lunes, 24 de junio de 2019

Blanca, la primera persona con síndrome de Down que se saca un grado en España


A sus 30 años, ha terminado el grado de Terapia Ocupacional por la Universidad Católica de Valencia "a base de esfuerzo, trabajo y superación"

Blanca durante su acto de graduación

Blanca San Segundo, de 30 años, se ha convertido en la primera persona con síndrome de Down en conseguir un grado universitario gracias, tal y como ella dice, a su "esfuerzo, trabajo y superación".

"Cualquier persona puede hacer lo que se proponga dentro de sus capacidades y no sus limitaciones", dice en una entrevista con Down España la joven, quien ha terminado el grado de Terapia Ocupacional por la Universidad Católica de Valencia.

Antes que Blanca, Pablo Pineda fue el primer europeo en conseguir un título universitario, en su caso una diplomatura en magisterio.

Blanca, quien no ha tenido adaptación curricular, asegura que tanto su familia como los profesores siempre han apostado mucho por ella y reconoce que algunas asignaturas le han costado más aunque ha tenido mucho apoyo de sus compañeros.

"Lo he sacado yo a base de esfuerzo, trabajo y superación. Estoy muy contenta, aún no me lo creo", señala la joven, que ha estudiado esa carrera para poder trabajar con personas con discapacidad.

Comenta que después de estudiar un ciclo de integración social con diferentes actividades, realizó prácticas en un centro para personas con parálisis cerebral. "Cuando veía lo que hacían y lo que conseguían, me emocionaba y por eso quise estudiar más para poder dedicarme a ello", afirma.

Solo le falta hacer la defensa del trabajo de fin de grado que ha realizado sobre terapia en aulas de niños con autismo.

De su carrera, lo que más le ha gustado ha sido todo lo relacionado con la discapacidad y la autonomía, ver los retos y cómo se van superando. "Me llena de orgullo, yo puedo ser un ejemplo para ellos", insiste.

Blanca, además, trabaja prestando apoyo a los maestros de niños con discapacidad en el centro de educación infantil inclusivo L'Alquería de Valencia y su intención es seguir y aprender más para poder ayudarles mejor.

También se ha animado a participar en política, de hecho, forma parte de la junta directiva de Ciudadanos de su localidad y quiere conseguir que la sociedad "vea que las personas con discapacidad pueden hacer muchas cosas".

Así, reitera que los derechos de las personas con discapacidad son su prioridad y hace un llamamiento para que todo el mundo pueda tener una educación inclusiva.

Las denuncias por 'sexting' se incrementan un 46% en el último año

Expertos advierten que el envío de imágenes o vídeos de contenido más o menos íntimo, normalmente de carácter erótico o pornográfico, sin consentimiento se ha convertido en una práctica diaria



El número de denuncias por 'sexting' en España aumentó cerca de un 46% en 2018. Según los datos facilitados a la Secretería de Estado de Seguridad por parte de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los cuerpos de Policía Local, en el año 2017 se registraron un total de 590 denuncias por revelación de secretos y difusión de grabaciones que atentan contra la intimidad. Al año siguiente, la cifra se elevó hasta las 860.

Sin embargo, fuentes de Interior advierten que la estadística no recoge datos de la Ertzaintza, los Mossos y la Policía Foral, por lo que se puede afirmar que existen más. Solo en la Fiscalía de Tarragona, por citar un ejemplo, se iniciaron 66 investigaciones en el último año relativas a denuncias por descubrimiento de secretos que van desde la difusión de contenido sexual explícito a imágenes en situaciones íntimas e incluso audios o capturas de pantalla que se reenvían sin autorización.

"El envío de imágenes y vídeos de carácter sexual sin consentimiento ocurre a diario, pero no se suele denunciar y el principal motivo por el que no se acude a la policía es por vergüenza", explica Encarni Iglesias, presidenta de la Asociación Stop Violencia de Género Digital, una plataforma que se creó para dar una respuesta integral a las víctimas de delitos informáticos.

