miércoles, 3 de junio de 2020

ONG advierten de que millones de mujeres y niñas afrontan un aumento de inseguridad y violencia en la pandemia

Tres organizaciones, Amnistía Internacional, Women's Link Worldwide y la Federación Internacional de Planificación de la Familia, publican una guía que sirve como hoja de ruta para que los gobiernos europeos tomen las medidas necesarias para proteger a mujeres y niñas durante y tras la emergencia del coronovirus.

violencia machista 8M
Pancarta durante las movilizaciones del 8M / EFE
     
La situación actual está provocando una grave crisis en los medios de comunicación. La publicidad se ha desplomado y eso hace que nuestra sostenibilidad sea muy frágil. Necesitamos conseguir 1.000 nuevos socios en unos pocos días para poder seguir informando y trabajando como hasta ahora.

"La pandemia de covid-19 ha incrementado los niveles de inseguridad y violencia contra las mujeres en toda Europa y, sin una atención específica de los gobiernos, podría agravar las desigualdades de género y los niveles de discriminación". Así lo advierten tres organizaciones no gubernamentales de ámbito internacional a los gobiernos europeos en una guía que acaban de publicar.

El documento, elaborado por Amnistía Internacional, Women's Link Worldwide y la Federación Internacional de Planificación de la Familia y titulado A Guide for Europe: Protecting the rights of women and girls in times of the COVID-19 pandemic and its aftermath (Una guía para Europa: Protegiendo los derechos de las mujeres y las niñas en tiempos de la pandemia del covid-19 y sus consecuencias), está concebido como una hoja de ruta para que los gobiernos tomen las medidas necesarias para proteger los derechos de las mujeres y las niñas, "que se ven afectadas de forma desproporcionada por la pandemia, especialmente las que sufren formas interrelacionadas y persistentes de discriminación".

En el documento, las tres organizaciones hacen un llamamiento a los Estados para que "escuchen las voces de las mujeres y conviertan Europa en un lugar mejor para todas las mujeres y niñas después de la COVID-19" e instan a los gobiernos europeos a "hacer cuanto esté en su poder para garantizar que "no se deja de lado a las mujeres y niñas y que se respetan sus derechos".

"Esta crisis ha dejado al descubierto la discriminación estructural y sistemática que han sufrido mujeres y niñas desde hace mucho tiempo" afirma el documento y añade que mujeres y niñas que han soportado esta marginalización "sufren esta crisis de una forma especialmente desproporcionada".

Las organizaciones afirman que los gobernantes europeos deben aprovechar este momento para atajar los efectos inmediatos y los de largo plazo que tendrá la pandemia, poniendo en marcha políticas y otras medidas que eliminen la reproducción de injusticias y mayores desigualdades. El documento resalta que "cualquier medida en el corto, medio o largo plazo para responder a esta pandemia, debe respetar y proteger los derechos humanos".

Según la guía, la mayor parte de los países las denuncias de violencia contra las mujeres, y en particular de violencia de género en el ámbito familiar, "han aumentado de forma alarmante" y que, según datos recientes de la Organización Mundial e la Salud (OMS), las llamadas de emergencia se han incrementado en hasta un 60% en comparación al último año en muchos países. En otros, la disminución de las denuncias por estos tipos de violencia pueden significar una mayor dificultad para alertar de estar violencias por parte de las mujeres que conviven bajo el mismo techo con su maltratador.

Según la guía, para las mujeres que sufren la violencia de género, incluida la violencia sexual, "los elevados niveles de impunidad y los obstáculos para acceder a la justicia ya eran uno de los mayores desafíos en la región antes de la covid-19". Por eso, advierten, que es fundamental que además de tomar medidas en materia de salud pública, los Estados "cumplan también con sus obligaciones internacionales de garantizar la diligencia debida en la investigación de todos los casos de violencia de género", tanto durante los confinamientos como después de que se levanten las restricciones.

Antes de que estallara la pandemia, una de cada cinco mujeres en Europa sufría violencia de género.
El documento resalta el hecho de que antes de que estallara la pandemia, una de cada cinco mujeres en el continente sufría violencia por parte de su pareja en el hogar y que las medidas de confinamiento y las medidas de aislamiento para contener la propagación del virus "ha expuesto a mujeres y niñas a mayores riesgos de abusos" y a menudo sin el apoyo que necesitan.

Si bien diversos países de la región, como España, Francia, Irlanda, Italia, Portugal Austria o Bélgica están tomando medidas concretas para proteger a mujeres y niñas del riesgo de sufrir violencia de género (poniendo en marcha campañas de información, creando refugios temporales  o habilitando hoteles y promoviendo líneas de ayudas), "la pandemia ha puesto de manifiesto, también, la deficiencia de las medidas implementadas en "tiempos normales", lo que "ha limitado la capacidad de reacción ante la crisis".

