Educadores y trabajadoras sociales denuncian la desprotección en centros de menores

Profesionales del tercer sector, que llevan arrastrando años de recortes y procesos de privatización o externalización de los servicios, exigen materiales de protección individual para poder continuar con sus trabajos de manera segura. Denuncian que sus condiciones laborales se han visto fuertemente precarizadas durante el estado de alarma instaurado por la pandemia del covid19.

Los educadores, trabajadores e integradores sociales están considerados como empleos esenciales durante la alerta sanitaria actual. Desempeñan sus labores en centros de menores, centros de acogida de migrantes, pisos tutelados y espacios creados especialmente durante la crisis del coronavirus para las personas sin hogar. Y exigen medios para seguir haciéndolo.

“La mayoría de profesionales que trabajan en pisos tutelados, por ejemplo, no tienen ninguna equipo de protección, ni mascarillas, ni guantes, y las distancias de seguridad son imposibles de cumplir”, denuncia una portavoz del sector sociocomunitario del sindicato LAB en Bilbao. Reclaman que al entrar y salir de los centros donde trabajan no sólo exponen a los usuarios que se encuentran confinados sino también a sus familias cuando vuelven a casa después de su jornada laboral.

En Catalunya, la falta de equipos de protección individual también preocupa a los profesionales del sector. “Han pasado ya tres semanas desde que se declaró el estado de emergencia. ¿Cómo puede ser que todavía sigamos sin mascarillas? Cuando llevábamos ya una semana de confinamiento, el personal de mantenimiento y de limpieza de nuestro centro empezó a coser mascarillas caseras hechas con pezoneras de lactancia”, explica un educador social y miembro de la CGT en Barcelona.

Similar es el caso de Diana, que prefiere utilizar un pseudónimo para proteger su identidad. Ella es educadora social en un centro de emergencia donde ofrecen una primera acogida a jóvenes y niños que migran solos. Explica que estuvo dos semanas advirtiendo a la dirección del centro porque convive con una persona que presentaba todos los síntomas asociados virus. “Hace unos días le han hecho las pruebas y ha dado positivo en covid19, por lo que ahora estoy de baja y en cuarentena, pero sé que he sido una posible portadora desde el principio, y en el centro nos daban mascarillas caseras hechas con tela de camiseta”, narra la educadora desde la ciudad condal.

Además de la falta de equipos de protección individual para evitar posibles contagios, denuncian la sobreocupación generalizada de los centros y el aumento considerable del ratio de educadores por número de usuarios, multiplicando la carga laboral sin aumentar la plantilla. “Cuando los usuarios son mayores de cinco años, el ratio normal es de un educador por cada cinco niños o adolescentes. En los centros de gestión delegada en Catalunya, que atienden por ejemplo a menores extranjeros no acompañados, estamos hablando de que actualmente en el mejor de los casos hay un educador por cada diez chavales” declaran desde la CGT.

FALTA DE INVERSIÓN

Otro factor que está influyendo en el aumento de estas cifras, aparte de los recortes que se vienen arrastrando desde hace años, es el cierre de los recursos educativos formales y los centros de día donde los usuarios más jóvenes acudían normalmente para recibir formación. “Ahora que no hay recursos educativos funcionando, los niños y jóvenes permanecen confinados en los centros de acogida, y somos los mismos educadores con el doble de ratio. En ese aspecto nos hemos visto saturados porque estamos asumiendo también ese trabajo, haciendo más turnos, cubriéndonos entre nosotros y haciendo muchas más horas de las que deberíamos”, reclaman desde un centro de acogida de menores en València.

A esto se suma la falta de recursos para seguir los planes educativos de manera telemática, como están haciendo el resto de niños y niñas desde el confinamiento en sus hogares y con sus familias. La falta de dispositivos electrónicos y ordenadores en los centros de acogida hace que la educación a distancia resulte inasumible, por lo que son los mismos educadores y trabajadores sociales quienes están llevando a cabo las tareas de alfabetización y de refuerzo escolar.

