Esteban Ibarra: ‘En España está creciendo la xenofobia y el odio ideológico, con más de 200 crímenes desde que hay democracia y 627 grupos violentos’

Esteban Ibarra: ‘En España está creciendo la xenofobia y el odio ideológico, con más de 200 crímenes desde que hay democracia y 627 grupos violentos’

El presidente de Movimiento contra la Intolerancia reclama una Ley Integral de Protección Universal de las Víctimas de Delitos de Odio, para abordar esta lacra en todos los ámbitos desde la prevención hasta la sanción y la asistencia a la víctima

«En España está creciendo la xenofobia y el odio ideológico, con más de 200 crímenes desde que hay democracia y 627 grupos violentos». Así lo advierte Esteban Ibarra Blanco, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio, y codirector del Observatorio de Violencia Política en Cataluña.

Ibarra destaca que los delitos de odio están basados en la intolerancia al diferente, como afirman el Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), y denuncia que son una trágica realidad en nuestros días, en un contexto de crecimiento de la polarización extremista, la xenofobia, el racismo, el antisemitismo, la intolerancia con la libertad de religión y convicción, la misoginia, la homofobia, la transfobia, el ultranacionalismo, el fanatismo ideológico, el antigitanismo, el edadismo, entre otras conductas de intolerancia que niegan el valor universal de la dignidad humana, sus libertades y derechos a la persona por su diversidad.

Ante este problema, insta al Gobierno a impulsar «sin más dilaciones» una Ley Integral de Protección Universal de las Víctimas de Delitos de Odio, con capacidad jurídica para intervenir con eficacia en todos los ámbitos, dimensiones y circunstancias, así como para apoyar y proteger a las víctimas.

Una reivindicación que también ha planteado al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía General del Estado, quienes «sí han mostrado comprensión hacia la necesidad de universalizar la protección de la víctima del delito de odio».

En esta entrevista, Esteban Ibarra hace una radiografía del problema y plantea medidas para combatirlo. Al Gobierno, pero también a la sociedad en general, a la que pide solidaridad con las víctimas.

En este sentido, parafraseando a Elie Wisel, premio Nobel de la Paz y sobreviviente del Holocausto, destaca que quien no recuerda, pierde su humanidad.

También explica en este diario cómo nació Movimiento contra la Intolerancia, que es una asociación de derechos humanos apartidista, apolítica, quienes la integran y qué iniciativas llevan a cabo.

Y repasa algunos de los crímenes de odio más sangrantes de la historia de España.

La asociación que lidera fue creada a raíz del asesinato de la dominicana Lucrecia Pérez, en el madrileño barrio de Aravaca, que fue «el primer crimen de odio racista en nuestro país», del que el pasado 13 de noviembre se conmemoraron 30 años.

Ibarra la preside desde su fundación.

¿Qué le parece que a una persona negra, Vinicius, se le grite «mono» y eso quede impune? Usted fue el denunciante de estos hechos en nombre de su asociación.

Me parece francamente mal e inquietante, porque es un daño a la dignidad de la persona y eso está protegido por el Código Penal.

La gente que estuvo gritándole eso a Vinicius cometió un delito de odio del 510 del Código Penal, artículo que protege a la persona, su dignidad y sus derechos fundamentales.

¿Y por qué lo ve inquietante? ¿Puede abrir la puerta a que este tipo de conductas se cometan en los estadios, ya que esta en concreto se queda sin reproche penal?

Exacto. Mal mensaje se está transmitiendo…

Considero que en este caso ha habido un déficit en la investigación de estos hechos y también del control de los aledaños a través de las cámaras de vigilancia y de la seguridad privada, que tiene responsabilidad en todas las entradas al campo y, desde su colaboración, puede ser testigo de estas situaciones.

Dentro del campo también hay seguridad privada y cámaras, que posibilitan el control interior.

La resolución de la Fiscalía revela unos déficits de seguridad preocupantes y una banalización del problema.

