Universalizar la protección de todas las víctima de los delitos de odio, es la tarea más urgente. Si se dejan fuera de la protección especial a cualquier persona victima de un delito de odio no estaremos sino ante otra flagrante discriminación y una vulneración de los artículos 10, 13 y 14 de la Constitución y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
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