En este contexto, "los Estados deben tener en cuenta las discriminación de género y otras formas de marginalización que se entrelazan y que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas en este contexto; "particularmente cuando se garantiza el acceso a servicios esenciales y urgentes, como el aborto seguro, la atención posterior al aborto y el tratamiento del aborto espontáneo, la anticoncepción y los productos de higiene menstrual; y al garantizar la asistencia y protección de las personas que corren el riesgo de sufrir violencia doméstica y sexual y otras formas de explotación, trata y otras formas de explotación", recoge la guía.

Garantizar los derechos sexuales y reproductivos
Las organizaciones afirman que algunos países no han tomado medidas concretas para garantizar el acceso seguro y oportuno, así como la información necesaria sobre los derechos sexuales y reproductivos durante la  pandemia, y denuncian que algunos "parecen estar usando las restricciones como oportunidad para menoscabar o restringir aún más" estos derechos.

Según las ONG, en muchos casos los hospitales y consultorios han reducido al mínimo los servicios de salud sexual y reproductiva o los han cerrado debido a la escasez y redistribución del personal, entre otras razones. En muchos lugares, acceder a servicios clínicos normales es ahora sumamente difícil.

Pero también las organizaciones de la sociedad civil, así como el Parlamento Europeo han manifestado su preocupación sobre países como Polonia, Rumanía o Eslovaquia, que podrían estar usando la emergencia del coronavirus para restringir aún más el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, construyendo sobre las barreras preexistentes para acceder a ellos.

"Restringir servicios esenciales es poner en peligro la vida, la salud y el bienestar de cientos de miles de mujeres. Los países que anteponen la atención han tomado medidas para proteger la seguridad y la libertad de las mujeres y las niñas. Esto se puede hacer; no hay excusas para abandonar a su suerte a las mujeres y niñas", afirma Caroline Hickson, directora regional de la Red Europea de la Federación Internacional de Planificación de la Familia en  un comunicado difundido conjuntamente por las organizaciones.

Las tres organizaciones llaman la atención sobre las "sombrías perspectivas" económicas para millones de mueres tras la emergencia del coronavirus, que afectará de forma desproporcionada a las mujeres, especialmente a aquellas que trabajan en sectores asistenciales o informales y a las que ya sufren marginación.

Especialmente cuidadosos deberán ser con los derechos de las que sufren formas de discriminación múltiples o interrelacionadas, como "las romaníes, las migrantes o las solicitantes de asilo, las trabajadoras sexuales, las mujeres con discapacidad, las mujeres trans y otras en situación de marginación que están más expuestas a ser objeto de actuaciones de agentes estatales", afirma el documento.

La guía da una serie de recomendaciones a seguir por los Estados europeos en materia de violencia de género, acceso a los servicios de salud reproductiva y de aborto, derechos de las mujeres y menores migrantes o sobre cómo garantizar el acceso de las mujeres y las niñas a la justicia.

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martes, 2 de junio de 2020

Las sanciones por cometer fraude con el ingreso mínimo vital van desde un apercibimiento al reintegro de 6 meses



Los Ministerios relacionados con el ingreso mínimo vital informaran de esta prestación en sus respectivas webs y redes sociales además de en español, en árabe, inglés, francés y otras lenguas de manera que “la información no admita dudas”.

También emplaza a aquellas personas o asociaciones de inmigrantes que puedan verse afectadas por mensajes “denigratorios o xenófobos a interponer la correspondiente denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Odio"

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La ciberhomofobia, más activa que nunca

 La mayoría de las agresiones del colectivo LGTBI que tienen lugar en internet no se denuncian 
Durante el primer trimestre del año, el tiempo que dedicamos a las redes y a otras aplicaciones móviles ha aumentado un 20% debido, en gran parte, al confinamiento.Se trata de un espacio que destinamos sobre todo a socializar y a entretenernos pero que también puede servir para acosar y agredir.
El 11% del odio que se trasmite en la red se hace para agredir verbalmente o acosar a personas con sexualidades diferentes a la heterosexual. En algunos países, esos insultos y agresiones en línea son el pan de cada día.
Las redes permiten visibilizar determinados colectivos, pero al mismo tiempo el anonimato y el hecho de que no haya una interacción cara a cara está fomentando que también sea el lugar donde se generan mensajes de odio, acoso y demás agresiones”, señala Susanna Tesconi, profesora de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC.
Lo cierto es que las cifras en España también hablan de ciberhomofobia: el año pasado, el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia presentaba su informe anual destacando que en 2018 se produjeron solo en la Comunidad de Madrid 345 incidentes de odio contra el colectivo LGTB.
Según Enguix, el odio y la agresión ante la diferencia pueden obedecer a motivos distintos, pero generalmente  están vinculados a la protección de las relaciones de género tradicionales desde posiciones que consideran que esas relaciones sustentan unos valores tradicionales.
El catedrático de Derecho Penal de la UOC Josep Maria Tamarit explica que, aunque las amenazas en línea que puedan considerarse provocación al odio o a la discriminación contra el colectivo son delitos públicos que pueden ser investigados por la policía, y pese a que los fiscales especializados en delitos de odio impulsen algunas investigaciones, la baja tasa de denuncia de los afectados es una dificultad.
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«Cambia el marco. Nuevas miradas para una sociedad intercultural»