El representante del Ministerio Público argumenta que gritaron «mono» unos segundos. También en unos segundos se puede matar a una persona…

¿Qué radiografía hace del problema del odio ideológico en España? Con cifras.

En nuestro país está creciendo la xenofobia, el odio ideológico y otras formas de intolerancia, que desde la democracia se ha saldado ya con más de 200 crímenes de odio.

Desde Movimiento contra la Intolerancia advertimos del crecimiento de los extremismos y del fanatismo, del peligroso crecimiento del discurso de odio antiinmigración, antigitano, islamofobia y del antisemitismo en España, especialmente en redes sociales, entre los jóvenes, como se desprende de nuestro Informe Raxen, de la última encuesta de la Fundación FAD Juventud y del informe del Ministerio del Interior sobre delitos de odio.

Esa reciente encuesta del FAD, en línea con el resto de informes, arroja que el 25% de los encuestados tiene prejuicios y actitudes de intolerancia xenófoba, antigitana e islamófoba y rechazo a la diversidad, lo que supone un caldo de cultivo para comportamientos peligrosos.

Llama la atención que el 5% de jóvenes conteste sin rubor que ha insultado, se ha burlado o agredido por intolerancia. Por tanto, vulneración de derechos, lo que es, en la mayoría de los casos, un delito de odio.

Insisto, se está disparando el discurso de odio y se va disparando ya la violencia. El pasado lunes hubo en Madrid un asesinato de un menor, de 15 años, y otro de 21 quedó gravemente herido con un tiro en el vientre a manos de un miembro de la banda Dominicans Don’t Play. Las víctimas probablemente eran Trinitarios. Por tanto, miembros de grupos juveniles de identidad que se matan entre unos y otros.

Desde Movimiento contra la Intolerancia exigimos la protección universal de las víctimas y planes contra el racismo y el antisemitismo, sin olvidar a las víctimas del odio ideológico terrorista.

Estas conductas se han saldado con crímenes de odio, como del caso de Víctor Laínez, en Zaragoza, quien portaba unos tirantes con la bandera de España; el de Ely, de Valladolid, víctima de homofobia, o Younes Bilal, joven marroquí asesinado por xenofobia en Murcia.

Recordemos también recientes crímenes con indicios de odio, como el de Samuel Luiz en La Coruña o el del joven rapero con asperger Isaac López, en Madrid.

Desde la salida del Covid ha habido muchos gestos contra de este tipo de conductas de intolerancia, pero no se entra a erradicar el problema.

¿Percibe usted una actitud de indolencia desde las autoridades políticas frente a esta lacra?

Desgraciadamente, sí. El Gobierno y los ejecutivos autonómicos y locales tienen que tomarse en serio la lucha contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y toda forma de intolerancia, y modificar su actitud de indolencia.

Nosotros llevamos más de tres décadas reivindicando reformas legales, una mayor implicación de las instituciones, más sensibilidad de los medios de comunicación hacia el problema y que se fortalezca a las ONG que luchan contra el racismo y la intolerancia.

El Legislativo y el Ejecutivo dieron la espalda a la protección universal de la víctima del delito de odio en la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que ha conllevado la nueva regulación de los delitos de odio en los artículos 22.4, 314, 510, 511, 512 y 515.4 del Código Penal.

¿Por qué?

Porque en la nueva redacción de esos tipos penales se suprimió la cláusula general antidiscriminatoria que había incorporado el anterior Gobierno socialista en 2018 -adecuándose al mandato constitucional y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos- y se ha producido un efecto de exclusión y discriminación hacia el resto de víctimas que sufren delitos de odio.

Así, hay personas excluidas, legalmente discriminadas de facto del Código Penal, como es el caso de quienes sufren agresiones por su aspecto físico, por motivo de identidad cultural, lingüística, deportiva, profesional, opinión, por origen territorial o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, protegidas universalmente por la Constitución española.

Toda persona o grupo que sufra una infracción penal por ser seleccionada en razón de cualquier característica de la condición humana, ha de ser protegida por la Ley.

Exactamente, ¿qué es lo que reclama al Ejecutivo?

