Dos niñas vascas, víctimas de ablación

El Instituto de la Mujer estima que en Euskadi hay 800 menores inmigrantes en riesgo

Dos niñas residentes en el País Vasco fueron víctimas de ablación de clítoris en 2013, según ha denunciado la Fiscalía en su última memoria. Son hijas de familias originarias de las repúblicas de Mali y Guinea, respectivamente. El Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) estima, además, que otras 800 mujeres de entre 0 y 14 años procedentes de países del África subsahariana podrían estar en riesgo de ser mutiladas y elabora ya un protocolo.

Los casos fueron detectados por trabajadores sociales después de que las familias solicitaran ayudas. En el primero de los casos, el de la niña de Guinea, los servicios sociales tenían «plenamente acreditado» que la preadolescente había sido víctima de ablación clitoriana y un juzgado ya ha abierto diligencias. En el segundo supuesto está pendiente el informe del médico forense, aunque los padres no han negado los hechos.

Aparentemente, según la Fiscalía, estas familias estaban integradas en el modo de vida occidental, que considera la mutilación genital una grave vulneración de los derechos de las mujeres. Los progenitores, de hecho, se desvincularon de la intervención y aseguraron que vino ordenada «por parte de los abuelos o familiares de las niñas». «No compartimos esa práctica», señala el Ministerio Fiscal como respuesta de los padres en sede judicial.

Todo apunta a que fue en estancias vacacionales en sus países de origen cuando las jóvenes fueron sometidas a ese rito ancestral, muy corriente en una veintena de países del África subsahariana, aunque también en Egipto o en el nuevo Irak ultraortodoxo del Estado Islámico (IS).

La mutilación de los genitales marca el paso de niña a mujer, trata de preservar su virginidad hasta el matrimonio y busca garantizar que las mujeres tengan en su madurez una sexualidad acorde a determinados cánones.

La Fiscalía lamenta que, hasta ahora, los poderes públicos sólo hayan podido intervenir «cuando la ablación ya ha tenido lugar». «El riesgo se encuentra cuando las menores abandonan el territorio nacional para ir a sus países de origen. La protección supondría impedir que dichos viajes se produjeran», reseña en su memoria el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, que entiende también que el hecho de que las intervención quirúrgicas –muchas veces realizadas en pésimas condiciones y con claros riesgos para la salud de las pequeñas– se produzcan en el extranjero dificulta tanto conocer la «autoría» de la mutilación como la «responsabilidad de los padres» en lo sucedido.

Según datos de Emakunde, se estima que en el País Vasco hay 11.000 inmigrantes de países que no han abolido la mutilación genital, como Nigeria, Mauritania o los citados Mali y Guinea. De ellos, 3.100 son mujeres y 800, jóvenes en potencial riesgo de ser mutiladas. La ablación es un delito en España y todos los conocedores del fenómeno alertan de que se suelen aprovechar estancias más o menos largas en los países de origen para llevarla a cabo.

Las familias que mantienen en el siglo XXI esta «tradición» se exponen a penas de prisión en España y las víctimas de la ablación pueden serlo por partida doble, al verse abocadas a quedar internadas en un centro de menores y, por tanto, solas en un país extranjero. Ante esta disyuntiva, la Fiscalía opta por no incrementar el sufrimiento de las pequeñas y no solicita que los progenitores pierdan la custodia.

http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=23933807&tipo=1&sec=El%20Mundo&fecha=16_09_2014&pla=pla_11014_Madrid