Las cineastas de "Yo decido. El Tren de la Libertad", en la querella contra el obispo de Alcalá

El Colectivo de Mujeres Cineastas contra la Reforma de la Ley del Aborto se ha unido, junto a la Plataforma Decidir Libres, a la querella que interpondrán las impulsoras del Tren de la Libertad contra el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plà, que comparó el mencionado Tren de la Libertad con los trenes de Auschwitz. Para sacar adelante la querella criminal se necesita financiación, por lo que se ha iniciado una campaña de crowdfunding. 

El Colectivo de Mujeres Cineastas contra la Reforma de la Ley del Aborto, creador de la película “Yo decido. El Tren de la Libertad”, se ha unido a la querella contra Juan Antonio Reig Plà, Obispo de Alcalá de Henares e Infovaticana .S.L. Los delitos de los que pretenden acusarles  son delito continuado de injurias graves hechas con publicidad, así como de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución. La financiación que se busca es la necesaria para acometer los gastos para la interposición de la querella criminal, para cubrir los gastos de procuradores y letrados.

“Desde el respeto profundo y sincero a las creencias religiosas , quienes interponemos la querella creemos que las palabras del obispo de la Diócesis de Alcalá de Henares se enmarcan en una estrategia agresora que no representa el sentir de quienes componen la Iglesia Católica en España, pero que pretenden -desde sus posiciones personales-, imponer criterios morales al conjunto de la población, así como de incitar al discurso del odio, tratando de eliminar del sistema democrático el pluralismo que mantiene separados la Iglesia y el Estado”, escriben las impulsoras de la campaña.

“Hacemos un llamamiento a todas las personas que son conscientes de que la toma de decisiones sobre la sexualidad y la reproducción, construye ciudadanía y articula el derecho individual a decidir sobre la libre maternidad y que es obligación del Estado crear las condiciones para que las personas puedan ejercer sus derechos. Solo así se asientan las bases para la construcción de una ciudadanía social para las mujeres y la aplicación del principio de equidad que permita que, también aquellas sin recursos, tengan garantizada su seguridad sanitaria en materia de IVE. Necesitamos una sociedad de derechos y responsabilidades que no puede quedar cuestionada por las influencias religiosas que pretenden imponerse sobre el ordenamiento legislativo”

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