Que impulse sin más dilaciones una Ley Integral de Protección Universal de las Víctimas de Delitos de Odio, para abordar esta lacra en todos los ámbitos desde la prevención hasta la sanción y la asistencia a la víctima. 

También se lo hemos planteado al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía, que sí han mostrado comprensión hacia la necesidad de universalizar la protección de la víctima del delito de odio.

Es necesaria una estrategia integral y planes transversales que vayan desde la educación hasta la seguridad y desde los niveles estatales hasta los locales, de forma que todo el tejido social e institucional de este país tenga un instrumento para defender los derechos de las personas.

Por cierto, ¿usted ve delito de odio en los enfrentamientos entre bandas? Habla de bandas juveniles, en vez de decir latinas. ¿Es para no criminalizar al colectivo?

A mi juicio, sí hay delito de odio. Y respecto a la otra cuestión, ha dado en el clavo.

¿Ve también delito de odio en los ataques de algunos políticos de Podemos a los jueces tildándolos de machistas?

Cuando hay ataques generalizados, sí. Eso tiene una interpretación que podría caber en un concepto de delito de odio como el que defiende la ONU: por cualquier factor de identidad.

Un factor de identidad pueden ser los jueces.

Si lo que dicen es que hay jueces machistas, es una opinión. Si las críticas van dirigidas a la institución, es una opinión política, si se arremete contra los jueces o policías y guardias civiles por su condición es delito de odio.

¿Quién es el interlocutor del Gobierno en esta materia? ¿El ministro del interior?

No tenemos un punto de referencia claro en el Gobierno. Por ello, reclamamos una Dirección General de apoyo a las víctimas de crímenes de odio. 

En materia de víctimas del terrismo y de violencia de género, por ejemplo, sí hay figuras que centralizan esa lucha. En cambio, en este asunto la interlocución está dispersa. 

Recientemente, la delegada del Gobierno en Madrid, María de las Mercedes González Fernández, ha informado que en España tienen detectados 627 grupos violentos, a partir de la radiografía que tiene el Ministerio del Interior. Esto me preocupa mucho.

¿Cómo se debe combatir esto?

Hay que evitar que nuestros jóvenes se incorporen a los grupos violentos, se están incorporando gracias al discurso de odio. 

Para ello, hay que hacer un trabajo intenso en la Educación de deslegitimación de la violencia y la intolerancia. 

¿No se están llevando a cabo programas educativos en este sentido? 

No, salvo alguna excepción. Y son necesarios para alumnos de 11 años en adelante, para fijar en ellos el rechazo a la violencia, para deslegitimar la violencia y la intolerancia.

¿Qué más plantea para combatir a estos grupos?

Perseguir a las estructuras organizadas que promueven el odio y la violencia (514.4 del Código Penal). 

Me refiero a los ultras de fútbol, bandas juveniles, bandas extremistas de ultraderecha y de ultraizquierda, entre otros grupos que son capaces de practicar la violencia contra el diferente.

Ponga apellidos a la violencia que se está produciendo.

Agresiones a inmigrantes, por motivo de homofobia, sobre todo transfobia, por odio ideológico y violencia política, como se denuncia en Cataluña con el tema de la hispanofobia. 

Hay agresiones a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estando fuera de servicio y a sus familiares. El caso más sonado de los últimos años ocurrió en Alsasua.

También se producen agresiones a discapacitados, a ancianos y a personas sin hogar. Y ataques a gitanos, a raíz de un delito de uno, se ataca a todas las familias criminalizando a todo el colectivo.

También hay ataques, robos y violaciones por parte de algunos menores extranjeros no acompañados (menas). ¿Le preocupa también esto? ¿En este caso detecta que se criminaliza al colectivo?

También me preocupa. Y sí, hablamos de conductas delictivas de personas concretas, que no se criminalice a todo el colectivo, como a veces está sucediendo.

En las movilizaciones contra el terrorismo decimos «vascos sí, terroristas no». Y aquí hay que decir «inmigrantes sí, delincuencia no».

