataluña ordenó intervenir la librería de la calle Séneca
por primera vez. De allí los Mossos d'Esquadra se llevaron más de 20.000 libros
de contenido revisionista, pero el espacio, así como Ediciones Ojeda, siguió
operando. Diez años más tarde, llegó la segunda operación de la Policía
catalana contra el local, donde no solo se vendían libros que «enaltecían,
justificaban y alababan las acciones de exterminio llevadas a cabo por el III
Reich, defendiendo la figura de Hitler y justificando, negando y ridiculizando
los crímenes ejecutados por dicho régimen», sino que allí se impartían
conferencias en las que se difundía «la cultura del odio supremacista y de
animadversión y segregación racial contra lo que ellos consideran como 'razas
inferiores'». En contraposición, en las charlas se ensalzaba la «pureza de la
raza blanca y la necesidad de perpetuar esta estirpe».
La asociación Ediciones Ojeda,
con su editorial, en su sede de Barcelona «se ha distinguido por ser un centro
de propagación del pensamiento nacionalsocialista y de extrema derecha, con
difusión de contenidos que ponen en peligro las condiciones de vida, existencia
y seguridad de todas aquellas personas y colectivos que no responden a su
visión racista, supremacista, xenófoba u homófoba del ser humano», apunta el
Ministerio público en su escrito de acusación. La librería permanece cerrada
desde 2016, tras una nueva operación de los Mossos, pero no por su actividad,
sino por carecer de licencia. Ahora el fiscal pide su clausura definitiva.
Discípulo de Degrelle
Al frente de la tienda, recuerda
Ibarra, está quien fuera pupilo del exjefe de las Waffen S.S. León Degrelle.
Fue tras la liberación de Bélgica, en 1944, cuando Degrelle se refugió en
España, bajo el abrigo de la dictadura franquista. En la década de los sesenta
fue uno de los impulsores del Círculo Español de Amigos de Europa (Cedade),
organización de ideología nacionalsocialista, creada en la capital catalana y
cuyo nacimiento constituyó el inicio del movimiento neonazi en España y
«embrión» del nacionalsocialismo español. Varela fue su presidente durante 15
años –entre 1978 y 1993–, en los que la asociación se convirtió «en un
referente histórico para las organizaciones neonazis posteriores, llevando a cabo
una intensa actividad de edición y distribución de propaganda», tanto en España
como en otros países, sostiene el escrito de acusación.
Desde Movimiento contra la
Intolerancia, que ejerce la acusación popular, junto con la Federación de
Comunidades Judías de España, esperan que el juicio sirva de una vez por todas
para clausurar la sede de la calle Séneca y mandar un mensaje claro: que la
incitación al odio y la negación del Holocausto «se sancionan», apunta Ibarra.
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