"Falta formación"
Por otro lado, Iglesias cree que en España "falta formación" por parte de las autoridades a la hora de atajar este tipo de delitos y aconseja que si alguien es víctima de un delito de este tipo "debe denunciar a la Policía desde el minuto uno". "Aún hay países que ni siquiera tienen legislación sobre este asunto y, sin embargo, todos llevan un móvil en la mano", advierte.

Es claramente perceptible la frecuencia creciente con que se utilizan las tecnologías como medio para canalizar la humillación o el ejercicio del control sobre otros

De acuerdo a la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2018, es claramente perceptible la frecuencia creciente con que se utilizan las tecnologías como medio para canalizar el hostigamiento, la humillación, la persecución, la coacción, el acoso o el ejercicio del control sobre otros y por ende para atentar contra la libertad de las personas.

"El uso generalizado de estas herramientas en la actividad cotidiana ha hecho factible su aprovechamiento para la comisión de este tipo de conductas cuyos efectos perversos se ven agravados por la capacidad que ofrecen las TIC para dar permanencia en el tiempo a dichas situaciones de acoso", señala el texto.

Nuevas tecnologías
Con la reforma del Código Penal de 2015 se introdujo el 'sexting' como delito, tipificándolo en el artículo 197.7 de dicho cuerpo legal. Según aclara la abogada Miriam Guardiola en la plataforma jurídica Legal Today, la  práctica consentida de enviar imágenes o vídeos de contenido más o menos íntimo está permitida y no es reprochable penalmente, pero sí se ha tipificado como delito la divulgación o emisión de estas imágenes sin el consentimiento de la víctima aunque la imagen o vídeo se hubiera tomado originariamente con su anuencia.

"La facilidad y el acceso ágil y rápido de las nuevas tecnologías han potenciado y popularizado esta práctica. Sin embargo, en ocasiones, la viralización del medio y su rápida difusión a un ritmo vertiginoso hacen que se pierda el control de la imagen, pudiendo tener consecuencias muy adversas", señala en su artículo.

Tan adversas como las que padeció Verónica, la empleada de 32 años de Iveco que se suicidó después de que un vídeo sexual con ella como protagonista se difundiese entre los trabajadores de la empresas. Tras el fatídico desenlace de la trabajadora, y mientras la Fiscalía investiga el caso, su vídeo se convirtió en el más buscado en las páginas porno, tal y como denunciaron diversas asociaciones.

El Supremo eleva la condena a La Manada a 15 años: fue una violación múltiple, no un abuso sexual

Detenidos los cinco autores de la violación. El alto tribunal revoca la sentencia de los tribunales navarros que consideraron el ataque a una joven en los sanfermines como un abuso sexual

Detención del ex guardia civil Antonio Manuel Guerrero Escudero. En vídeo, hubo violencia e intimidación según las acusaciones y el Supremo. 

El caso de La Manada no fue un abuso sexual sino una violación en grupo. Así lo ha determinado este viernes por unanimidad el Tribunal Supremo, que ha elevado de 9 a 15 años la condena para José Angel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero y Jesús Escudero, los cinco amigos que atacaron a una joven en los sanfermines de 2016. El tribunal, tras escuchar en una vista pública los recursos de las acusaciones y las defensas contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (que ratificó la de la Audiencia de Navarra), ha decidido revocar esas sentencias y calificar los hechos como un delito continuado de violación. Los magistrados aplican además dos agravantes que elevan la pena: trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas. La decisión del Supremo implica que la condena ya es firme.Los cinco miembros de La Manada han sido detenidos este mismo viernes y esta tarde han sido ingresados en el centro penitenciario Sevilla, en Mairena del Alcor.

El Supremo ha elevado de 9 a 15 años la pena de prisión para cada uno de los miembros de la Manada. Además, a uno de ellos, Antonio Manuel Guerrero, le impone dos años más por el robo con intimidación del móvil de la víctima. El tribunal también incrementa a 100.000 euros el importe de la responsabilidad civil a la que tiene derecho la joven. La sentencia con los argumentos completos del Supremo tardará unas semanas pero, en un comunicado hecho público para dar a conocer el fallo, los magistrados adelantan ya parte de sus conclusiones. "El relato fáctico describe un auténtico escenario intimidatorio, en el que la víctima en ningún momento consiente a los actos sexuales llevados a cabo por los acusados", advierte el tribunal.