Un grupo de 21 jóvenes entablan un diálogo en torno a la diversidad de creencias y a la libertad religiosa y nos desafían a seguir avanzando hacia una sociedad cohesionada que respete, acepte y aprecie la diversidad. #CambiaElMarco #VamosAContarloDeOtraManera



lunes, 1 de junio de 2020

¿Es racista la policía de Estados Unidos?

La Voz de Galicia.- Los afroamericanos son solo el 12 % de la población, pero cometen más de la mitad de los homicidios y robos y el 70 % de los delitos relacionados con las drogas. Esto hace que sus interacciones con la policía, a veces letales, sean más frecuentes

Una nueva muerte de un sospechoso de raza negra, en este caso a manos de la policía de Minneapolis, ha vuelto a abrir el debate sobre la brutalidad y el racismo de la policía en Estados Unidos. Pero es un debate que, a menudo, se hace al margen de los datos. Para empezar, es preciso distinguir entre los dos conceptos: el de la brutalidad policial y el del racismo institucionalizado, porque, aunque puedan coincidir, son variables independientes.
Respecto a la brutalidad policial, los expertos son casi unánimes: la policía norteamericana tiende a usar una fuerza excesiva con los sospechosos, sean de la raza que sean. Se han avanzado muchas explicaciones para esto, como la posible influencia de tácticas militares en los protocolos policiales (gran número de agentes proceden del Ejército y muchos son veteranos de Irak o Afganistán). Quizás una hipótesis más razonable es que en todas partes la agresividad de la policía y la de los delincuentes tiende a igualarse, y en una sociedad en la que es tan fácil para un delincuente hacerse con armas de fuego esto conduce a una espiral cada vez más violenta.
 En lo que se refiere al racismo, sin embargo, los datos no corroboran la impresión más generalizada. Lo que se ha encontrado es que el número de sospechosos de raza negra muertos a manos de la policía se corresponde con el que cabría esperar de la distribución étnica de la delincuencia: los afroamericanos son solo el 12 % de la población, pero cometen más de la mitad de los homicidios y robos y el 70 % de los delitos relacionados con las drogas. Esto hace que sus interacciones con la policía, a veces letales, sean más frecuentes. Los estudios tampoco muestran que los policías blancos tiendan a protagonizar estos incidentes más que los de otras etnicidades cuando el sospechoso es de raza negra.

 Pero la idea de estudiar el racismo de la policía a partir de estas muertes violentas es ya un error de partida, porque son un mal indicador. Solo se producen tiroteos en quinientos de cada millón y medio de arrestos, y solo una fracción de esos tiroteos resultan en muertes. Aunque las dimensiones de la población de Estados Unidos alimenten la impresión de una «epidemia de muertes a manos de la policía», estas son en realidad un hecho excepcional, demasiado como poder medir con él un fenómeno como el racismo. Para eso, es mejor recurrir a indicadores con más datos, como las infracciones de tráfico. Pero ahí, curiosamente, el sesgo que aparece es en perjuicio de los hispanos, mientras que blancos y negros quedan igualados. Sí se detectan casos puntuales de racismo, pero estos tienden a concentrarse en determinados estados, e incluso en determinados condados, lo que apuntaría a un «racismo local» y no generalizado.

Esta última tragedia de Minneapolis parece, claramente, un episodio de brutalidad policial, aunque podría obedecer a causas más particulares que generales: el agente implicado tenía un largo historial de denuncias por abuso de fuerza. En cuanto a la raza del sospechoso, no hay de momento ninguna razón para pensar que haya jugado ningún papel en su muerte.

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Un menor es condenado por maltrato y amenazas a una compañera de clase en Badajoz

Un menor es condenado por maltrato y amenazas a una compañera de clase en Badajoz

La afectada denunció acoso escolar hace un año, pero ni su escuela ni Educación lo consideraron así, aunque fue trasladada de centro escolar

Los padres de la víctima cuando pusieron la denuncia. / HOY
Los padres de la víctima cuando pusieron la denuncia. / HOY
Un menor de 15 años ha sido condenado por maltrato leve y amenazas leves contra una compañera de clase. Los hechos tuvieron lugar el año pasado cuando él tenía 14 años y la víctima 16. La sentencia considera probado que el escolar profirió expresiones como «si no me abrazas, saco una navaja, te voy a arruinar la vida» y la empujó, aunque no le causó lesiones.

