La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, calificó este miércoles de “caso de desigualdad irritante” el pacto firmado entre el Ejecutivo español y el Gobierno ruso para agilizar los procesos de adopción, del que las familias monoparentales y homosexuales quedan excluidas.
En declaraciones a Servimedia, Pérez del Campo denunció que “de nuevo el PP se ocupa sólo de las familias tradicionales”, y se preguntó si también se va a exigir para poder adoptar que los matrimonios se hayan formalizado por la Iglesia.
Por su parte, la presidenta de la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), Julia Pérez, comentó que “parece que hay familias de primera y de segunda categoría”, y advirtió de que con esta decisión se da la razón al Gobierno ruso.
A su juicio, el Ejecutivo español debería hacer prevalecer las normativas internacionales y respetar la legislación española, que reconoce a estas personas como ciudadanos de pleno derecho.
En esta línea, Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, declaró a esta agencia que “el Gobierno debería exigir el cumplimiento de la normativa internacional antes de aceptar acuerdos de este tipo”, y recordó que las familias formadas por parejas del mismo sexo o por un único progenitor “están amparadas por el Tribunal Constitucional, por lo que se puede considerar un acto discriminatorio en toda regla”.
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