Cuando el confinado es migrante

La labor policial para garantizar la cuarentena divide a un barrio de Bilbao con fuerte presencia extranjera

Dos coches policiales patrullan la calle de San Francisco de Bilbao este jueves.FERNANDO DOMINGO-ALDAMA

La anormal normalidad del confinamiento se refleja en los balcones del barrio bilbaíno de San Francisco, una zona con alta tasa de inmigrantes y bajo nivel socioeconómico. Allí se mezclan banderas del Athletic, ikurriñas y enseñas a favor de los refugiados. Las patrullas policiales desfilan constantemente y unas ancianas observan desde su terraza cómo ocho agentes entran en un portal. Media hora después, un hombre abandona el inmueble con un aviso de sanción. Los uniformados lo acusan de quebrantar la cuarentena, algo que aseguran que ocurre bastante en esas calles. El confinamiento y las formas policiales para garantizarlo dividen al barrio.

El episodio que ha marcado la controversia vecinal ocurrió el pasado el 29 de marzo. Un vídeo, cuya autora fue multada por increpar a los agentes, muestra cómo dos ertzaintzas amonestan a un transeúnte inmigrante y, tras discutir, lo golpean y lo retienen. Una mujer se les enfrenta y asegura que el joven es su hijo y que padece problemas psicológicos. “Llevadme con él”, implora con un deje árabe. Es entonces cuando, mientras ella sigue gritando, recibe varios porrazos y cae al suelo. Con varios policías ya en la zona, la inmovilizan entre insultos de los testigos.

Una de las multadas por esos insultos relata que “tres de los cinco” responsables de notificárselo acudieron a su casa “sin protección y sin respetar las medidas de seguridad”. “No firmé una de las denuncias porque decía que les llamé “drogados”, cuando yo nunca dije eso”, critica. La consejera de Seguridad del Gobierno vasco, Estefanía Beltrán de Hereida, anunció una investigación. El responsable de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento bilbaíno, Adolfo Alustiza, apoyó al cuerpo y aseguró que las palabras de SOS Racismo eran una “absoluta irresponsabilidad”.

Lo que hizo la plataforma SOS Racismo fue publicar un comunicado, suscrito por 46 organizaciones, que condenaba “abusos y agresiones”. El colectivo denunciaba “paradas racistas por perfil étnico” y “multas injustificadas por falso incumplimiento del estado de alarma”. La respuesta se la dio San Fran Auzokideak, la asociación vecinal de San Francisco, harta de un “incumplimiento sistemático” del confinamiento que provoca que los residentes teman “salir a la calle para no toparse con grupos de personas”.

La calle reacciona dividida. Una estanquera molesta califica de “romería” que haya tanta gente por las aceras. Un hombre que viene de comprar con su hijo destaca que, al principio de la epidemia, los soportales de la plaza del Corazón de María estaban muy concurridos, pese a tener una comisaría cerca. Ahora ya no. Otra vecina, Cristina Álvarez, se indigna por algo que estima que ocurre mucho: “No hay criterio para pedir los salvoconductos”. A ella nunca se lo han solicitado, pero sí se lo reclamaron a un inmigrante que caminaba a su lado. Begoña, que espera ante una tienda, comenta que hace unos días “solo pararon a un negro” en una cola.

FERNANDO DOMINGO-ALDAMA

La polémica ha salpicado al estamento policial. El sindicato abertzale ELA, con muchos agentes en sus filas, suscribió las denuncias de “brutalidad” expuestas por SOS Racismo, aunque más tarde reculó. Un grupo de agentes se queja de estos ataques. Lo hacen ante su vehículo, que ha recibido varios salivazos mientras ellos estaban en otra parte.

ACTUACIONES DESMEDIDAS EN ESPAÑA

La plataforma Defender a quien defiende, integrada por diversas asociaciones solidarias, ha denunciado ante el ministerio del Interior, que comanda Fernando Grande-Marlaska, una recopilación de intervenciones policiales que entienden desmedidas ante el confinamiento. El escrito remitido presenta siete casos, entre los que se encuentra el de San Francisco (Bilbao), donde relatan, apoyándose en vídeos o declaraciones personales, posibles abusos policiales. Los sucesos recogidos tuvieron lugar en Palma de Mallorca, Madrid, Tenerife, Barcelona, Alicante y Murcia. Defender a quien defiende exige "que los cuerpos policiales tengan instrucciones claras de mediación ante las intervenciones que se produzcan en el contexto de estado de alarma" y se apoya en que el Defensor del Pueblo "está recibiendo el testimonio de muchas personas que se enfrentan a una situación muy angustiosa” a causa de “expresiones de desacuerdo con algunas medidas adoptadas o con comportamientos puntuales de las autoridades y administraciones competentes".

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