Hay que acometer el problema, lo que no podemos hacer es criminalizar a 6 millones. 

Más de 30 años lleva usted luchando contra los delitos de odio. ¿Qué le llevó a dar este paso? ¿Cómo nació Movimiento contra la Intolerancia?

En los años 70 las condiciones de dureza que se vivían al final de la dictadura y en la transición me llevaron a meterme en el mundo de las libertades y derechos humanos cuando tenía 16 años.

Empecé con estas acciones a finales de los 80, desde una pequeña emisora de radio ecologista y pacifista llamada Onda Verde, que no tenía ni permisos. Yo era el director de esa red de emisoras de radios libres y empecé a denunciar desde ahí el crecimiento de los comportamientos racistas y xenófobos.  

¿Usted tuvo problemas durante el franquismo?

Sí, me detuvieron durante mi etapa estudiantil.

¿Por qué?

Porque detenían al movimiento estudiantil. Aquello supuso que no pude finalizar la ingeniería de minas, porque prácticamente me bloquearon en la escuela. Después inicié estudios como economista. 

En los años 80 me movilizaba contra contra los bloques militares y contra la carrera de armamentos nucleares y defendía públicamente los derechos humanos desde aquella emisora, y a finales de los 80 empezamos a denunciar el crecimiento del racismo y la xenofobia.

En los 90, desde las instituciones del Gobierno -entonces también gobernaba el PSOE- me propusieron coordinar las primeras campañas que se hicieron en España contra el racismo y la xenofobia, y lo hice. Nos apoyó mucho la ministra de Asuntos Sociales de entonces, Matilde Fernández. 

En aquella etapa se produjo el asesinato de Lucrecia Pérez y le dije a mis compañeros que las campañas se las llevaba el viento, que no tenían efecto y les propuse crear una organización para hacer un trabajo fundamentalmente de deslegitimación de la violencia y de la intolerancia y para ayudar a las víctimas. Así nació Movimiento contra la Intolerancia.

¿Y quién más hay detrás de esta asociación?

Víctimas de delitos de odio, entre ellas la hija de Lucrecia Pérez, Kenia Carvajal, que hacen un importante trabajo de apoyo a víctimas y de sensibilización para que se denuncien estos casos.  

Kenia Carvajal tenía 6 años cuando mataron a su madre, entonces estaba en República Dominicana con su padre. Años después vino a España y la incorporé a la asociación, que también integran muchas personas del mundo de la educación social. 

¿Y qué iniciativas llevan a cabo?

La más importante de todas es de educación para la tolerancia. Visitamos entre 1.000-1.500 centros educativos cada año. La asociación está presente en Andalucía, en Valencia, Aragón, en País Vasco… prácticamente en toda España.

Educar para la tolerancia implica, por un lado, la enseñanza de los derechos humanos, y por otro, respetar, aceptar y apreciar la diversidad de las personas. 

¿Y pide que se implante esto a nivel nacional?

Sí. Pedimos una apuesta extensiva. 

¿Y qué le diría al que pueda pensar que lo que usted quiere es hacerse rico con esto?

Que yo ya me jubilo el próximo año, aunque eso no quiere decir que deje de ser presidente. 

Estoy en edad de jubilación, no de enriquecimiento…

¿Qué más actuaciones realizan?

De atención a las víctimas. 

Se ponen en contacto con nosotros fundamentalmente a través de dos páginas webs: educatolerancia.com e informeraxen. También tenemos una web llamada Movimiento contra la Intolerancia.

Además, impartimos cursos a profesionales, entre ellos policías, guardias civiles y operadores jurídicos.

¿En qué consisten esos cursos?

En identificar el delito de odio, los tipos penales a los que afectan, se dan temas de criminología del odio, para ver cuándo un delito es un crimen de odio, y se aborda la realidad de la víctima del delito de odio, porque es una víctima singular. 

Cuando, por ejemplo, a una víctima la han golpeado o le han cometido un delito un grupo, una organización, esa persona corre el riesgo de represalias por haber denunciado. 