El Supremo cree que la víctima sufrió una "situación intimidante" que hizo que ella misma "adoptara una actitud de sometimiento, haciendo lo que los autores le decían que hiciera ante la angustia e intenso agobio que la situación le produjo por el lugar recóndito, angosto y sin salida en el que fue introducida a la fuerza". Los magistrados consideran que los acusados se "aprovecharon" de estas circunstancias para atacar a la joven, que sufrió al menos "diez agresiones sexuales con penetraciones bucales, vaginales y anales".

El alto tribunal, siguiendo precedentes de su propia jurisprudencia, considera que los hechos probados de la sentencia de la Audiencia de Navarra no pueden calificarse como un delito de abuso sexual sino como un delito de violación. Los magistrados aplican además dos agravantes. La primera, por el trato vejatorio sufrido por la joven, no solo por el hecho de que sufriera penetraciones simultáneas sino también por "el alarde" que los acusados hacen de esas prácticas en los vídeos grabados. La Audiencia de Navarra no castigó el trato vejatorio porque esta agravante no existe en el delito de abuso sexual. La segunda agravación de la pena corresponde a la actuación conjunta de dos o más personas, "sin que ello implique valorar dos veces una misma situación", afirma el tribunal.

El Supremo ha dejado también constancia ya en el comunicado difundido para explicar su fallo de que la Audiencia de Navarra "erró" al calificar los hechos como un único delito continuado. Según el alto tribunal, por la pluralidad de agresores y de "actos agresivos", lo correcto habría sido considerar a los acusados como autores y partícipes de "una pluralidad" de delitos de agresión sexual. Eso habría multiplicado las penas a los acusados, pero como ninguna de las partes impugnó esta situación, el Supremo no puede tenerla en cuenta.

El alto tribunal ha adelantado su fallo para dictarlo el mismo día en el que se ha celebrado la vista pública de exposición de los recursos, una situación poco habitual y que indica que los magistrados ya tenían clara su postura a partir de los escritos presentados por las partes y que en la vista no han surgido nuevos datos que hayan abierto la puerta a un cambio de opinión.

La decisión del Supremo va en la línea de lo que habían reclamado no solo las acusaciones, sino también los colectivos de mujeres, numerosos juristas y hasta los partidos políticos desde que la Audiencia Provincial dictó el primer fallo, en abril de 2018.

En la vista pública, la Fiscalía había pedido que la pena se duplique al considerar que no hubo abuso sexual, sino violación. "En la agresión, la voluntad del autor se impone por la fuerza, ya sea con violencia o intimidatoria", ha explicado la fiscal Isabel Rodríguez, que ha advertido de que "no se puede pedir a la víctima una actitud peligrosamente heroica".

jueves, 20 de junio de 2019

Un niño de 13 años se suicida en Getxo y la Ertzaintza investiga si sufría acoso escolar


El menor se habría arrojado por el acantilado de La Galea, en Bizkaia.


La Ertzaintza investiga si el suicidio de un niño de 13 años en Getxo, Euskadi, se debe a un caso de acoso escolar. El cuerpo del niño apareció este lunes en el acantilado de La Galea, en Bizkaia, paraje donde se habría arrojado al vacío.
Según ha señalado el cuerpo policial a laSexta, el menor habría sufrido acoso escolar durante dos cursos en un colegio del municipio de Erandio. Según Onda Cero, la madre ha señalado que "vivía un infierno".
Los padres decidieron entonces cambiarlo de colegio por esta situación y durante el último curso iba a clase en un centro de Getxo donde no constan quejas ni denuncias por bullying. La Ertzaintza ha iniciado una investigación para esclarecer las causas.
Por su parte, la consejera de Seguridad del País Vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, ha apuntado que las investigaciones sobre el terrible suceso "siguen su curso" aunque de momento no hay "ninguna novedad". Beltrán de Heredia ha puntualizado que "todas las líneas de investigación están abiertas".