“Estamos intentando adaptar nuestro trabajo a la vía telemática pero cada caso es distinto y depende de cada centro. Hay algunos donde los chavales tienen acceso al ordenador, pero hay muchos otros donde sólo hay un ordenador para todo el grupo y no es posible hacerlo de esta manera”, explica una integradora que desempeñaba sus funciones en un centro de día, donde ofrecían formaciones y espacios de convivencia que se han cerrado por el estado de emergencia.

Es por ello que reclaman a las instituciones educativas y a la administración que pongan a maestros y profesores a disposición de estos centros de acogida y que asuman estas funciones de manera presencial mientras dure el estado de emergencia. “De un día para otro, los centros de día y los recursos formativos cerraron y nos informaron que no podríamos cumplir con la Programación Anual de Centros (PAC). Ahora tenemos que diseñar una nueva programación al mismo tiempo que tenemos que atender a los usuarios”, argumentam desde este centro de acogida de menores en València.

DIFICULTADES AÑADIDAS

Otro problema que están afrontando durante estos días de confinamiento, y que va muy ligado a la sobreocupación de los centros, es el de la dificultad para mantener un buen ambiente en estos espacios, que suelen ser reducidos y donde la convivencia a veces se hace realmente difícil. “Tengo compañeros que están en centros de acogida o en pisos tutelados en Barcelona, que no tienen ningún patio o ninguna salida al exterior y lo están pasando realmente mal. Tener a 30 adolescentes encerrados sin poder realizar ningún tipo de actividades en el exterior está siendo muy complicado”, añade Diana.

Sobre la misma problemática están advirtiendo las educadoras y trabajadoras sociales en Bilbao, que piden a las administraciones que se gestionen permisos excepcionales para poder organizar salidas controladas durante el confinamiento. “En algunos centros con espacios reducidos es imprescindible salir a la calle o realizar algunas actividades en el exterior. Si normalmente hay situaciones de tensión y de estrés o problemas de comportamiento, en este momento, estando encerrados, esas tensiones son mucho más fuertes”, declara la portavoz de LAB.

Las relacionadas con menores no son, sin embargo, las únicas tareas que asumen estos colectivos. En el caso de las personas sin hogar que todavía no han sido alojadas en ningún tipo de recurso, son los y las educadoras de calle las que realizan tareas de seguimiento, intentando derivarlas a los espacios disponibles en cada municipio. En Barcelona, el campamento dispuesto en el Pabellón de la Fira, en el Montjuic, ha sido una de las grandes apuestas del Ayuntamiento para acoger a estas personas en situación de calle.

Con una capacidad para poco más de 200 personas, durante los tres primeros días no habrían llegado a cubrir más de 100, según uno de los trabajadores del tercer sector que se ha incorporado a la plantilla de este centro. “El operativo de entrada comienza descartando posibles síntomas de coronavirus, porque este espacio es sólo para hombres que no hayan desarrollado ningún síntoma. Se lavan las manos, van al puesto médico, pasan la entrevista con los psicólogos o educadores, acuden al espacio de ropa que el Banc de Roba ha habilitado con donaciones, se duchan y ya están listos para ingresar”, explica el educador.

Este espacio comparte las mismas reivindicaciones que la mayoría de los centros: la necesidad de organizar actividades fuera del recinto y soluciones para superar las dificultades de convivencia que se pueden originar con 200 personas conviviendo en un mismo espacio y con perfiles de usuarios muy distintos. Puesto que las condiciones de entrada para las personas que acceden al campamento establecen que no podrán salir hasta que finalice el periodo de confinamiento, los profesionales advierten que el hecho de no ofrecer actividades lúdicas o posibilidades de ocio en el exterior también generará tensiones.

Educadores y trabajadoras sociales realizan una tarea imprescindible para colectivos vulnerables en plena crisis sanitaria, y no cuentan con el reconocimiento público o la atención mediática. Sus reivindicaciones, en cambio, no son aplausos. Apelan al sentido común y la justicia: piden que se les garantice unas condiciones laborales dignas para poder seguir prestando sus servicios esenciales.

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