El Ararteko (Defensor del Pueblo en Euskadi) se ha pronunciado públicamente
con motivo de la queja interpuesta ante este organismo por parte de El Alami,
ciudadano marroquí residente en Bilbao que fue detenido por la policía
autónoma vasca el 24 de diciembre de 2010 y que fue denunciado
públicamente por SOS Racismo. El Alami fue detenido durante 52 horas
por la Ertzaintza por negarse a abandonar el albergue en el que se hospedaba y a pesar de haber ejercido una
«resistencia pasiva» en todo momento (se encontraba con muletas y a la espera
de una intervención quirúrgica).
La queja ante el Ararteko obedece a la «detención ilegal» y «abuso
policial» sufrido por El Alami y que también ha sido denunciado por via
judicial. En su comunicado, el Ararteko ha dejado claro que ha llegado a sus conclusiones
después de preguntar en varias ocasiones al Departamento de Interior del
Gobierno Vasco, del que depende la Ertzaintza, sobre los hechos acaecidos
aquella nochebuena de 2010. El Ombudsman vasco ha informado, en primer lugar,
que Interior «no ha mencionado la justificación» para que los agentes actuaran
de la forma en la que procedieron. Asimismo, tampoco se ha pronunciado dicho
Departamento acerca de la razón por la cual la negativa a abandonar el albergue
fue considerado por los agentes como un delito de desobediencia grave y no leve
o una falta. Todo ello ha llevado al Ararteko a concluir que «no se
puede entender que la actuación de la Ertzaintza hubiera sido la correcta».
El Ararteko ha alertado en su comunicado de las largas detenciones a las
que son sometidos los ciudadanos extranjeros. En el caso de El Alami la
duración llegó a las 52 horas. Se trata de una práctica habitual que se
da «en otras detenciones de personas extranjeras». SOS Racismo viene
informando de esta situación desde hace tiempo. La organización denuncia que la
«detención de las personas extrajeras se alargan más de 24 horas respecto a las
de los nacionales».
Ante esta situación, el Ararteko publicó el año pasado una recomendación
(7/2011, de 28 de octubre) para evitar el exceso de duración en las detenciones
de extranjeros. Para el Defensor del Pueblo en Euskadi, el Gobierno Vasco
no ha cumplido con la misma ya que no ha tomado las «medidas necesarias para
garantizar que los trámites de detención se reduzcan al tiempo mínimo
indispensable que exija su realización».
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