"Sentimos muchísimo el dolor de la familia"

El colegio Jado Ikastetxea de Erandio, centro en el que había estudiado el menor fallecido en Getxo, ha mostrado su dolor por el suicidio del adolescente y ha afirmado que se encuentra a disposición de la familia y las autoridades en "la investigación del triste suceso, activándose todos los protocolos establecidos".
En un comunicado, ha mostrado su condolencia a la familia y amigos del menor por su "doloroso fallecimiento" del joven: "Sentimos muchísimo el dolor de su familia y si hay algo que podamos hacer por ellos, saben que pueden contar en todo momento con nuestra solidaridad, apoyo y respeto a su intimidad y la de su hijo".
Asimismo, el centro ha afirmado que se encuentra a disposición de la familia y las autoridades "en la investigación del triste suceso, activándose todos los protocolos establecidos". Además, ha hecho un llamamiento para que saber "guardar el respeto y la intimidad debida".
Por último, ha insistido en que la Fundación Escuelas Jado de Erandio, la Provincia Marista Ibérica y toda la comunidad educativa lamentan profundamente este "doloroso suceso" que ha suscitado en todos los miembros del colegio "una enorme tristeza y conmoción".

viernes, 14 de junio de 2019

Piden refuerzos educativos para frenar en Euskadi el discurso del odio del islamismo radical




Expertos alertan en Donostia del “vacío emocional” de jóvenes
que pueden abrazar posturas totalitarias


DONOSTIA- La amenaza del Estado Islámico parece remota. Nadie diría que existe riesgo alguno de atentado yihadista en Euskadi ante el cerco al Estado Islámico en Siria e Irak y el aparente descenso del nivel de alerta terrorista que conlleva. Pero la amenaza latente puede estar durmiendo para despertar. “El Daesh tiene catorce siglos de vida, y tarde o temprano aparecerá con otra bandera”, alertaron ayer expertos reunidos en Donostia, en unas jornadas sobre Radicalización Islamista en Europa, organizada por Jatorkin Al-Nahda, la asociación para la integración del colectivo inmigrante de Tolosaldea.

Hace apenas unos días, el Estado Islámico amenazaba con atentar en Euskadi a través de un cartel difundido en las redes sociales, un aviso al que el Departamento vasco de Seguridad restó mayor importancia al entender que no supone un incremento del riesgo añadido, que ya de por sí hace mantener el nivel 4 de alerta antiterrorista.

Agentes de la Ertzaintza y especialistas en islamismo y yihadismo han impartido cursos para prevenir en Gipuzkoa comportamientos delictivos, ante un primer aldabonazo que llegó el 11 de marzo de 2004 en Madrid, con 192 fallecidos y más de 1.500 heridos en el peor ataque terrorista en la historia del Estado y también de Europa. El yihadismo volvió a azotar el país dejando 14 fallecidos y en Barcelona y Cambrils en 2017.

Desde entonces, el Gobierno Vasco ha elaborado un plan de actuación frente al terrorismo internacional de pretexto religioso, con la creación de un foro de identificación temprana de procesos de radicalización dirigido por la Ertzaintza y con la participación de las comunidades islámicas de Euskadi. A pesar de todo ello, el riesgo cero hoy por hoy no existe entre generaciones de jóvenes cuyo “vacío emocional y frustración” puede hacerles abrazar “posturas totalitarias”.

En el territorio han sido detenidos en los últimos años una decena de presuntos terroristas, algunos de los cuales realizaban labores de captación o habían planificado su desplazamiento a zonas de conflicto para unirse al Daesh. Curiosamente, hay más frustración que convicción.

SIN SOSPECHAS Anna Teixidor lo sabe bien. Autora del libro En nombre de Ala: Conversaciones con yihadistas españoles y sus familias, ha estudiado a fondo la trastienda de los atentados del 17 de agosto de 2017, cuando 16 personas fueron asesinadas por una célula islamista en Barcelona y Cambrils. Ocho terroristas perdieron la vida. Era un grupo de jóvenes en apariencia integrado. Nadie sospechó nunca de ellos. La periodista del canal TV3de Catalunya, que ayer intervino en las jornadas, ha realizado 50 entrevistas a miembros del entorno de estos chavales. “Algunos de ellos se sentían humillados y se sentían víctimas por el hecho de ser musulmanes hasta el punto de odiar a la sociedad de acogida”. Esa sensación de frustración fue previa a la aparición en sus vidas del imán, Abdelbaki Es Satty, quien los engañó hasta embarcarlos en “un proyecto político totalitario que se basaba en toda la narrativa del Estado Islámico”.

