Las mujeres en prisión: la discriminación del sistema penitenciario en España

En las cárceles españoles hay 46.544 hombres y 3.830 mujeres. Ellas son un 7,6% del total sobre las que recaen serias carencias frutos de una sistema penitenciario concebido para hombres.

Menos delitos, más entre rejas. Esta es la conclusión que se obtiene del Informe sobre la situación de las mujeres presas. Tratamiento y derechos de las mujeres privadas de libertad en los centros penitenciarios de España y Andalucía, elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

Aunque este dato no aparezca tal cual, sí que ha sido trasladado por el colectivo al Congreso de los Diputados, donde el Partido Nacionalista Vasco tenía pendiente presentar en una Proposición No de Ley hace varias semanas, antes de que  la crisis del coronavirus estallara.

“Nuestro sistema penal es especialmente duro con las mujeres. Si lo comparamos, las penas privadas de libertad con los delitos cometidos entre hombres y mujeres se observa que en proporción las mujeres son condenadas más a prisión que los hombres”, asegura Francisco Miguel Domínguez Caparrós, coordinador de cárceles de la APDHA.

Lo que no se ve y no se cuenta, es como si no existiese. Eso es lo que le ocurre a las mujeres presas en España. Muy pocos estudios hablan de su situación dentro de las cárceles y menos aún, de la “discriminación indirecta del código penal” que afecta en el ámbito penitenciario, social y personal de cada una de ellas

En primer lugar, en Andalucía solo hay una cárcel específica para mujeres, la de Alcalá de Guadaira en Sevilla, y en el resto de España tan solo dos más. Por tanto, en la mayoría de los casos son encerradas en módulos para hombres con otras mujeres independientemente del delito que hayan cometido, a diferencia de los hombres, para quienes sí existe una diversificación.

“Esto es importante porque, en teoría, una de las principales funciones de la cárcel es, con muchas comillas, la reinserción social, pero al distribuirse en un mismo espacio físico a las mujeres que han cometido delitos muy diversos, ese trabajo de reinserción y de educación queda en papel mojado”, apunta Domínguez Caparrós.

En cuanto a lo social y personal, “la cárcel es una institución que reproduce y amplifica los mecanismos de discriminación que ya existen en nuestra sociedad. Si nuestra sociedad es machista y patriarcal, la cárcel reproduce esos mismos esquemas”, asegura el coordinador.

Para ellas, costura. Para ellos, cocina

Esto se ve en unas formaciones que responden a los roles sexistas de la sociedad: para ellas, talleres de costura, y para ellos, de cocina. Aunque las mujeres en prisión demanden otras temáticas “la falta de recursos económicos y disponibilidad del personal, el centro penitenciario se niega a ofrecer otro tipo de distribución o de oferta formativa

El reproche y la culpa social, no solo jurídica, también recae sobre los hombros de las mujeres, dejando eclipsado que en “un 80% de los casos, la mayoría de las que están prisión, han sufrido algún tipo de violencia machista”, concluye.

Según el informe de APDHA, en 2017 el 83% de las personas en prisión cumplían condena, el 14% estaba en prisión preventiva, mientras que el resto, el 3%, cumplía medidas de seguridad o se trataba de personas condenadas con causas pendientes en situación de prisión preventiva.

Pero para las mujeres los datos no son los mismos: en cifras relativas, las mujeres están en prisión preventiva un 15% y los hombres, el 14%, debido “al modo de determinar el tiempo de la condena del delito, que en el 70% de los casos de las mujeres corresponden a delitos leves ligados a la salud pública y el patrimonio para conseguir dinero en situación de extrema necesidad“.

Esto reafirma la teoría del estudio: “Nuestro sistema penal y penitenciario es siempre más duro con las mujeres que con los hombres”, sentencia Domínguez Caparrós.

