Transitamos
por tiempos de grandes mutaciones, crisis y flujos migratorios que afectan de
manera general a todo el planeta, y España, debido a su ubicación
geopolítica, no está exenta de un crecimiento de la xenofobia derivado,
ente otros factores, de la crisis económica, y del avance del discurso de odio
antiinmigración a través del uso de unas comunicaciones, sin
supeditación ético-jurídica, que revientan equilibrios y armonía de la
convivencia. Todo ello tiene como consecuencia que el principal delito
de odio, según todos los informes, sea el de racismo y xenofobia, como
reflejan las denuncias en España de 2019, con 515 incidentes de odio xenófobo,
y en 2021, con 678 denuncias, un 30,2 y 37,5 por cien del total de
incidentes de odio denunciados, respectivamente. Y conforme a la Agencia de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, nos informa que solo se denuncia un
20% de los mismos, cifra que se reduce notablemente cuando son personas “sin
papeles”. En paralelo, vivimos un peligroso crecimiento del
discurso de odio antiinmigración, especialmente en redes sociales, a raíz
de la crisis económica y de otros conflictos.
El
rechazo latente a compartir igualdad de trato en
materia de empleo, sanidad, educación, vivienda o de atención asistencial
se constata y evidencia en situaciones discriminatorias de la vida cotidiana. A
ello se añade la agitación y hostigamiento hacia los inmigrantes
que impulsan grupos xenófobos en internet y redes sociales o en las calles,
con consignas tipo “stop la invasión”, “nos quitan
el trabajo” u otros del tenor de que “tienen más facilidades de acceso
a las ayudas sociales”, o acusar a los inmigrantes de “actividad
delincuencial”, incluso pedir que se normalice su expulsión por conflictos
culturales o de otro tipo radicados en situaciones reales que se
deben de resolver políticamente por sus responsables institucionales,
pero que resulta muy injusto imputar de forma general, sobre todo en
sucesos como los asaltos de frontera o episodios de violencia de grupos
delincuenciales.
Los discursos de odio y de intolerancia xenófoba estigmatizan,
promueven la confrontación y alientan el miedo hacia los inmigrantes que viven
con nosotros, y que juntos trabajamos o utilizamos los mismos servicios
públicos. La xenofobia dificulta que España avance en una inclusión
fundamentada en la integración intercultural, senda en la que se situó nuestro
país en los años 90 y que afirma la tridimensionalidad de la
política migratoria europea, basada en:
1). Cooperar en el desarrollo humano en los países de origen,
apoyando que nadie se vea forzado a migrar;
2). Control de flujos migratorios y fronteras, en una
política de inmigración segura, ordenada y regular;
3). Integración que conlleva intervenir para erradicar
la xenofobia, pues “nadie se integra, si no le dejan”.
No se trata, de que existan medidas puntuales en tal o cual sector social e
institucional, como hay ahora de forma deshilvanada. Instituciones centrales,
autonómicas, locales, entidades diversas y ONG deberían tener un marco de apoyo
integral. Resulta una necesidad objetiva la actualización de la antigua
Estrategia Integral contra el racismo, la xenofobia e
intolerancia (2011) y del Plan de Ciudadanía e Integración de la
Inmigración (2007), además de cumplir el Gobierno sus compromisos
de actualización y responder a los requerimientos derivados
del Pacto mundial por una migración segura, ordenada y regular (2018)
y los requerimientos de la Unión Europea tras la aprobación del Plan de
Acción contra el Racismo (2020-25). Un Plan y una Estrategia Marco que
posibilite la armonización de un conjunto de medidas políticas y normativas
necesarias para la España inclusiva, democrática, plural y europea del 2023 en
adelante hasta que la realidad haga necesaria su nueva adecuación
Ni Xenofobia, ni supresión de fronteras
Este Pacto Mundial sobre Migración que hay que tomar como referencia es
jurídicamente no vinculante. Se basa en los valores de la soberanía
del estado, la responsabilidad compartida, la no discriminación y los derechos
humanos y reconoce que requiere de un enfoque cooperativo para
optimizar los beneficios generales de la migración, al tiempo que aborda
los riesgos y desafíos para las personas y las comunidades en los países de
origen, tránsito y destino. La inmensa mayoría de los países miembros de la ONU
lo adoptaron en Marrakech, el 10 y 11 de diciembre de 2018, buscando
una migración más segura y digna para todos, el primer acuerdo global para
ayudar a aprovechar los beneficios de la migración y proteger a los inmigrantes
indocumentados, La ONU explicó que el Pacto Mundial sobre
Migración: “representa una oportunidad histórica para mejorar la
cooperación internacional en materia de migración y para fortalecer las
contribuciones de los migrantes y la migración al desarrollo sostenible. Hoy en
día, hay más de 258 millones de migrantes en todo el mundo que viven fuera de
su país de nacimiento. Se espera que esta cifra crezca como resultado de una
serie de factores que incluyen el crecimiento de la población en general, el
aumento de la conectividad, el comercio, el aumento de la desigualdad, los
desequilibrios demográficos y el cambio climático. La migración presenta
enormes oportunidades y beneficios para los migrantes, las comunidades de
acogida y las comunidades de origen. Sin embargo, cuando está mal regulada
puede crear desafíos significativos. Estos desafíos incluyen, abrumadoras
infraestructuras sociales ante la llegada inesperada de un gran número de
personas y la muerte de migrantes que realizan viajes peligrosos.”