Los expertos que se dieron cita ayer en Tabakalera pusieron el acento en la prevención basada “en la educación y no tanto en la seguridad”. Para Xavier Torrens, profesor de Ciencias Políticas, la asignatura pendiente es impulsar tres políticas públicas “que ahora no van de la mano”.

El también codirector del Máster en Prevención de la Radicalización, de la Universidad de Barcelona, percibe que “funciona” la política social y formativa para frenar las desigualdades por motivos de discriminación étnica y la islamofobia. “El problema es que estas dos políticas por sí mismas no combaten el islamismo radical. Por eso hace falta una tercera, basada en la educación, cultura y comunicación de los jóvenes”. Hace falta contrarrestar, dice, los prejuicios en los que se basa el discurso del odio del islamismo radical: antioccidentalismo, judeofobia o antisemitismo y antimericanismo. “La gran carencia que encontramos es que no hay ninguna Administración pública que esté trabajando está última política junto a las otras dos”. El Estado se ha convertido en el tercer país occidental del mundo con más víctimas mortales causados por atentados yihadistas, solo por detrás de Estados Unidos y Francia.

Francisco Martín trabaja en la Asociación Darna, ubicada en el Raval. Se trata de uno de los cuatro barrios que forman el distrito de Ciutat Vella, en el casco antiguo de Barcelona, el corazón de una ciudad multicultural. La agrupación convive a diario con menores extranjeros no acompañados.

Defiende que la prevención con estos chavales no pasa tanto por redoblar esfuerzos en medidas de seguridad, sino en buscar el origen de los problemas que presentan. “Es básica la acción social. Prevención no son bolardos y medidas de seguridad, sobre todo es comunicación. Cuando un adolescente hace crack, ya vamos demasiado tarde. Es necesario trabajar con antelación el alto grado de frustración que presentan. Sus familias de origen han apostado por ellos, y pronto encuentran una sociedad de acogida que les deriva a ciclos formativos”.

No solo no es malo sino necesario, pero que les frustra sobremanera porque su proyecto migratorio pasaba por conseguir dinero rápido. A partir de ahí, “hace falta canalizar la rabia, la frustración y generar un mensaje alternativo positivo”. De lo contrario, dos abismos: la radicalización religiosa o la delincuencia.

Este segundo desenlace conoció bien de cerca el activista e historiador Ahmed Charchaoui Saidi. “Era un chaval que quería comerse el mundo. Apareció en Vitoria, con estudios secundarios pero sin papeles”.

El joven de 19 años del que habló ayer Charchaoui es hijo de un amigo suyo de la época universitaria en Marruecos. El chico no era religioso. Había recibido una formación como la de cualquier otro chaval con dos padres universitarios, ella historiadora y él periodista. “Pasados unos meses, percibí en él una transformación emocional y psicológica. Supimos entonces que había empezado a frecuentar la mezquita más radical, que acudía a ella todos los días y tenía muy poco contacto social”.

IMÁN EXTREMISTA Sus progenitores continuaban en Marruecos y Charchaoui se sentía como el padre, tío o tutor. “De la mano del imán más extremista, tenía cada vez una visión más radical de la religión, algo que no le llegó a convertir en yihadista pero sí dio paso a una escalada delictiva”. El historiador relató que comenzó a llevarle al psicólogo. Tras salir de una de las consultas fue arrestado por la policía y deportado. “Estamos hablando de un chico tímido, al que le costaba expresarse y que sentía un gran vacío interior”. Nuevamente, Charchaoui defendió la necesidad de “estar muy atentos a los momentos de soledad y nostalgia que, queramos o no, sienten todos los chavales que vienen”.