¿Alguna iniciativa más?

Sí. También creamos materiales didácticos para luchar contra la intolerancia y los delitos de odio, quizás los más importante de Europa. Como organización somos miembros del grupo asesor en materia de delitos de odio de la Unión Europea. 

A nivel nacional nos reunimos con los grupos políticos y otras autoridades para incidir política y legislativamente. Por ejemplo, hemos participado en la elaboración de la Ley contra el racismo, la violencia y la intolerancia en el deporte, y en la fase inicial de la ley de igualdad de trato y no discriminación, entre otras. 

Nuestras reivindicaciones han dado lugar a la creación en 2011 de la Fiscalía de Delitos de Odio, y de numerosos observatorios en España sobre racismo e intolerancia.

También fue una reivindicación nuestra la creación de la oficina nacional de lucha de delitos de odio. Entonces estaba de ministro Jorge Fernández, lo planteé abiertamente y me hicieron caso. 

¿Ha cambiado mucho la situación desde entonces, en estos últimos 10 años?

Sí, por las redes sociales y los instrumentos tecnológicos que han irrumpido, que hacen que las conductas malignas se multipliquen a más velocidad que la acción positiva, solidaria, benévola. 

Además de crecer el problema, se está produciendo una juvenilización, como decía. Cada vez son más jóvenes los que forman parte del problema. Cada vez más menores, adolescentes y jóvenes son partícipes de este tipo de conductas violentas. 

Pintan mal las cosas. Veo un horizonte preocupante.

Volviendo al pasado, ¿podría recordar algunos de los los crímenes por odio ideológico más sangrantes de la historia de nuestro país? Que no caigan en el olvido.

Me alegra que me haga esta pregunta. Como decía Elie Wisel, premio Nobel de la Paz y sobreviviente del Holocausto, quien no recuerda, pierde su humanidad.

Uno de los asesinatos más brutales que ha habido fue a una persona transexual llamada Sonia Palmer. Ocurrió en 1991, en el Parque de la Ciudadela (Barcelona). Un neonazi le reventó la cabeza a palos.

Si hablamos de personas sin hogar, una paliza brutal, también de un grupo fanático, fue a Rosario Ingrinal, la quemaron viva. Y a Antonio Nicol, a quien le destrozaron el cerebro. Ocurrió en Atocha.

De crímenes de odio a inmigrantes está el caso de Lucrecia Pérez, que fue matada a tiros por un grupo de neonazis. 

De crimen misógino está el caso brutal de Beatriz Agredano, una joven de 21 años, que era secretaria. Cuando volvía a su casa la secuestraron y le reventaron la cabeza. También ocurrió a finales de los 90, fueron años muy duros. 

Y por odio ideológico está el caso de un joven que se llamaba David González, al que mataron unos nazis, en Moncloa, delante de mucha gente. Me produce mucha frustración porque nunca encontraron a los autores. 

¿Con qué llamamiento quiere terminar esta entrevista?

Que se haga un esfuerzo colectivo para deslegitimar y condenar cualquier conducta violenta, del tipo que sea. Un llamamiento que hago a las instituciones, al sistema educativo, a las asociaciones, a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general.

Tenemos que respetar la dignidad y los derechos humanos de todas las personas, así como favorecer y practicar la tolerancia. La tolerancia, hay que decirlo, no es permisibilidad del delito, sino respetar, aceptar y apreciar que los humanos somos diversos. 

La culpa de esto la tiene quien no educa. 

Al Gobierno le pido que proteja universalmente a todas las víctimas del delito de odio, porque estas conductas van en aumento, y así lo prevé también la ONU. 

Además, debe crear una figura que centralice el apoyo a las víctimas de crímenes de odio, esto lo echamos en falta y lo pedimos encarecidamente. Una dirección general para el apoyo a las víctimas de los delitos de odio. 

Transitamos por peligrosos momentos que requieren el compromiso de todos para impedir la eclosión de la intolerancia.

Hay que concienciar a la sociedad de la solidaridad con la víctima. 

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