Estos hechos se produjeron en enero de 2019 en la escuela Virgen de Guadalupe, donde ambos estudiaban en la misma clase. Los padres de la víctima lo denunciaron tres meses después, cuando su hija confesó lo que le había ocurrido. En octubre se celebró una vista en la que el menor admitió las acusaciones y aceptó la condena que le obliga a someterse a seis meses de tareas socioeducativas con seguimiento y apoyo escolar y a llevar a cabo un taller de habilidades sociales.

La sentencia se ha hecho pública ahora y el padre de la víctima, Domingo Rivero, está satisfecho, especialmente porque el responsable aceptase los hechos tal y cómo los narro su hija. Sin embargo, resalta que continúan con su proceso judicial contra el colegio en el que se produjeron los hechos y contra la Consejería de Educación, porque en su día indicaron que no había acoso escolar. El fallo judicial solo se refiere a un incidente, pero Rivero defiende que su hija pasó un calvario en el centro escolar y que no les ayudaron cuando denunciaron los hechos.

Debe llevar a cabo seis meses de tareas socioeducativas y someterse a un taller de habilidades sociales

La denuncia

HOY publicó en marzo de 2019 la queja de los padres de la víctima, que aseguraban que habían acudido al centro escolar y la Consejería de Educación un mes antes y no habían obtenido respuesta, por lo que presentaron una denuncia penal.

La primera denuncia llegó el 1 de marzo. La menor se negó a ir a clase y le confesó a sus padres que tenía miedo a sus compañeros, en especial a uno de ellos que siempre se sentaba detrás de ella. Alegó que trataba de abrazarla y se burlaba. Los padres decidieron acudir a la Policía Nacional, donde la joven añadió que habían llegado a amenazarla con sacarle una navaja.

Ese día la familia acudió a la escuela para informar sobre la situación. El centro abrió un protocolo sobre acoso escolar. Mes y medio después, como no obtenían respuesta y la menor no quería volver a clase, los padres denunciaron a través de HOY la situación. El colegio alegó que la investigación continuaba en curso, pero al día siguiente indicaron que se cerraba sin considerar que hubiese acoso.

Educación indicó entonces que no podía atender la petición de la familia de trasladar a la menor y le pidieron que volviese a su escuela. Los padres acudieron a una psicóloga que, según aseguran, les recomendó que no regresase a su clase. La situación quedó bloqueada.

Finalmente la joven recibió unas capturas de pantalla en la que compañeros suyos la amenazaban y presentó una segunda denuncia penal. Este nuevo proceso y el informe médico provocó que se le concediesen el traslado a una nueva escuela.

Actualmente la afectada, según su padre, está mucho mejor gracias, en parte, a haber seguido un tratamiento psicológico para hablar de lo que le ocurrió. Se ha adaptado muy bien a su nuevo centro y está pensando dónde continuar sus estudios, una formación superior. Domingo Rivero reconoce que ha sido muy duro, «pero ella ha podido dar un cambio radical y esto lo hacemos, seguir con las denuncias, para que no le vuelva a pasar a ningún menor».

«Lo que más me duele –insiste mucho este padre– es que a día de hoy no me han llamado del colegio ni la delegada provincial de Educación que estaba entonces para preguntarme cómo está la niña. No quiero que me pidan perdón, porque no les voy a perdonar, pero no nos hicieron ni caso y era grave y al menos debieron llamarnos para ver qué tal estaba mi hija, que sufrió mucho».

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Investigado un supuesto caso de «sexting» entre menores en Lugo

Una denuncia por la distribución de un vídeo «con contenido sexual» alertó a los agentes de la Policía Nacional

Un mensaje de texto en el móvil en una imagen de archivo
Un mensaje de texto en el móvil en una imagen de archivo - ABC

Un menor está siendo investigado por un supuesto caso de «sexting» en Lugo. La denuncia sobre la posible existencia de un vídeo «con contenido sexual» en el que salía una chica, también menor de edad, alertó a las autoridades este fin de semana. El trabajo policial realizado por agentes de la Comisaría Provincial de Lugo permitió identificar y localizar al menor que supuestamente había distribuido ese vídeo.

Sin embargo, los agentes pudieron comprobar que dicha «distribución no se había realizado de facto, sino simplemente de palabra», emite el Cuerpo Nacional de Policía en un comunicado. La aplicación desde la que se envió el vídeo hace que el contenido del mismo, una vez visionado, se borre. Por este motivo, su distribución no es posible, recoge Efe. Sin embargo, el menor receptor habría, supuestamente, hablado con sus allegados del vídeo, difundiéndolo de esa manera. Las diligencias de investigación realizadas quedaron en manos de la Fiscalía.

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