Incidió en la necesidad de rebajar las expectativas con las que llegan los chavales para evitar tanta frustración, y “ampliar el sentido de pertenencia y de identidad” para que no caigan en manos de fundaciones salafistas, que defienden un retorno purista a las ideas del Corán. Como advirtió el escritor y sociólogo marroquí Chakib Gessous, hace falta estar atentos a la política de “reislamización” que recorre Europa. “El mensaje fundamentalista puede colarse entre las fundaciones puesto que en algunos casos no hay control de las personas que acceden a las mezquitas. Lo único que se pide es que sean musulmanes, y las fundaciones pueden aprovecharse de esa situación para adoctrinar sin ningún control”. El salafismo puede llevarnos al yihadismo “casi sin darnos cuenta”.

jueves, 13 de junio de 2019

Tres arrestados tras una trifulca con la Ertzaintza en la casa ocupada de la calle Moraza de Donostia




Dos agentes piden refuerzos tras ser amenazados con armas blancas y desatarse la bronca SOS Racismo denuncia “la violencia gratuita” empleada por la Policía.


La casa ocupada de la calle Moraza de Donostia fue ayer escenario del enésimo incidente, esta vez con el arresto de tres de sus moradores que se vieron involucrados en un episodio violento con la Ertzaintza, personada en el lugar para realizar una inspección ocular atendiendo al requerimiento de un vecino.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 9.30 horas. Al parecer, “el extraño comportamiento” de unos de los jóvenes sin recursos que se encontraba en la zona levantó las sospechas de un particular.

Atendiendo a la llamada, dos ertzainas entraron en el número 1 de la calle Moraza, céntrico enclave de la ciudad que bien conoce la Policía autonómica y la Guardia Municipal debido a las quejas vecinales que se vienen sucediendo durante el último año.

En el interior de este edificio de cuatro plantas reside una treintena de jóvenes de variado perfil. A pesar de sus carencias, conviven entre sus paredes quienes tienen un itinerario de vida y cierta red social junto a otros inquilinos que son “viejos conocidos” por su historial delictivo.

Los agentes acudieron a la tercera planta, donde uno de los sospechosos que, al parecer, tendría perturbadas sus facultades mentales, les recibió blandiendo dos cuchillos, según informaron a este periódico fuentes policiales.

A esa hora, en la que buena parte de los ocupas dormían, se desató una bronca que prendió como una cerilla dando lugar a una escalada de violencia en medio de gritos e insultos, con un segundo individuo que acudió a defender al hombre que estaba siendo identificado por la Policía. A diferencia de la versión que circuló durante buena parte del día, no se procedió al desalojo oficial del resto de inquilinos ya que no se ha dictado ninguna orden judicial al respecto. Sí se arrestó a las dos personas finalmente identificadas en el marco de una actuación que exigió pedir refuerzos.

EL DESPLIEGUE DEL KURSAAL La casualidad quiso que contara la zona con el despliegue de un amplio dispositivo policial debido a la visita a Donostia del lehendakari, Iñigo Urkullu, que inauguró en el centro Kursaal el Congreso Internacional de Formación Profesional, organizado por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

Dos brigadas móviles acudieron a la llamada para sofocar la contienda. Entretanto, algunos moradores lanzaron diversos objetos desde las ventanas y el hueco de las escaleras. Según informó el Departamento vasco de Seguridad, el tercero de los arrestos se practicó cuando uno de los ocupas intentaba dar fuego a la planta baja, donde se acumulan todos los desperdicios de este inmueble.

La Ertzaintza le imputa un delito de estrago, al entender que podía haber ocasionado un daño de grandes proporciones generando un peligro común puesto que a esas horas las plantas superiores estaban habitadas.

SOS Racismo denunció “la violencia gratuita” que, a su juicio, ejerció la Ertzaintza durante la actuación policial, que se saldó con los tres detenidos y seis agentes contusionados. En un comunicado, señaló que los ertzainas “no mostraron ninguna orden judicial que autorizara su actuación pese a habérselo reclamado”.

En opinión de la ONG, “los encontronazos que haya podido haber están directamente relacionados con la irrupción violenta de la policía”, entendiendo además que lo ocurrido es “una manifestación evidente de un problema denunciado desde múltiples ámbitos”, como es la falta de un lugar donde habitar sin tener que vivir en la calle”, que afecta a un colectivo creciente de personas en Donostia.