En España, hay 59.398 personas presas, según este informe. Andalucía, al ser la comunidad autónoma con mayor número de población y mayor número de centros penitenciarios, alberga a 13.716, la mayor del de todo el Estado. En total, 943 mujeres están en la cárcel, lo que representa un 7,3% del total de la población presa en Andalucía. El perfil de las mujeres presas suele coincidir: la exclusión social, es decir, carencia en derechos fundamentales como la educación y la sanidad, empleos y viviendas dignas.

Atención sanitaria y maternidad: un agujero negro en prisión

La otra asignatura pendiente en prisión es la cobertura médica. Los problemas de salud mentad prevalecen más en las mujeres que en los hombres, debido al nivel socioeconómico, situación personal y familiar, a lo que hay que sumar la mirada crítica constante de la sociedad. Por ello, “el consumo de psicofármacos es mayor en ellas”, aclara el coordinador. Sin una buena estabilidad psicológica, los problemas aumentan.

Uno de los grandes reproches de la mayoría de las mujeres que entrevistó la APDHA para este informe, ha sido la dificultad para acceder a una atención sanitaria especializada, y en particular a los servicios de ginecología que “en la mayoría de los centros no existe, ni cabe la posibilidad de trasladar a las mujeres desde el centro penitenciario al hospital, ni siquiera atendiendo a las recomendaciones del Consejo de Europa que ha barajado en más de una ocasión que en las prisiones haya personal sanitario de ginecología”, apunta Domínguez.

En este informe, la maternidad no pasa desapercibida: “Lo que decimos es que hay que evitar por todos los medios que madres con menores entren en prisión. Esto solo se consigue otorgando mayores medidas de libertad condicional, con tercer grado, facilitando un régimen de libertad en lugar de la privación de libertad”, explica.

Sin embargo, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, el sistema penitenciario en España, permite autorización del menor con la madre hasta los tres años si se considera que es la mejor alternativa, pero APDHA destaca que “existen muy poquitos recursos para ellas y en los últimos años ha habido un retraimiento en cuanto al gasto de unidades de madres con menores en prisión por parte de instituciones penitenciarias” y recoge que el 80% de las mujeres presas son madres.

Un sistema racista

“Una de cada tres mujeres en la cárcel es extranjera”, explica que el coordinador a partir de los datos recogidos en el informe, donde comparan esta “hipercriminalización”, ya que según datos de APDHA, “las mujeres extranjeras representan un 10,49% del total de mujeres de la población en general”.

Si algo llama también la atención son los datos del Defensor del Pueblo Español en 2018: el 93,6% de las detenciones realizadas en Andalucía se hicieron en virtud de la Ley de Extranjería. Una cifra que atiende tanto a mujeres como a hombres y que coincide con uno de los picos más altos de llegadas de personas migrantes en situación administrativa irregular, debido a la falta de vías seguras, y pasaron directamente un máximo de 72 horas en los denemidos CATE (Centro de Atención Temporal para Extranjeros). “Esto que muestra que España no tiene un sistema de acogida, sino un sistema generalizado de detención de personas”, recalca Domínguez Caparrós.

Por una reinserción real

El coordinador de cárcel de APDHA lo tiene muy claro: “La mejor reinserción es que no existiera la prisión. Todas las reformas que se han hecho en el Código Penal han sido para endurecerlo más cuantitativamente, con el aumento del numero de años de prisión, y cualitativamente, al número de lo que se considera delito año tras año, desde el 1995 hasta el 2019 con la última reforma”.

Por eso, es muy contundente cuando señala que “solicitar que se cumpla el articulo 25 de la Constitución, que es donde se recoge la reinserción social, es algo súper radical ahora mismo. Hay que ir más allá. La reinserción social es insuficiente, hay que encarnar una sociedad libre de prisiones y sistemas represivos”.

Entre las propuestas de APDHA, para el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad y en concreto hacia las mujeres, “considera imprescindible” que en todas provincias existan plazas de mujeres específicas, en la misma dotación que los hombres, separar según los delitos, fomentar medidas alternativas antes de entrar en prisión, medidas especiales relacionadas con la maternidad, evitar que los menores entren en prisión, así como un tratamiento no sexista en las actividades y en las formaciones de las personas presas.

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