Los Estados tienen el derecho soberano a determinar su propia política
migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su
jurisdicción, de conformidad con el derecho internacional. Dentro
de su jurisdicción soberana, los Estados podrán distinguir entre el estatus
migratorio regular e irregular, incluso al decidir con qué
medidas legislativas y normativas aplicarán el Pacto Mundial, teniendo en
cuenta sus diferentes realidades, políticas y prioridades, y los requisitos
para entrar, residir y trabajar en el país, de conformidad con el derecho
internacional. No hay poder superior al Estado democrático que quiebre ese
derecho soberano. Y también tienen el deber de combatir eficazmente la
xenofobia e impedir su crecimiento y desarrollo.
Resulta oportuno, frente a los que hablan de “supresión” o de “minar”
las fronteras de un país, discurso que promueve la entrada
irregular, daña a los propios inmigrantes, destroza la convivencia
colectiva y alimenta indirectamente la xenofobia, recordar la palabras
del ensayista Enzesberger, referente democrático alemán, en su texto “La
gran migración” afirmaba que: “quien invita a sus
compatriotas a ofrecer cobijo a todos los agobiados y abrumados del mundo,
posiblemente apelando a los crímenes colectivos cometidos desde la conquista de
América hasta el Holocausto, y todo ello sin el menor cálculo de las
consecuencias, sin mediación política y económica, sin tener en cuenta las
posibilidades de realización de tal proyecto, pierde toda credibilidad y
capacidad operativa. Los grandes conflictos sociales no pueden ser
eliminados por medio de la prédica”.
Hay que tener en cuenta que junto a los casi 6 millones de personas de
origen inmigrante, España necesitaría un incremento de varios millones personas
hasta el año 2050 para disponer de 28 millones de trabajadores
cotizantes. Actualmente, 1 de cada 10 cotizantes a la Seguridad Social es
extranjero. El incremento de las cotizaciones de los inmigrantes fue lo que
permitió el aumento de las aportaciones al Fondo de Reserva, que hizo posible
que los pensionistas no sufriesen recortes en sus pensiones durante la crisis
del 2008. Sin menoscabo del fomento de la natalidad,
junto a una política activa de inmigración segura, ordenada y regular.
La Estrategia Marco por la Ciudadanía e Inclusión, contra la Xenofobia y el
Racismo, en la que hemos trabajado recientemente numerosas ONG e
instituciones, junto al OBERAXE (Observatorio Español del
Racismo y Xenofobia/Secretaría de Estado de Migraciones), que ha liderado
su impulso, no puede retrasarse más; se debe recordar que es una
reivindicación pendiente de las asociaciones que luchamos contra la xenofobia y
la intolerancia y trabajamos en defensa de los derechos de los inmigrantes, que
ha de partir reconociendo los problemas existentes y ser
congruente con las recomendaciones internacionales y europeas, recogiendo
las principales medidas de sensibilización preventiva, reformas y
actuaciones en defensa de las víctimas del delito de odio xenófobo y racista.
Y de manera singular debe de incorporar los elementos esenciales
para combatir la xenofobia en el área educativa, laboral,
infancia, juventud, mujer y social, en las instituciones, en la seguridad
ciudadana y protección de libertades y derechos, reforzar la lucha contra el
discurso y los delitos de odio y promover la participación democrática y la
convivencia intercultural.Y de forma significativa, la solidaridad con las
víctimas y sus ONG de apoyo, siempre desde los principios y
valores constitucionales y los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos. El retraso en esta tarea conlleva el incremento de
vulnerabilidad, no solo de los inmigrantes, también de la sociedad de acogida y
pone en riesgo y peligro la convivencia en armonía democrática.
Esteban
Ibarra
Presidente de Movimiento contra la Intolerancia
Sº Gral. Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación
Entradas
0 comentarios:
Publicar un comentario