Las entidades Impulso Ciudadano y Movimiento contra la Intolerancia han anunciado la creación del Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña y han presentado el primer informe en el que relacionan los incidentes detectados en esta Comunidad Autónoma durante el primer semestre del año 2019.
El informe ha sido presentado por los presidentes de Impulso Ciudadano, José Domingo, y de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, que han estado acompañados por el coordinador del Observatorio, Ángel Puertas, y el vicepresidente de Impulso Ciudadano, Rafael Arenas.
José Domingo ha declarado que la creación del Observatorio obedece a que en los últimos años se ha observado un incremento de la violencia en Cataluña por razones políticas, por lo que es importante que la sociedad catalana y la española en general, cuenten con instrumentos que permitan analizar los incidentes de este tipo, tomar conciencia de la gravedad de los hechos y luchar contra estas formas de intolerancia.
En su exposición, ha recalcado que el fenómeno de la violencia en Cataluña es “casi exclusivamente de raíz independentista y tiene un evidente contenido hispanofóbico”. El hecho de que sea de baja intensidad no le resta gravedad.
En este sentido, ha llamado la atención sobre las expresiones de corte totalitario como “Els carrers serán sempre nostres” o “”Fora feixistes dels nostres barris” (entendiendo por fascista todo el que no piensa en clave independentista).
A su juicio, queda demostrado que la reiteración de actos de violencia política, en su mayoría generados por grupos o personas adscritas al bloque secesionista, tienen como finalidad neutralizar al adversario constitucionalista o contrario a la independencia y provocar el desistimiento o abandono de la acción política de los oponentes ideológicos.
José Domingo ha informado que el informe será remitido a Fiscalía, a los Gobiernos de España y Cataluña, al Parlamento de Cataluña, líderes de formaciones políticas, Defensor del Pueblo y Síndic de Greuges.
Ha calificado a la Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat de Cataluña como “un instrumento sectario y fallido, dado que ha nacido para defender la causa independentista y no para amparar los derechos civiles de todos los catalanes”.
El Presidente de Impulso Ciudadano ha anunciado que el Observatorio realizará informes semestrales y ha solicitado que los ciudadanos y entidades comuniquen al Observatorio o a cualquiera de las entidades que lo integran los incidentes de violencia política que conozcan para hacer su seguimiento.
Por su parte, el coordinador del Observatorio, Ángel Puertas, ha hecho un resumen del contenido del informe del que ha destacado lo siguiente:
Los incidentes relativos a la violencia política constatados durante el período que va del 1 de enero al 30 de junio de 2019 son 189 y el mes en el que se han registrado más episodios ha sido el de febrero que fue especialmente virulento al computarse un total de 88 casos.
La inmensa mayoría de estos incidentes son causados por personas o grupos adscritos al bloque identificado con las tesis favorables a la independencia de Cataluña: 173 de los 189 casos tienen origen directo o indirecto en los partidarios de la separación de Cataluña , lo que representa el 91,5% del total de casos detectados, mientras que los incidentes en los que se ha constatado la posible participación de personas o grupos contrarios a la independencia de Cataluña han sido 10, lo que representa un total del 5,3%. En este sentido, ha considerado muy preocupante que 9 de cada 10 incidentes sean causados por personas o grupos de ideología próxima al independentismo.
En el campo de las víctimas, ha señalado que los grupos que han sufrido de una manera más reiterada la violencia política son los de la órbita constitucionalista o contrarios a la independencia de Cataluña. Así, ha indicado que de los 84 incidentes que han tenido como víctimas a militantes, sedes o dirigentes de partidos políticos, 76 han correspondido al bloque constitucionalista, lo que supone el 90,45% del total y los partidos de ideología nacionalista o independentista han sufrido 8 ataques que representa un 9,52 % de los ataques sufridos. Por partidos políticos, el que más ha sufrido la violencia (en sus militantes o en sus instalaciones) ha sido CS, seguido por el PSC, Vox, PP, ERC, BeC y CUP por este orden. En el ámbito de las entidades el porcentaje es similar, se han detectado 10 ataques a personas o sedes de entidades, de ellas 9 son entidades constitucionalistas o no partidarias de la independencia (el 90%) y en sólo un caso la violencia ha afectado a un militante de un CDR (el 10%). De las entidades destinatarias de la violencia la más perjudicada ha sido la agrupación de jóvenes constitucionalistas “S´ha Acabat” con cuatro incidentes constatados.