Para SOS Racismo, esta “injustificable actuación policial obvia que la responsabilidad de esta situación es la falta de recursos puestos en pie por las instituciones para atender a una urgente necesidad social”.

Denunció asimismo que “se criminaliza lo que es un problema social” y criticó la “tergiversación habitual por presentar a los agresores como agredidos, al hablar de seis ertzainas heridos cuando la violencia ejercida por la policía, presenciada por quienes estaban presentes durante el operativo, ha sido gratuita e innecesaria”.


SOS Racismo solicitó la libertad de las personas detenidas y reclamó a las instituciones “que se aborde la situación de las personas que se han visto en la necesidad de ocupar el edificio abandonado para encontrar fórmulas que eviten que tengan que dormir en la calle”.

10 escuelas de Vitoria tienen más del 70% de alumnos extranjeros





La Plataforma a Favor de la Escuela Pública en Vitoria ha censurado la «dejación de responsabilidades» y la «inacción» del Gobierno Vasco ante la «cada vez mayor» segregación escolar en los centros públicos de la capital alavesa y ha vuelto a pedir la dimisión de la delegada de Educación en Álava, Blanca Guerrero.

Representantes de esta plataforma, que agrupa asociaciones de padres y madres, de directores de esta red y sindicatos, entre otros agentes, han ofrecido una rueda de prensa en la que además de dar a conocer datos sobre la matriculación escolar en el actual curso han anunciado una marcha reivindicativa para este jueves en Vitoria.

Según han explicado dos portavoces de este colectivo, Maite Huarte y Manolo Martínez, los datos de matriculación de alumnos con al menos un progenitor extranjero en Vitoria en el curso 2018-2019 muestran que el 83 % de ese alumnado se encuentra escolarizado en la red pública de la ciudad frente al 17 % en la concertada.

Además, de los 32 centros públicos de infantil y primaria que hay en Vitoria, 22 tienen concentraciones de este alumnado en más de un 30 %. En 15 esas concentraciones son superiores al 50 % y en 10 escuelas públicas el porcentaje es del 70 %.
Por otro lado, «ninguno» de los 19 centros concertados de la ciudad llegan al 20 % de este tipo de alumnado y hay 11, que no llegan al 10 %, han indicado.

A estos datos han añadido los que se incluyen en el último estudio de la Universidad del País Vasco sobre el «Estado Educativo de Vitoria 2009-2017» que reflejan que el Índice Socio-económico y Cultural (ISEC) familiar en la red concertada es superior a la media de las escuelas de esa red de Euskadi mientras que los centros públicos de la capital alavesa tienen un ISEC inferior a la media.
«La media del ISEC de los centros públicos de Vitoria es ocho puntos inferior a la media de los centros concertados», ha descrito Huarte.

Martínez ha asegurado que desde que la plataforma comenzó a denunciar hace cuatro años la segregación escolar en Vitoria la situación ha «empeorado» y que «debido a la inacción total» del Gobierno Vasco esta concentración «artificial» de alumnado de origen inmigrante, que era más elevada en los niveles bajos de escolarización (infantil y primaria), está llegando a los institutos y previsiblemente aumentará en los próximos años.

Desde la plataforma han remarcado que no entienden a qué está esperando el Gobierno Vasco y la delegada de Educación en Álava para tomar medidas que solucionen este «grave» problema. Han vuelto a pedir la dimisión de Guerrero ante la «total falta de iniciativa y de compromiso» observada y han llamado a la ciudadanía a participar en una marcha el jueves contra la segregación escolar y a favor de la escuela pública.

En esa marcha se hará un «juicio popular» a Guerrero donde será «declarada culpable» por su «dejación de funciones, su abandono de la educación pública y sus actuaciones a favor de la enseñanza concertada».

Ambos portavoces han remarcado que han puesto sobre la mesa medidas para revertir esta situación como la de fijar para todos los centros que reciben dinero público una tasa de inclusión máxima y mínima para equilibrar la situación entre ambas redes y han denunciado falta de compromiso y «miedo» por parte de PNV y PSE-EE para abordar esta cuestión, ya que han recordado que esta iniciativa estaba en una Iniciativa Legislativa Popular que fue rechazada en el Parlamento por ambos partidos, además del PP