En relación con las instituciones, la más perjudicada ha sido el Poder Judicial que ha sido objeto de 26 ataques y la Fiscalía ha sufrido también 2 incidentes; los miembros o representantes del Gobierno central han sufrido actos de hostilidad o acoso en tres ocasiones por dos los miembros de gobiernos locales y ninguno de la Administración autonómica. La sede de la Unión Europea en Barcelona también fue objeto de un intento de asalto por colectivos independentistas. Por su parte, la Corona ha recibido 5 ataques y también han recibido agresiones o muestra de hostilidad diputados nacionales, diputados autonómicos, eurodiputados u concejales, en su inmensa mayoría también pertenecientes al bloque constitucional.
En cuanto a las Fuerzas de Seguridad, las sedes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han recibido cuatro ataques y los Mossos d’Esquadra han tenido 6 episodios con desórdenes públicos promovidos por grupos independentistas.
Finalmente, ha concluido afirmando que de los 189 incidentes violentos contabilizados, 145 actos han tenido lugar en la provincia de Barcelona y de ellos 128 se concentran en el área metropolitana. La provincia con menos incidentes ha sido Lleida con 9.
Por su parte, el vicepresidente de Impulso Ciudadano, Rafael Arenas, ha abordado el contexto político que ha servido de marco para el informe. Según ha explicado, el incremento de la violencia “no puede desvincularse del desafío a la legalidad que protagonizan tanto la Generalitat como muchas administraciones locales en Cataluña. Por una parte, esta desobediencia banaliza las infracciones a la legalidad y en ese sentido alienta a quienes se creen legitimados para coaccionar o limitar los derechos de los demás”.
Ha añadido que “por otra parte, esta desobediencia se enmarca en una política de deslegitimación de las instituciones del Estado, y particularmente de los Jueces y Tribunales, que explica una parte muy importante de los actos de violencia recogidos en el informe. En este sentido, no es casual que el mes en el que más actos violentos se produjeron fue el de febrero, el del inicio del proceso en el Tribunal Supremo contra los líderes por los hechos de septiembre y octubre de 2017”.
También ha asegurado que “la vulneración permanente de la legalidad en apoyo de las posiciones nacionalistas crea una situación de desamparo de la ciudadanía. Esta situación explica que hayan sido los ciudadanos quienes hayan asumido la tarea que debería corresponder a la administración, en lo que se refiere al respeto a la neutralidad política en los espacios de titularidad pública. Esta situación anormal en la que han de ser los ciudadanos quienes realicen funciones que deberían corresponder al poder público, es caldo de cultivo de enfrentamientos que pueden degenerar en violencia”.
“Es, por tanto, importante, que las autoridades respeten escrupulosamente la ley. Garantizando, como no podía ser de otra manera, la mayor libertad de todos (ciudadanos, políticos, partidos y asociaciones) en la crítica política ha de mantenerse el respeto institucional. Es necesario, finalmente, que se persigan todos los actos de violencia política y que sean condenados con contundencia, especialmente por instituciones y autoridades públicas”, ha afirmado Arenas.
El presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha declarado que los hechos recogidos en el Informe mayoritariamente “debieran de ser considerados en relación con delitos de odio por motivación ideológica y ante estos hechos sólo cabe su denuncia judicial o bien la actuación de oficio de los Mossos d’Esquadra o de la Fiscalía”.
“El informe coincide con los indicios de crecimiento de delitos de odio por razón ideológica que vienen detectando la Oficina de Lucha del Ministerio del Interior o de la Fiscalía de Barcelona. En consecuencia, se debe animar y fomentar la denuncia porque la impunidad es el principal aliado de estos delitos y podríamos estar ante una espiral agravada del problema” ha concluído Ibarra.
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